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Los impagos de las multas asociadas a las medidas sanitarias impuestas por el régimen durante la pandemia de coronavirus ascienden a 59 millones de pesos en Santiago de Cuba.
En ese territorio existen unas 37,080 multas pendientes de cobro; 21,282 están fuera de término y representan 59 millones de pesos, dijo al diario local Sierra Maestra Liliana Sanz Arias, jefa de la Oficina de Multas en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios.
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La funcionaria expresó que las infracciones obedecen a las regulaciones del Decreto No. 31/2021, aplicado hasta mayo de 2022 pero aquellas impuestas con anterioridad y que aún no han sido saldadas, continúan siendo válidas.
Las contravenciones a las medidas, que van desde permanecer en las calles en horarios restringidos, evadir el uso del nasobuco, y otras indisciplinas, “pudieron elevar la incidencia de la Covid-19 y no puede permitirse la impunidad”, recalcó la mujer.
Los municipios de Santiago de Cuba y Palma Soriano tienen la mayor cantidad de procesos pendientes, con 14,568 y 4,872, respectivamente y son los que más deudores concentran.
Para obligar el cumplimiento de los pagos, implementaron operativos conjuntos entre los organismos impositores y las direcciones de Finanzas y Precios. Si el deudor se niega a pagar, se presentará su expediente al Tribunal.
Para evitar sanciones administrativas y judiciales, alertó la funcionaria, las personas deben acudir voluntariamente a las Oficinas de Gestión y Cobro de Multas, durante los 30 días naturales previstos, pasado ese término, la multa duplica su valor.
En caso de que los ingresos del deudor sean insuficientes, podrá solicitar un convenio que permita abonar la cuantía en mensualidades, también podrán abonar la cuota por la aplicación Transfermóvil.
Con el monto de las multas pendientes, que representa el 2.4% de los ingresos cedidos en el territorio, se respaldan gastos sociales como la Salud, Educación, Cultura, Deporte y la Asistencia Social, justificó Sanz Arias.
La medida del gobierno entró en vigor en 2021 y disponía que las multas oscilarían entre los 2,000 y 3,000 pesos para quienes incumplieran medidas sanitarias dispuestas ante el aumento de casos de coronavirus.
El Decreto 31/21 detallaba, entre otras particularidades, que los arrendadores de viviendas deben denunciar a inquilinos que incumplan cuarentena o tengan síntomas de la enfermedad.
Desde su divulgación, varias provincias comenzaron a acumular impagos rápidamente.
En La Habana, cada día se impusieron miles de multas a los infractores y muchos de ellos fueron obligados a pagar el alto costo, que casi equivale al salario mínimo percibido por el cubano (de 2,100 pesos).
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