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El régimen cubano intensificó su control sobre la economía informal, enfocándose en los kioscos y puntos de venta ubicados en autopistas, vías principales y carreteras.
En una reciente reunión del Consejo de Ministros, encabezada por Manuel Marrero Cruz, se aprobó un programa de acciones para eliminar irregularidades detectadas en estos establecimientos, que, según las autoridades, incluyen construcción ilegal, evasión de impuestos, violación de regulaciones urbanísticas y ausencia de contratos formales.
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Este tipo de medidas se enmarca en una serie de operativos cada vez más frecuentes contra actividades consideradas “ilegales” por las autoridades.
A mediados de febrero, el Partido Comunista de Cuba (PCC) llamó a llevar adelante una cruzada contra los delitos e ilegalidades que proliferan en el país. “La dirección de la Revolución ha reiterado el llamado a cerrar filas y a actuar con mano dura, con firmeza, sin paños tibios ni blandenguería, y con apego a la Ley, como se ha actuado siempre contra estas manifestaciones delictivas”, indicó el diario oficialista Granma.
A falta de unos días para que entraran en vigor los nuevos precios del combustible y el transporte de pasajeros en Cuba (1 de febrero), los inspectores de tráfico fueron movilizados en una cruzada contra las “ilegalidades” que provocó indignación entre choferes y pasajeros.
En 2023, el gobierno incrementó los operativos policiales en la Autopista Nacional, imponiendo multas de hasta cinco mil pesos a vendedores de alimentos y bebidas. Más recientemente, en abril de 2024, las multas acumuladas contra cuentapropistas alcanzaron los 390 mil pesos, una cifra que refleja la presión creciente sobre los trabajadores informales.
La cruzada contra estos pequeños negocios no es un hecho aislado. En marzo, el régimen también lanzó acciones similares contra transportistas privados, a quienes acusaron de cobros abusivos y evasión fiscal, resultando en multas de hasta 8 mil pesos para conductores en La Habana.
De manera similar, los vendedores en ferias agropecuarias han enfrentado sanciones de hasta 15 mil pesos por presuntas irregularidades en sus operaciones.
El Consejo de Ministros justificó estas medidas alegando la necesidad de garantizar el "cumplimiento de las regulaciones urbanísticas" y mantener el "ordenamiento territorial".
Sin embargo, este enfoque ha sido duramente criticado por su impacto negativo en la economía informal, un sector que ha proliferado debido a la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Los vendedores en carreteras y los transportistas privados desempeñan un rol crucial en suplir la falta de servicios públicos en un contexto de crisis económica prolongada.
A pesar de que Marrero Cruz afirmó que el gobierno no tiene "nada en contra" de estos puntos de venta, las acciones emprendidas por el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) se perciben como un intento de mantener un control férreo sobre la actividad económica, lo que suele traducirse en cierres definitivos o en casos de corrupción por parte de los inspectores.
Si bien las autoridades insisten en regular estas actividades, las políticas punitivas continúan siendo vistas como un golpe a los sectores más vulnerables, profundizando la precariedad de un sistema económico ya en crisis.
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