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El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, arremetió este sábado contra políticos estadounidenses que promueven la deportación de migrantes cubanos, calificando como un “acto de cruel cinismo” las iniciativas legislativas que podrían dejar en situación irregular a cientos de miles de isleños.
“La amenaza de políticos anticubanos de deportar a cubanos que han emigrado a EEUU es un acto de cruel cinismo. Empujados por bloqueo económico y estimulados a emigrar, el propio gobierno de ese país les incitó a mentir al llegar a la frontera para protegerlos como refugiados”, escribió Rodríguez en su cuenta de X (antes Twitter).
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Sus declaraciones llegan en un momento de gran incertidumbre para la comunidad cubana en Estados Unidos, tras revelarse que cerca de 550 mil migrantes podrían perder sus permisos de permanencia si se les revoca el estatus migratorio obtenido mediante la vía del “miedo creíble”, un argumento clave en la solicitud de asilo político.
Mientras el gobierno cubano reitera que continuará recibiendo a sus ciudadanos deportados, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales con Washington, la narrativa oficial se sostiene en que la emigración masiva es consecuencia directa de las políticas estadounidenses.
La Habana responsabiliza al embargo económico —al que denomina "bloqueo"— y a la histórica Ley de Ajuste Cubano, que durante décadas ofreció un camino expedito a la residencia legal a los cubanos que llegaban a suelo estadounidense, como causas principales del éxodo.
Según el régimen, estas políticas incentivaron a miles de personas a abandonar la isla bajo la promesa de beneficios migratorios, distorsionando el fenómeno migratorio y alentando la emigración irregular. En su discurso, el gobierno cubano insiste en que el éxodo no refleja una crisis interna estructural, sino un diseño externo para desestabilizar al país.
No obstante, la realidad desmiente esa postura. La mayoría de los migrantes que solicitaron asilo político en la frontera de Estados Unidos lo hicieron bajo juramento de haber huido de una dictadura, invocando persecución política, censura, represión, hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado o carencia de libertades básicas. Muchos señalaron al régimen como la causa directa de su decisión de escapar.
Esa contradicción coloca al gobierno de La Habana ante un dilema político y moral. Aceptar el regreso masivo de estas personas implica recibir de vuelta a quienes testificaron que abandonaron Cuba por miedo al sistema, una narrativa que socava su propaganda oficial de estabilidad y respeto a los derechos ciudadanos.
Además, una parte significativa de estos migrantes —que han compartido en redes sociales y medios sus críticas abiertas al sistema— podrían enfrentar represalias o vigilancia a su retorno, lo que refuerza la percepción internacional de que Cuba no es un país seguro para el disenso.
Aunque el régimen intenta mostrarse comprensivo, garantizando que los deportados “serán tratados con dignidad”, como señaló recientemente el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), hay un evidente esfuerzo por encubrir la raíz del problema: el profundo malestar social, político y económico que empuja a los cubanos a emigrar masivamente.
La incongruencia entre el discurso oficial y la experiencia de quienes se marchan revela un conflicto de fondo. Mientras el régimen culpa a factores externos, evita asumir su responsabilidad en la falta de oportunidades, la inflación descontrolada, la represión política y la ausencia de libertades que aquejan a la isla.
A medida que crece el número de posibles deportaciones, la postura de La Habana se vuelve cada vez más insostenible: debe aceptar el retorno de quienes la señalan como culpable de su huida, sin poder desmentir del todo las causas que los llevaron a pedir asilo como perseguidos políticos.
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