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Un año después de abrir fuego con un fusil de asalto contra la Embajada de Cuba en Washington, el cubano Alexander Alazo Baró está negociando una declaración de culpabilidad que deberá decidirse en los próximos días.
Alazo, de 43 años, estremeció la capital de Estados Unidos y acaparó titulares el 30 de abril de 2020, cuando en horas de la madrugada perpetró un ataque con un fusil AK-47 y realizó 32 disparos contra la sede diplomática cubana antes de lanzar el arma contra la entrada del edificio y arroparse en una bandera estadounidense.
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De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por CiberCuba, fiscales federales y el abogado Tony Miles, representante de Alazo, se encuentran al final de un proceso de negociación que podría culminar antes del 20 de mayo, fecha fijada por el tribunal para la próxima audiencia.
Si la defensa concede aceptar la culpabilidad del acusado, ambas partes deberán presentar y firmar el acuerdo a más tardar el próximo 19 de mayo para evitar el juicio oral en el caso, según dictaminó la jueza federal Amy Berman Jackson.
La jueza Berman Jackson podría dictar sentencia para mediados de año.
Ni el abogado Miles ni el fiscal federal Jason McCullough respondieron a varios mensajes de CiberCuba para comentar sobre la posible resolución del caso.
Alazo, quien permanece en prisión preventiva tras la acción armada, está acusado de cuatro delitos relacionados con el tiroteo en la sede diplomática y de ser hallado culpable podría recibir una sentencia obligatoria de al menos 10 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares.
La acción cometida por Alazo incluye cargos por portar, blandir y descargar un arma de fuego en delito con violencia, atacar a un funcionario extranjero o local oficial usando arma mortal y dañar intencionalmente propiedades pertenecientes u ocupadas por un gobierno extranjero en Estados Unidos.
Los documentos registrados en el tribunal indican que la fiscalía ha presentado suficiente evidencia sobre la acción armada para inculpar a Alazo.
El expediente del caso incluye los videos de las cámaras corporales de los policías en la escena del tiroteo y el video de vigilancia de la embajada cubana, con imágenes del atacante en acción. La jueza Berman Jackson emitió reglas estrictas para el uso de las imágenes y limitó el uso de los videos a las partes en litigio.
La orden judicial indica que los videos solo podrán ser empleados para propósitos de la defensa o una posible apelación del caso, y obliga a definir quiénes conforman el equipo defensor. Se prohíbe mostrar las imágenes a otras personas o copiarlas con otros fines ajenos al proceso en el tribunal.
A la vez, la jueza dictaminó que no se permitirá identificar testigos al público, ni el acusado podrá revelar el contenido de los videos o duplicarlo por medio de fotos u otro medio. Al concluir el proceso judicial, todo el material empleado devolverse, destruirse o mantenerse bajo normas de confidencialidad por parte de los abogados involucrados en el caso.
Imágenes del tiroteo registradas desde la embajada cubana muestran nítidamente los pormenores del ataque y el desenvolvimiento de Alazo por alrededor de 10 minutos antes de producirse su arresto por agentes de la Policía Metropolitana de Washington y el Servicio Secreto.
Todo el proceso judicial se ha realizado hasta el momento de manera virtual, respetando las restricciones establecidas para el funcionamiento de los tribunales estadounidenses durante la pandemia.
Un factor que pudiera favorecer a Alazo es el dictamen sobre su evaluación sicológica. El abogado Miles no respondió una pregunta de CiberCuba para confirmar la realización del examen médico.
Reportes incluidos en la acusación señalan que Alazo había recibido evaluación médica y tratamiento siquiátrico en semanas recientes al ataque de la embajada, y que tenía un comportamiento sicótico en su vida familiar.
El acusado vivía atormentado con delirios de persecución y pensaba que un grupo armado procedente de Cuba vendría a matarlo delante de su familia, según declaraciones de su esposa, la enfermera cubana, Marianys Alazo Delgado.
La pareja se casó en 2011 y residía con sus dos hijos pequeños y la madre de Alazo en Middletown, Pennsylvania.
En los últimos años el matrimonio cambió de vivienda en varias ocasiones e incluso pernoctó en hoteles y vehículos, a causa de las afectaciones mentales de Alazo, que aseguraba estar perseguido por criminales enviados por el gobierno cubano.
En 2018 viajó y permaneció en Alemania por un mes antes de seguir a otros países para supuestamente evitar ser atrapado por quienes creía andaban tras sus pasos.
En marzo de 2020, un mes antes del ataque, había sido admitido en un hospital psiquiátrico, donde fue diagnosticado por trastorno delirante y se le recetó medicación.
Tras ser dado de alta médica, procedió a adquirir el rifle AK-47, que mantuvo consigo desde entonces como un arma de protección.
Alazo emigró hacia México con una visa religiosa en 2003 y cuatro años después se refugió en Estados Unidos tras cruzar la frontera por la zona de Texas. Regresó a Cuba en 2014 y comenzó a realizar prédicas en una iglesia evangélica, pero dijo haber recibido amenazas y se vio obligado a retornar a Estados Unidos.
Las autoridades cubanas aseguran que Alazo viajó en ocho ocasiones a la isla hasta 2015 y recibió siempre asistencia consular sin ninguna dificultad en su relación con los representantes gubernamentales de su país de origen.
Durante los interrogatorios policiales que siguieron a su arresto, Alazo afirmó que si el entonces embajador cubano José Ramón Cabañas u otro funcionario hubiera salido del edificio les habría disparado, porque los consideraba sus enemigos.
El gobierno cubano ha criticado insistentemente a Estados Unidos por el manejo del caso y no condenar el hecho como un "acto terrorista".
Horas después de producirse el incidente, Estados Unidos ratificó su responsabilidad en la seguridad de las sedes diplomáticas en su territorio y condenó el ataque de la embajada cubana.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) ha denunciado los presuntos vínculos de Alazo con una iglesia cristiana, líderes políticos y activistas del sur de la Florida que mantienen una postura hostil hacia el régimen cubano.
Pero nunca se presentaron pruebas documentales ni testimonios de las supuestas conexiones del asaltante con grupos violentos o personalidades cubanoamericanas, y la denuncia del MINREX solo hizo referencias a lazos indirectos a través de las redes sociales.
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