Manifestantes del 11J en Holguín y sus familiares esperan a que comience el proceso de casación –por medio del cual pretenden impugnar las sentencias excesivas de hasta 20 años de privación de libertad– que se ha retrasado por la ausencia de uno de los abogados.
En declaraciones a CiberCuba, familiares y allegados de los involucrados en el proceso aseguran que el abogado Solnés Expósito Sarmiento acudió este miércoles al Tribunal Provincial Popular de Holguín antes de la hora fijada para la vista oral, se declaró indispuesto y se marchó.
Al hacerlo, sus clientes, los presos políticos Mario Josué Prieto Ricardo y Miguel Enrique Girón Velázquez quedaron sin representación letrada, lo cual ha impedido que comience el acto judicial.
Prieto Ricardo fue detenido a finales de julio y sentenciado en febrero a 17 años de cárcel. Es ciudadano español, residente en Estados Unidos y tiene problemas psiquiátricos que le han llevado a atentar en dos ocasiones contra su vida.
Girón Velázquez, quien padece limitaciones locomotoras congénitas, estuvo bajo fianza hasta el 14 de febrero, día en que lo sentenciaron a 14 años de privación de libertad, en clara violación a la ley de procedimiento penal que le daba derecho a esperar la apelación en la casa.
La casación es el recurso que se establece contra sentencias, autos u otras resoluciones dictadas por los Tribunales Provinciales Populares, mientras que la apelación se ejecuta contra decisiones de los Tribunales Municipales. Se trata de un recurso extraordinario y limitado que constituye el último paso en el proceso judicial para impugnar una condena determinada.
La decisión del abogado, cuyos motivos están aún por precisar, generó malestar, angustia y tensión en los familiares y sentenciados allí presentes, pues no solo deja indefensos en el último minuto a los manifestantes, sino que este revés se suma a la incertidumbre y la presión que experimentan las familias de los presos políticos.
Asimismo, la reacción de indignación, más que justificada, de las madres y los reos puso nerviosos a los oficiales del amplio despliegue policial que, una vez más, limita el acceso a la inmediaciones de la sala de lo penal del Tribunal.
Carros patrulleros, jaulas de presos y oficiales de la Seguridad de Estado también hacen presencia para intimidar a los holguineros. Incluso, en las últimas semanas, oficiales de la policía política han amenazado hasta con la cárcel a los hijos, padres y parejas de los manifestantes del 11J, solo por asistir a misa y vestir de blanco.
Hasta hace unas horas, la información que tenían los familiares de los acusados es que el proceso de casación se realizaría de manera remota y todos, jueces, familiares y reos, participarían a través de teleconferencia.
No fue hasta este martes, en horas de la tarde-noche, en que familiares recibieron notificación de los abogados de sus seres queridos sobre un cambio de planes: ahora la casación se realizaría presencial, con la participación de jueces del Tribunal Supremo, los condenados del 11J y sería permitida la presencia de un familiar por cada acusado en la sala.
En este momento, varias madres y esposas se encuentran haciendo gestiones para contratar los servicios de un abogado que sustituya al que se retiró en el último intento de justicia. El problema es que ningún otro letrado tendrá el suficiente grado de familiaridad con el caso, mucho menos para asumir un recurso de casación expedito, de un momento a otro.
El Tribunal, en un intento de mantener su agenda y continuar con el proceso este mismo miércoles, propuso a los afectados designar un abogado para ellos, pero ninguno de los manifestantes ni sus familiares estuvo de acuerdo, pues insisten en contratar los servicios de un abogado de su elección en el que confíen.
La casación es la última esperanza que tienen para encontrar la justicia proscrita hasta este momento y no quieren poner la vida de sus seres queridos en manos de un actor designado por el mismo poder que los condenó a penas de hasta 20 años de prisión.
Además de la persecución, amenazas y politización de las causas penales, a través de la imputación del delito de sedición a todos los acusados de Holguín, los familiares tienen más motivos para desconfiar del sistema de justicia en Cuba.
Iván Colón Suárez, preso político sentenciado a 18 años de cárcel, fue conducido hasta el Tribunal Provincial esta mañana a pesar de que su familia no había contratado los servicios de ningún abogado para la apelación y, por tanto, no estaba contemplada su asistencia en el proceso.
Otra cuestión que hace saltar las alarmas y que está relacionada con la selectividad del sistema político imperante en la isla, es que el manifestante Yoel Ricardo Sánchez Borjas, de 18 años, continúa bajo fianza, a pesar de que fue sentenciado a siete años de cárcel por su participación en las protestas. Inicialmente, la fiscalía le pedía 18 años de cárcel.
De acuerdo con informaciones de varias fuentes, el joven es hijo de un influyente oficial del Ministerio del Interior (MININT) de igual nombre, y a la posición del padre atribuyen el apego a ley en su caso, pues la propia legislación cubana establece que el acusado, aun después de sentenciado, puede mantenerse bajo fianza a la espera del recurso de casación.
Lamentablemente, la justicia no se impartió por igual en el caso de Miguel Enrique o de la joven Jessica Lisbeth Torres Calvo quienes fueron esposados sin previo aviso y trasladados a prisión a la salida del tribunal el día que se dictaron sus sentencias.
Queda por establecer si el proceso de casación se realizará como estaba planificado, a pesar de la falta de representación legal de dos de sus involucrados, o si será pospuesto para otro momento.
A continuación, las sentencias de los manifestantes juzgados en Holguín:
20 años de privación de libertad a:
1. Yosvany Rosell García Caso (33 años)
2. Miguel Cabrera Rojas (50 años)
18 años de privación de libertad a:
3. Iván Colón Suárez (52 años)
4. José Ramón Solano Randiche (30 años)
5. Maikel Rodríguez del Campo (34 años)
17 años de privación de libertad a:
6. Mario Josué Prieto Ricardo (27 años)
7. Cruz García Domínguez (59 años)
15 años de privación de libertad a:
8. Jessica Lisbeth Torres Calvo (27 años)
14 años de privación de libertad a:
9. Miguel Enrique Girón Velázquez (24 años)
10. Yoirdan Revolta Leyva (21 años)
12 años de privación de libertad a:
11. Franklin Reymundo Fernández Rodríguez (21 años)
12. William Manuel Leyva Pupo (20 años)
7 años de privación de libertad a:
13. Marcos Antonio Pintueles Marrero (18 años)
14. Yoel Ricardo Sánchez Borjas (18 años)
5 años de privación de libertad a:
15. Jorge Luis Martínez García (18 años)
5 años de privación de libertad subsidiado por 5 años de limitación de libertad (sin internamiento) a:
16. Samuel Torres Durán (17 años)
17. Ayan Idalberto Jover Cardoza (17 años)
18. Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17 años)
19. Keyla Roxana Mulet Calderón (17 años)
20. Yeral Michel Palacios Román (18 años)
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: