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La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), junto a las ONG Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) denunciaron ante las Naciones Unidas al gobierno de Cuba por esclavitud y trabajo forzado en las misiones internacionales de la isla.
De acuerdo con un comunicado de Prisoners Defenders, la denuncia ante la ONU se presentó este martes y en la misma se integraron más de mil testimonios de cubanos víctimas de estas formas contemporáneas de esclavitud y trabajo forzado.
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También refieren que ampliaron por tercera vez la denuncia hecha en 2019 sobre este mismo tema ante la Corte Penal Internacional, la cual está en fase de estudio.
Asimismo, aseguran tener evidencias de que las misiones cubanas son un mecanismo del Gobierno cubano con el que se viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos de médicos y de otros profesionales como músicos, marinos, ingenieros, deportistas y educadores.
La nota de Prisoners Defenders asegura que, además de los 1,111 testimonios que han logrado reunir de víctimas de esta práctica del régimen, también “han aflorado numerosos nuevos documentos con validez legal jurídica internacional (Certificados Consulares)”, que demuestran, junto a otros documentos oficiales, cómo víctimas de esclavitud eran “vendidos” a diferentes navieras para trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana.
“El gobierno de Cuba obtiene así el 80% de sus salarios base, quedando dichos salarios en una cuantía inferior a los 80 euros, si bien los trabajos se desempeñaban en puertos y cruceros europeos”, apunta el comunicado.
La denuncia apunta, además, contra la llamada “Ley de ocho años”, mediante la cual se sanciona a los profesionales que abandonan estas misiones o no regresan a la isla cuando terminan sus trabajos.
A ellos se les prohíbe retornar a Cuba por ocho años, al ser considerados “inadmisibles” en el país, según la Ley 1312 de Migración (art. 24.1.e).
La demanda refiere, además, que por las ventas de los servicios profesionales de las misiones internacionales, el gobierno de Cuba percibe ingresos mayores a los que recibe por los servicios del turismo, al menos desde 2005.
Apuntan, también, que en 2018 supusieron una entrada de unos 8,500 millones de dólares (7.492 millones de euros), frente a los 2,900 millones de dólares (2,556 millones de euros) del turismo.
Este miércoles, la denuncia también fue debatida en un encuentro virtual en el que participaron, junto a representantes de Prisoners Defenders, eurodiputados, investigadores, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras personalidades y entidades vinculadas a estos temas.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, consideró en este encuentro que “es un día importante porque se publica la tercera ampliación de la denuncia con testimonios de profesionales civiles cubanos en el exterior, que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acosos y separación de familia”.
“Muchos habrán oídio ya de las famosas brigadas médicas, usadas por el régimen como propaganda para demostrar su denominada solidaridad con otros países, pero tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos 'héroes cubanos' trabajan en condiciones horribles. Condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud”, sostuvo en su intervención virtual para la presentación del informe de la demanda.
“Las cifras y los datos que se presentaron hoy son estremecedoras, y ya va siendo hora de que la gente sepa la verdad, que conozcan la otra cara de las misiones internacionales cubanas. Desentenderse de la situación de los derechos humanos no puede ser el precio por pagar la ayuda humanitaria u otros servicios”, advirtió la eurodiputada.
Charanzová conminó a los gobiernos que reciben estos servicios de Cuba a ser “firmes, exigir cambios y decir NO a la esclavitud y al trabajo forzoso”.
En 2021, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo condenó las prácticas de esclavitud moderna a que son sometidas las brigadas médicas de Cuba en el extranjero.
Con un resultado de 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones, el organismo regional aprobó una histórica resolución de condena la situación política y de Derechos Humanos en Cuba; y donde reconoce que el gobierno de la isla "impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales".
Este martes trascendió también que Estado Unidos buscará acciones efectivas contra el gobierno cubano por su responsabilidad en el tráfico de personas de sus misiones médicas enviadas a terceros países.
“Tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte y Rusia”, apuntó el secretario de Estado, Antony Blinken, durante la reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente Joe Biden (PITF) para monitorear y enfrentar ese delito.
En el encuentro, Blinken recordó la reciente Ley Bipartidista de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures, que reprime los beneficios que China puede obtener del trabajo forzoso patrocinado por el Estado en Xinjiang y otros lugares, y la consideró un ejemplo de cómo Washington puede enfrentar el tráfico de personas alrededor del mundo.
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