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Alexander Alazo Baró, el cubano que atacó con un fusil de asalto la Embajada de Cuba en Washington en 2020, cumplirá este sábado dos años tras las rejas en medio de un dilatado proceso judicial que debate aún su competencia mental para enfrentar el proceso en su contra y valorar el acuerdo de culpabilidad ofrecido por el gobierno de Estados Unidos.
El tema de la evaluación mental de Alazo ha sido objeto de prolongadas consideraciones y maniobras legales por parte de la fiscalía y la defensa durante el pasado año, y constituye actualmente el principal obstáculo para avanzar el caso hacia una solución final.
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La fiscalía le extendió un acuerdo de culpabilidad a Alazo que está sobre la mesa de negociación desde mediados del pasado año, pero el proceso está subordinado a un dictamen exhaustivo sobre su situación mental.
Tomando en cuenta los antecedentes de tratamiento siquiátrico de Alazo, en octubre de 2021 el doctor Joseph Gorin preparó un reporte con la evaluación neuropsicológica del acusado, el cual fue entregado a ambas partes y discutido en una audiencia de estatus del caso, el pasado 27 de enero.
De acuerdo con la fiscalía, el reporte del doctor Gorin planteó dudas sobre la competencia mental del acusado y, en consecuencia, el gobierno solicitó un examen siquiátrico más profundo. La moción presentada por los fiscales Stuart D. Allen y Jason McCullough buscaba "determinar si hay motivos razonables para creer que el acusado puede estar sufriendo actualmente una enfermedad o afectación mental que lo haga mentalmente incompetente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso en su contra o asistir adecuadamente en su defensa".
La abogada de la defensa Sabrina P. Shroff se opuso a la petición de la fiscalía argumentando que el estado mental de Alazo no era significativo para impedir la realización de un juicio, y aseveró que su cliente es competente, debido a que permanece bajo medicación adecuada por el Departamento de Prisiones.
Shroff dijo que en caso de que el tribunal determinara una evaluación siquiátrica, no debía hacerse en ambiente virtual, sino en presencia del acusado. La abogada, integrante de la Oficina de Defensores Públicos del Distrito de Columbia desde 2007, entró en el caso en mayo de 2021, en sustitución de Tony Miles, quien representó al acusado desde su primer día en corte.
La jueza federal Amy Berman Jackson obvió la oposición de la defensa y ordenó el examen siquiátrico de Alazo, que fue encargado al Departamento de Conducta Mental del Distrito de Columbia. La recomendación judicial para realizar estos informes mentales suele prevenir posibles apelaciones posteriores en casos de su tipo.
La evaluación mental se realizó en el Centro de Tratamiento Correccional donde se encuentra el acusado en prisión provisional, sin derecho a fianza, desde el 30 de abril de 2020. El contenido del informe permanece sellado por el tribunal federal de Washington DC.
Una audiencia está fijada ante el tribunal el próximo 26 de agosto, a las 9:30 a.m., para revisión del estatus del proceso. Se espera que pueda haber una resolución sobre el caso antes de que termine el año.
Shroff no contestó varios mensajes de CiberCuba para responder sobre la situación de su cliente. Tampoco fue posible obtener comentarios de los fiscales asignados al caso.
El proceso judicial se ha realizado hasta el momento de manera virtual casi en su totalidad, debido a las restricciones establecidas por los tribunales estadounidenses durante la pandemia, pero desde el pasado marzo las audiencias comenzaron a ser presenciales.
Alazo, de 44 años, estremeció la capital de Estados Unidos la madrugada del 30 de abril de 2020, cuando armado con un fusil AK-47 perpetró un ataque contra la sede diplomática cubana y realizó 32 disparos antes de lanzar el arma contra la entrada del edificio. Cuando agentes de la Policía Metropolitana de Washington y el Servicio Secreto procedieron a arrestarlo, estaba arropado en una bandera estadounidense.
La acusación en su contra lo implica en cuatro delitos por descargar un arma de fuego durante un acto de violencia, atacar un local oficial y dañar intencionalmente propiedades pertenecientes u ocupadas por un gobierno extranjero en Estados Unidos. De ser hallado culpable, podría recibir una sentencia obligatoria de al menos 10 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares.
El expediente del caso incluye los videos de las cámaras corporales de los policías en la escena del tiroteo y el video de vigilancia de la embajada cubana. El tribunal limitó estrictamente el uso de las imágenes y restringió el uso de los videos a las partes en litigio.
Las imágenes del tiroteo grabadas desde la embajada cubana muestran nítidamente los pormenores del incidente y el comportamiento de Alazo por alrededor de 10 minutos antes de producirse su detención.
La jueza Berman prohibió incluso mostrar las imágenes a otras personas o copiarlas con otros fines ajenos al proceso en el tribunal, y ordenó que no se permitirá identificar testigos al público, ni el acusado podrá revelar el contenido de los videos o duplicarlo por medio de fotos u otro soporte.
Los reportes obtenidos sobre su vida en Estados Unidos indican que Alazo vivía atormentado con delirios de persecución y pensaba que un grupo armado procedente de Cuba vendría a matarlo delante de su familia.
Alazo emigró rumbo a México con una visa religiosa en 2003 y cuatro años después se refugió en Estados Unidos, tras cruzar la frontera por la zona de Texas. Desde 2011 está casado con la enfermera cubana Marianys Alazo Delgado y residía con sus dos hijos pequeños y la madre de Alazo en Middletown, Pennsylvania.
Fuentes familiarizadas con el caso y que hablaron con CiberCuba bajo condición de anonimato dijeron que Alazo ha recibido regularmente visitas familiares en el centro correccional donde está recluido.
En 2014 Alazo había retornado a Cuba para realizar prédicas en una iglesia evangélica, pero dijo haber recibido amenazas y se vio obligado a retornar a Estados Unidos.
Las autoridades cubanas aseguran que Alazo viajó en ocho ocasiones a la isla hasta 2015 y recibió siempre asistencia consular sin ninguna dificultad.
En los últimos años el matrimonio vivió una verdadera odisea por los trastornos mentales de Alazo. La familia cambió de vivienda en varias ocasiones y llegó a pernoctar en hoteles y vehículos, debido a la creencia de Alazo de que estaba perseguido por criminales enviados por el gobierno cubano.
La obsesión de sentirse perseguido lo llevó en 2018 hasta Alemania, para supuestamente evitar ser atrapado por quienes creía andaban tras sus pasos en territorio estadounidense.
Pero su situación empeoró. En marzo de 2020, un mes antes del ataque, fue admitido en un hospital psiquiátrico, donde se le diagnosticó por un trastorno delirante y se le recetó medicación.
Fue entonces cuando procedió a adquirir el rifle AK-47, que mantuvo consigo como un arma de protección hasta la madrugada del asalto.
Durante los interrogatorios policiales que siguieron a su arresto, Alazo afirmó que estaba dispuesto a disparar contra el embajador cubano José Ramón Cabañas u otro funcionario de la sede diplomática, porque los consideraba sus enemigos.
El gobierno cubano ha lanzado reiteradas críticas a Estados Unidos por el manejo del caso y por no condenar la acción del acusado como un "acto terrorista".
De inmediato, el caso cobró un matiz político en medio del agravamiento de las tensiones entre La Habana y Washington durante la administración de Donald Trump.
A raíz del incidente, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció presuntos vínculos de Alazo con una iglesia cristiana, líderes políticos y activistas del sur de Florida que mantienen una postura hostil hacia el régimen de la isla.
Pero la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores solo hizo referencias a algunas relaciones indirectas de Alazo a través de redes sociales, sin presentarse pruebas documentales ni testimonios de las conexiones del asaltante con grupos violentos y personalidades cubanoamericanas.
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