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Un camión fue detenido este lunes en Santa Clara, Villa Clara, mientras transportaba cientos de paquetes de varios tipos de pescado, según detalló en redes sociales Fuerza del Pueblo, perfil próximo al Ministerio del Interior (MININT).
Fueron ocupados: 195 paquetes de filetes de pescado de mar; 90 paquetes de masa de macabi; 35 paquetes de curbino; 200 unidades de pargo entero y 240 unidades de pescado de mar.
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La nota precisa que el operativo fue resultado de la acción conjunta del MININT y de grupos de inspectores de Villa Clara, quienes detectaron que el camión interceptado carecía de "documentación legal".
La información difundida no precisó si se efectuaron arrestos en relación con el significativo hallazgo, y se limitó a precisar que los productos decomisados fueron devueltos a la empresa de Pescavilla, en Villa Clara, para su venta a la población.
En el apartado comentarios, varios internautas bromearon sobre la confiscación de un producto tan escaso en el país como el pescado, devenido en alimento de choteo por lo extraño que resulta en la mesa de los cubanos, a pesar de ser Cuba una isla.
En junio, Mydalis Naranjo Blanco, viceministra de la Industria Alimentaria, afirmó en el programa oficialista Mesa Redonda que la falta de pescado en los comercios se debía a la falta de peces en las aguas del país.
“Aunque somo un país que está rodeado de mar, nuestras aguas no poseen los niveles de pescado que necesitamos para cubrir la demanda de la población, para satisfacer esta demanda creciente”, dijo la funcionaria, en una afirmación que se viralizó en redes sociales provocando indignación y burlas entre los cubanos.
El significativo decomiso de cientos de paquetes de pescado de este lunes tiene lugar pocos días después de la confiscación de otro importante cargamento de comida, en ese caso en Guantánamo.
La pasada semana fueron confiscados casi cinco mil kilos de arroz, chícharos, azúcar, espaguetti y casi 200 latas de sardinas en una casa guantanamera que funcionaba como almacén. En ese caso los alimentos decomisados -hecho por el que fueron detenidas tres personas por Especulación y Acaparamiento- pertenecían a los módulos alimentación que se venden a la población.
Tanto en Guantánamo como en el más reciente decomiso de pescado en Villa Clara, la magnitud del defalco pone en evidencia la presunta corrupción institucional que hay detrás de tal desvío de recursos al mercado negro.
En los últimos meses tanto la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) como el Ministerio del Interior (MININT) han lanzado una ofensiva en redes sociales en su voluntad de visibilizar los decomisos de productos destinados a la venta en el mercado negro, al tiempo que elogian la rapidez con que se persiguen esos delitos.
La corrupción en el ámbito estatal es un mal de larga data en Cuba, que suele dispararse en épocas de aguda crisis económica como la que atraviesa la isla.
A mediados de junio el administrador de una cafetería estatal en el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, fue detenido mientras transportaba en una camioneta 1,000 cajas de cigarro y 91 cajas de jugo, según dio a conocer uno de los tantos perfiles oficialistas que están documentando la Cruzada contra las ilegalidades en el país.
En ese caso la información precisó que el directivo pillado in fraganti era administrador de la cafetería de la terminal de la citada localidad, aunque tampoco precisó la identidad del directivo ni otros detalles sobre las circunstancias del incidente.
Cuba figuró el pasado año entre los 50 países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 elaborado por la ONG Transparency International, dado a conocer a inicios de este año.
La puntuación ubicó a la isla en el puesto 45 de 100, donde 100 indica el país menos corrupto y el número uno el de mayor problema con este mal. Cuba incluso cayó un punto en comparación con similar listado de 2021. El ranking, principal indicador mundial de la corrupción en el sector público, sitúa a la Isla en el puesto 65 entre 180 naciones.
Transparency International recomendó a los gobiernos abrir espacios para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y jóvenes, para que todos en su conjunto puedan enfrentar la corrupción.
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