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Aminael Rodríguez Castillo, residente en La Habana Vieja, espera desde hace tres meses por una certificación de nacimiento que solicitó al Registro Civil de su municipio.
El documento debía ser tramitado por la oficina de Mayarí, Holguín, donde está inscrito Rodríguez Castillo; pero justificaron la demora con los apagones, según una misiva enviada a la columna Acuse de recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.
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Al conocer que tampoco podía hacer la gestión desde la nueva plataforma digital habilitada por el Ministerio de Justicia, ya que solo abarca las provincias de La Habana, Artemisa y Pinar del Río, quiso conocer si había alguna alternativa.
La funcionaria que le atendió le dijo que "ella no estaba ahí para eso", lo que Rodríguez Castillo calificó como una falta de profesionalidad y una ineficiencia del servicio.
"Todas estas gestiones, como es sabido, hay que hacerlas en horario de trabajo, por lo que ese día debo ausentarme, levantarme a las cuatro de la madrugada, hacer una cola bastante complicada, en la que en muchas ocasiones solo atienden hasta el mediodía, por falta de conexión", lamentó.
Para Rodríguez Castillo resulta incompatible la actualización de las normas y leyes cubanas con la actuación de algunos trabajadores del Ministerio de Justicia, "causando molestias y disgustos en la población con los incumplimientos reiterados e ineficiencias en los servicios que presta".
No es la primera vez que este lector de la prensa estatal envía denuncias a la sección que coordina el periodista José Alejandro Rodríguez.
En septiembre de 2018 denunció las dificultades que tenía en ese momento para pagar con tarjeta magnética en una tienda estatal de la cadena Caracol. Dos años después se quejó de la mala calidad de una pasta de tomate que vendieron en el antiguo Ten Cent de 23 y 10, La Habana.
En esta oportunidad, las quejas sobre la demora burocrática para emitir un documento como la certificación de nacimiento, llega en el peor momento para los cubanos, que sufren las consecuencias de los apagones, el elevado precio de productos y servicios y la poca profesionalidad institucional.
Reportes independientes reflejan que con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España han incrementado las solicitudes de inscripciones de nacimiento, con el fin de solicitar la ciudadanía española. Asimismo, en las oficinas del Ministerio de Justicia han atrasado los procesos de legalización, alegando que los atrasos se deben a factores externos, como el huracán Ian o cualquier otro asunto ajeno a sus trabajadores.
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