Niegan formación doctoral al historiador y activista Leonardo Fernández Otaño

El historiador y activista cubano Leonardo Fernández Otaño denunció este martes la negativa dada por la Universidad de La Habana (UH) en relación con su inscripción en un Doctorado en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de este centro de altos estudios.

Manifestante durante las históricas protestas del 11J en Cuba, el académico formó parte del grupo de jóvenes artistas y activistas de la plataforma 27N que se congregaron frente al ICRT y fueron víctimas de un acto de repudio y la represión desatada por la Seguridad del Estado.

Licenciado en Historia en el año 2016, Fernández Otaño cursó estudios de maestría en dicho centro y en 2020 discutió el proyecto de investigación presentado con fines de tesis doctoral. Según el joven activista, eligió la UH a pesar de que muchos de sus compañeros marchaban a universidades extranjeras, una opción que él descartó pese a haber recibido varias propuestas.

Una beca de la Compañía de Jesús permitió al joven investigador viajar a Roma en 2019 para reunir información en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Romano de los jesuitas. En 2020 también viajó a España, donde permaneció 10 meses indagando fondos documentales relacionados con su tema de investigación (La Compañía de Jesús y sus vínculos sociopolíticos con las élites habaneras y santiagueras mediante su espacio colegial. 1901-1940).

“A lo largo de este período, la Universidad de La Habana reformuló su plan de formación doctoral y, como resultado, mi investigación y las de varios colegas quedaron en un limbo docente”, explicó Fernández Otaño en un artículo publicado en La Joven Cuba. No obstante, afirmó, los responsables del programa le aseguraron que su plaza “estaba totalmente asegurada”.

Sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requerimientos administrativos y académicos, el joven no fue admitido finalmente en los estudios de Doctorado. Para ello, los responsables del Doctorado esgrimieron dos “razones”: que su tutora había renunciado a dicha función, y que el joven no poseía vinculación laboral en el sector estatal, lo que impedía que cursara estudios doctorales.

“A la par de mi labor académica y profesional, y sin menoscabo de ella, he desarrollado una activa participación cívica en la vida pública de la nación, en consonancia con mis derechos fundamentales. Con tal objetivo ejerzo la crítica ciudadana y exijo pacíficamente la democratización de las estructuras de poder en mi país, siempre respetando la otredad y en apego a la ética cristiana que mueve mi vida”, indicó el joven.

Precisamente por ello “la Seguridad del Estado y sus ramificaciones en la Academia Cubana […] han desplegado un grupo de acciones encaminadas a excluir mi presencia en un espacio de formación doctoral al cuál accedí por méritos científicos y en conformidad con derechos ciudadanos”.

Para Fernández Otaño, la intención de los represores del régimen “es presionarme, mediante el acoso, la violencia y el chantaje emocional, con el fin de que un día marche al exilio, como han logrado con otros tantos amigos”.

Compartiendo fragmentos de la conversación mantenida en la UH con el Dr.C Sergio Guerra Vilaboy, coordinador del Programa de Doctorado, el joven académico puso en evidencia la falsedad de los pretextos que se esgrimieron para excluirlo del mismo.

Según el joven activista, “los motivos para la expulsión del doctorado estaban claros: mis criterios políticos en el espacio público, la participación en la manifestación frente al ICRT el 11 de julio, mi papel como coordinador de la Plataforma Archipiélago [al que renunció tras el 15N] y el acompañamiento que realizo a las familias de los presos políticos del 11 de julio”.

“Como parte del proceso de discriminación política en el ámbito académico, se han empleado contra mí todos los métodos posibles, que incluyen difamar en las redes sobre mi labor investigativa y exponerme en la televisión sin mi consentimiento”, dijo Fernández Otaño.

“El acoso no solo se ha ceñido al plano intelectual, pues ha implicado asimismo siete interrogatorios policiales (desde junio del 2021 hasta la fecha), presiones sobre mi familia que abarcan el acoso sobre mi madre mediante visitas o llamadas de la Seguridad del Estado a su hogar, y el intento de dinamitar la relación con mi padre a través de llamadas anónimas a su celular y acoso en las redes sociales”, añadió.

Intimidación, cercos policiales en su domicilio, amenazas, interrogatorios a su círculo de amigos: las estrategias empleadas por la Seguridad del Estado contra el joven activista han sido tenaces en su objetivo de doblegarle, pero sin resultado. Ni siquiera los seis meses de prisión domiciliaria por su participación en el 11J fueron suficientes para callarle.

“Este proceso es evidencia de lo vivido por un joven cubano que decide no emigrar y permanece en Cuba, exigiendo la democratización de los poderes públicos del Estado”, sostuvo el joven activista.

“Lo que he experimentado en estos meses demuestra que en Cuba las posturas políticas y cívicas diferentes al canon dictado por el Partido Comunista son un signo de exclusión para el acceso a la Educación Superior, pues la Universidad sigue siendo para las personas que se abstienen de participar en la vida política de la nación, entiéndase para aquellas que no disienten de las políticas del Estado”, concluyó.