Las autoridades de La Habana impusieron el pasado fin de semana más de 2000 multas por incumplir medidas contra el coronavirus, así como por violaciones en la actividad económica en entidades estatales y del sector privado.
En sesión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) Orestes Llanes Mestre, coordinador de programas de Fiscalización y Control, informó que entre las principales violaciones que han cometido las personas se encuentran los juegos en la calle y parques (163) y los baños en la playa (71).
Las autoridades también detectaron alteraciones en los precios, el peso y la calidad de productos y servicios, por lo que se retiraron nueve licencias de negocios, para un acumulado de 375.
Según la información del semanario Tribuna de La Habana, en la reunión se mostraron imágenes de indisciplinas en el Paseo de 1ra y 70, en Playa, donde "se exigió adoptar las medidas correspondientes y hacerlas cumplir", sin ofrecer más detalles.
Ante el incremento de casos de coronavirus en el país, el gobierno ha endurecido las sanciones penales y administrativas contra quienes incumplan las medidas de prevención de nuevos contagios.
El Decreto Ley 31 de 2021, que castiga las "infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19", permite imponer multas de 2,000 y 3,000 pesos a quienes no respeten las normas, y le ha servido a los cuerpos de inspectores y policías para justificar sanciones injustas o contra un sector de la población al que se pretende castigar, como los opositores y disidentes.
Igual sucede con el Decreto Ley 30, que regula "la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas", por el cual han sido sancionados numerosos trabajadores por cuenta propia, víctimas de la cruzada absurda que lleva el régimen contra toda iniciativa privada.
A finales de abril, dos trabajadores de la construcción fueron multados por uso inapropiado del nasobuco cuando estaban fumando dentro de un consultorio médico que estaban reparando.
Uno de los afectados, identificado como Leo Nardo Alvares, denunció en su muro de Facebook que las inspectoras entraron para verificar si ellos estaban cumpliendo con su jornada los multaron con 2,000 pesos, sin tomar en cuenta que el local "lleva más de 10 años cerrado sin trabajar y nosotros estamos activándolo para la COVID-19".
A mediados de abril, el coordinador de programas de la economía del gobierno de La Habana, Jorge Luis Villa Miranda, reveló que más de 3,600 residentes que no habían pagado las multas por incumplimiento de las medidas sanitarias podrían ser llevados ante los tribunales, si no saldaban sus deudas en el plazo que fija la ley.
El propio presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, ha defendido la penalización de las infracciones sanitarias porque según él, las multas son una de las herramientas más eficaces para hacer cumplir las medidas de prevención, y ha criticado la baja productividad de los inspectores en casi todos los municipios.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: