Tribunal Supremo de Cuba ratifica condena de 14 años a activista Lizandra Góngora, madre de cinco niños

Góngora Espinosa se encuentra retenida en la Prisión de Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, La Habana, donde ha sido castigada por negarse a participar en los actos políticos que organizan las autoridades del recinto penal.

Lizandra Góngora Espinosa © Facebook/ Cubalex
Lizandra Góngora Espinosa Foto © Facebook/ Cubalex

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El Tribunal Supremo Popular de Cuba ratificó la condena de 14 años de privación de libertad a la activista cubana Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco niños y manifestante del 11J.

De acuerdo con Radio y Televisión Martí, la Sala de lo Militar de ese órgano de justicia desestimó así el recurso de casación presentado por la defensa de la joven contra la dura sentencia que dictó contra ella la instancia territorial occidental, como represalia a su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Güira de Melena.


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Góngora Espinosa se encuentra retenida en la Prisión de Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, La Habana. La vista para presentar la apelación tuvo lugar el 15 de junio último y hasta el martes pasado sus familiares no tuvieron acceso a la decisión del Tribunal.

“Está como loca porque es mucha cantidad de años, esa sentencia es para un asesino. Ella pensó que le iban a rebajar un poco. Hasta yo pensé eso porque ella ni tiró piedras ni rompió cristales”, dijo al respecto Angel Delgado, esposo de la activista y miembro, como ella, del Partido Republicano de Cuba.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha aceptado los recursos de casación de otros manifestantes del 11J. El órgano de justicia también modificó la sanción a 11 de los convictos en la Sentencia número 42 de 2022, que determinaba penas de entre cinco y 15 años cárcel a 33 participantes en las protestas, por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuados, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza.

Sin embargo, en el caso de Góngora Espinosa, el proceder ha sido diferente. “Eso es por política. Ellos (el régimen) lo que están tratando de tener el mayor tiempo posible a los opositores presos. Aquí en Güira de Melena los únicos que son opositores declarados, que pertenecen a partidos y organizaciones independientes son Lizandra y Jorge Bello Domínguez. Ellos lo que hicieron fue manifestarse”, argumentó Delgado al respecto.

Para justificar su proceder, el Tribunal afirmó en el documento de sentencia que la opositora y madre cubana fue una de las responsables de forzar la entrada de una tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) y de penetrar en el local. No obstante, la joven no tomó ninguno de los productos que allí se vendían, porque sufrió heridas con los cristales rotos y esparcidos en el piso.

En un video que pudo compartir antes de ser detenida, Góngora Espinosa explicó que en Güira de Melena salieron a protestar contra el régimen más de 3,000 ciudadanos y que muchos fueron al mencionado establecimiento a reclamar los alimentos donados que vendían a la población. Contó que recibió una lesión en la pierna y que huyó del lugar, por lo que se encontraba “sola y a la deriva”.

La instancia judicial también representó a la opositora como una de las personas que encabezó el grupo de manifestantes que gritaban frases contra el gobierno del país y el Partido Comunista de Cuba. Olvidó mencionar, sin embargo, que la joven disidente estuvo desaparecida durante varios días, tras su detención en julio de 2021.

La ONG Cubalex hizo la denuncia sobre la ausencia de noticias y explicó que Góngora Espinosa había huido de su casa el domingo en que comenzaron las manifestaciones por temor a ser apresada y mantuvo comunicación con su familia hasta el 22 de julio, en que se interrumpieron los contactos. No fue hasta el día 29 que la policía confirmó su arresto.

La sentencia en su contra fue anunciada en abril de este año y provocó una oleada de críticas al gobierno por no juzgarla de forma correcta y por separarla de sus cinco hijos. Poco después, fue castigada por las autoridades del recinto penal donde permanece, por negarse a participar en los actos políticos que allí se organizan.

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