Los presos políticos que se manifestaron en Güira de Melena durante las históricas protestas del 11J en Cuba fueron excluidos este viernes del juicio de apelación de sus sentencias, mientras sus familiares denunciaron el proceder como una farsa judicial.
“Hoy, como todos saben, se hizo el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de Julio del municipio Güira de Melena. Sucedió algo inaceptable: celebraron el juicio sin los presos. Los familiares están indignados”, informó el activista Marcel Valdés en sus redes.
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En un video compartido en su publicación, familiares de los encarcelados manifestaron su indignación y desamparo frente a la decisión de las autoridades cubanas, y denunciaron un trato discriminatorio con los suyos que, a diferencia de otros sentenciados del 11J, no pudieron asistir al juicio de apelación.
“El régimen en aras de seguir manipulando la información y los procesos, optó por excluir en la vista de recurso de casación la presencia física de los acusados en los acontecimientos del 11 de Julio en Güira de Melena, para así poder sostener una mentira; solo asistirán los que se encuentran de libertad”, afirmó Marta Domínguez Calero en las redes sociales del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, preso político del 11J condenado a 15 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones.
Según la activista, los juicios del 11J “no están siendo justos ni parejos”. Además “de la manipulación, fraude y las mentiras fabricadas”, Domínguez Calero denunció el agravio comparativo que significan estos juicios sin la presencia de los condenados que apelan su sentencia.
Para los activistas de Justicia 11J, grupo dedicado a sistematizar la información sobre los detenidos, encarcelados y reprimidos por su participación en las protestas, la exclusión de los manifestantes presos de Güira de Melena es una “falta grave a las garantías del debido proceso y al principio de igualdad ante la ley”, según pudieron saber tras consultar a Giselle Morfi, abogada de la organización no gubernamental Cubalex.
“Con Cubalex, recordamos el artículo 648 de la Ley no. 143 de Proceso Penal. Continuaremos indagando en las razones alegadas a los acusados, familiares y abogados”, declaró el grupo de la sociedad civil cubana.
Dolidos por la ausencia de los suyos en el juicio de apelación, familiares de los presos políticos expresaron su inconformidad con el procedimiento a las afueras del Tribunal. “Estoy muy preocupada por mi hijo y por todos los presos del 11J, que los tienen en el Combinado del Este”, dijo angustiada la madre del joven Daisel González Álvarez (23 años).
“Soy la madre de Juan Pablo Martínez. Pido Libertad para mi hijo. Y justicia. JUSTICIA”, dijo entre lágrimas la madre de este Juan Pablo Martínez Monterrey (27), detenido tras participar en las manifestaciones y acusado de Desórdenes públicos, Sabotaje, Robo con fuerza en las cosas.
Los hijos de estas madres cubanas formaron parte de la treintena de manifestantes de Güira de Melena, provincia de Artemisa, que fueron juzgados por un tribunal militar en el municipio habanero Diez de Octubre entre el 7 y el 11 de marzo.
En el proceso judicial los manifestantes enfrentaban cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza, por presuntamente agredir tiendas recaudadoras de divisa TRD en esa localidad de Cuba, según informó el abogado Julio Ferrer.
"Muchos de los manifestantes del 11 de julio han sido sometidos a la jurisdicción militar y juzgados por tribunales militares, especialmente aquellos que estuvieron o tomaron parte en los hechos acontecidos en relación con las tiendas TRD", explicó Ferrer en marzo a medios de prensa, asegurando que no era el primer grupo de presos del 11J juzgado por militares.
Según el jurista, la Ley No.147 de 2021 del proceso penal militar, vigente desde el 1 de febrero de 2022, establece que los tribunales militares son competentes para realizar procesos penales por hechos cometidos en zonas militares.
Las tiendas recaudadoras de divisas son consideradas instalaciones militares, porque pertenecen o están subordinadas, o patrocinadas, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, subrayó.
Entre quienes recibieron condenas por su participación en las protestas en este municipio, la activista Lizandra Góngora Espinosa , madre de cinco niños a quien los tribunales militares condenaron a 14 años de cárcel por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos.
La activista fue acusada, junto a Bello Domínguez, de ser los culpables del ataque a la tienda en dólares estadounidenses La Imprenta durante las manifestaciones del 11J en Güira de Melena. La Fiscalía Militar de Artemisa los mantuvo en prisión preventiva durante meses.
“Los abogados hicieron bien su trabajo. Esperemos a ver qué determinan los tribunales”, dijo este viernes Yuleidis López González, esposa Bello Domínguez, en las afueras del tribunal. Junto a ella, el padre de Yandi Hernández Montes de Oca (28), la esposa de Yasiel Hernández Márquez (34), el padre de Juan Pablo… Familiares destruidos por el injusto encarcelamiento y las duras condenas impuestas a jóvenes cuyo único “delito” fue protestar, reclamar sus derechos y manifestarse por un cambio que traiga libertad y prosperidad para Cuba.
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