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La presa política del 11J Lizandra Góngora Espinosa está siendo castigada por las autoridades de la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana, por negarse a participar en los actos políticos que se organizan en ese penal.
A la opositora le han suspendido las últimas dos visitas, ante su decisión de no formar parte de los actividades ideológicas progubernamentales que tienen lugar en la prisión, denunció este martes a Radio Televisión Martí su esposo, Ángel Delgado.
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“La situación de Lizandra se debe a que, como ella es presa política, la quieren doblegar de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya dos visitas sin dar explicación alguna, y para yo ir al Guatao tengo que recorrer unos cuantos kilómetros. Hay que cocinarle los alimentos y salir de madrugada para la prisión y, entonces, tuve que regresar con toda esa comida para Güira”, explicó su esposo.
Delgado, quien anima a su esposa para que esta situación no la quiebre, está preocupado por la situación de salud de Góngora, a quien no le están brindado en prisión la atención especializada que necesita.
“Lizandra estuvo 42 días en una celda de castigo. A partir de ese periodo, probablemente por el exceso de humedad en las paredes de la celda, le han salido varias machas oscuras en la piel, y no se determina qué tratamiento van a ofrecerle. Lleva ya varios meses así y no la han llevado a un especialista, ni tampoco le han realizado prueba alguna para determinar qué padecimiento sufre. Ella está muy preocupada porque pasa el tiempo y cada vez se pone peor”, comenta con preocupación.
Góngora, de 35 años y madre de 5 hijos, fue sentenciada en marzo a 14 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales masivas del pasado 11 de julio.
Fue condenada por presuntos cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, junto al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple sentencia de 15 años, como responsables del ataque a la tienda en dólares La Imprenta, en Güira de Melena.
La noticia de su sentencia generó amplia indignación en la esfera pública independiente cubana.
“Qué dolor todo esto. Los hijos de Lizandra la necesitan en casa. ¡Criminales! Ustedes no pueden estar en el futuro de Cuba. #SOSCuba”, dijo en Facebook la activista Anamely Ramos al enterarse de la condena de Góngora.
En febrero, antes de conocerse la sentencia, la prisionera política denunció presiones en su contra. Un representante de Fiscalía conocido como Chaveco la amenazó con quitarle la custodia de sus tres hijos más pequeños, si no firmaba una carta de autoinculpación.
Como represalia por la difusión de la carta pública donde la opositora revelaba estas presiones y se reafirmaba en sus principios y su inocencia, fue trasladada a la celda de castigo que ha provocado el deterioro de su salud.
Su esposo recibió también presiones de agentes de la Seguridad del Estado para que declarase en contra de ella y divulgara que abandonó a sus cinco hijos.
La Fiscalía Militar de Artemisa había mantenido a Góngora en un limbo legal desde su detención en julio del año pasado, sin dar a conocer la petición por sus presuntos delitos hasta mediados de marzo.
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