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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las desproporcionadas sentencias del régimen cubano contra manifestantes del 11J en la isla.
“Como Relator para Cuba de la @CIDH condeno las penas desproporcionadas, en procesos sin garantías que buscan silenciar cualquier voz que exija libertad y democracia en la Isla. Penas de 18 y hasta 30 años, por salir a manifestar contra el régimen”, expuso este jueves en Twitter Stuardo Ralón.
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El mensaje Ralón hacía referencia, además, a la reciente “respuesta legal” de la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos de 76 ciudadanos que se manifestaron durante las históricas protestas del 11J, en las que dictaron hasta 18 años de prisión para cuatro de ellos.
Esas sentencias firmes fueron notificadas entre los días 16 y 21 de junio y adoptadas en procesos que familiares y activistas han calificado de “farsa judicial” por los tribunales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
Según la FGR, las condenas fueron adoptadas por los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
De los 76 acusados a los que se le notificó sentencia firme, cuatro de ellos tendrán que cumplir entre 16 y 18 años de privación de libertad. El grupo más numeroso (30 acusados) recibió condenas entre 11 y 15 años de prisión, mientras que otros 22 eran sancionados con penas de hasta diez años.
También en este mes, el Tribunal Supremo dictó sentencias definitivas de hasta 15 años de cárcel a manifestantes del 11J en Holguín, entre los que se encuentran enfermos con trastornos psiquiátricos, pacientes suicidas, un enfermo de Parkinson, un discapacitado y un cardiópata.
Tras el juicio de casación realizado el pasado 27 de abril, 14 de los 20 manifestantes del 11 de julio sentenciados en febrero comparecieron ante jueces del Supremo en la sala de lo penal del Tribunal Popular Provincial, en la ciudad de Holguín, con la esperanza de que fueran impugnadas sus excesivas condenas que oscilaban entre siete y 20 años de privación de libertad.
De ellos, solo dos sancionados que tenían 18 años en el momento de las protestas fueron beneficiados con reducciones de dos años y sanciones de trabajo correccional. Uno es Marcos Antonio Pintueles Marrero, excarcelado al día siguiente del juicio de casación, quien deberá cumplir cinco años de trabajo correccional con internamiento. El otro es Yoel Ricardo Sánchez Borjas, que se encontraba de fianza y fue sancionado a igual cantidad de tiempo de domiciliaria.
El resto de los sentenciados continuará en prisión por un periodo no menor de 9 años, pese a las enfermedades crónicas que padecen algunos de ellos.
En la última semana, también trascendió que los presos políticos que se manifestaron en Güira de Melena fueron excluidos del juicio de apelación de sus sentencias, mientras sus familiares denunciaron el proceder como una farsa judicial.
“Hoy, como todos saben, se hizo el juicio de apelación de los manifestantes del 11 de Julio del municipio Güira de Melena. Sucedió algo inaceptable: celebraron el juicio sin los presos. Los familiares están indignados”, informó el activista Marcel Valdés en sus redes.
En un video compartido en su publicación, familiares de los encarcelados manifestaron su indignación y desamparo frente a la decisión de las autoridades cubanas, y denunciaron un trato discriminatorio con los suyos que, a diferencia de otros sentenciados del 11J, no pudieron asistir al juicio de apelación.
Tras conocerse estas y otras arbitrariedades, el 18 de junio último el gobierno de Estados Unidos impuso este jueves restricciones de visas a cinco funcionarios cubanos relacionados con juicios, sentencias y encarcelamientos de manifestantes del 11J en Cuba.
El Secretario de Estado Antony J. Blinken señaló que la medida se tomó de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del régimen cubano.
En total, la administración de Joe Biden ha sancionado con restricción de visado a 22 ciudadanos cubanos, presuntamente jueces y personas vinculadas a la represión y condenas judiciales por las manifestaciones del 11J. En ningún caso se han revelado las identidades de los sancionados en virtud de una política de confidencialidad.
La medida tiene el objetivo de promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que han permitido abusos y represión de los derechos humanos.
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