Edilio Hernández, abogado en Cuba de Alina López Miyares, la profesora cubanoamericana condenada por un tribunal militar de la Isla por un delito de espionaje, pidió el indulto de su clienta al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Además, este 5 de abril Hernández registró una solicitud de libertad condicional ante el Tribunal Supremo, que deberá trasladarla al Tribunal Provincial de Artemisa, donde se encuentra enclavado el campamento Ceiba IV, en Caimito. Allí López Miyares (La Habana, 7 de agosto de 1958) cumple su cuarto año de reclusión.
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Esta solicitud de libertad condicional, a la que ha tenido acceso CiberCuba, está firmada por Alina Miyares Vall-Llosera, madre de la profesora cubanoamericana, y se ha tramitado contando con que las condenas de tribunales militares en Cuba contemplan la posibilidad de conseguir la condicional cuando se cumple un tercio de la sanción. López Miyares roza este requisito al rebasar 4 de los 13 años dictados en su contra.
Tanto la petición de indulto -presentada el pasado marzo- como la de libertad condicional abogan porque se tengan en cuenta sus 62 años y su salud, deteriorada por afecciones de los riñones, hipertensión y bajo estado de ánimo. También su mamá pide que se contemple que ella tiene 94 años y teme no poder ver libre a su hija, debido a su avanzada edad.
En entrevista concedida a Las Mañanas de CiberCuba, Edilio Hernández aclaró que la petición de indulto busca el perdón de la condena por parte de las autoridades cubanas, mientras que para conseguir la libertad condicional lo que se valora es el comportamiento de López Miyares, que es bueno y, de hecho, ya ella goza de beneficios penitenciarios. Es el caso de los pases de cinco días que ha disfrutado por, entre otros méritos, impartir clases de inglés y otras materias a internas de Ceiba IV.
Por experiencia, Hernández sabe que en Cuba los indultos se otorgan de manera colectiva, como por ejemplo el que Raúl Castro concedió en 2011 a 2,900 presos antes de la visita del papa Benedicto XVI, o los 787 reclusos liberados el año pasado. Se trata, según razona a CiberCuba, de condenados por delitos comunes y, en muchos casos, menores.
También por experiencia sabe que generalmente desde el Consejo de Estado ni siquiera contestan las solicitudes de indulto. De ahí sus pocas esperanzas de conseguirlo.
En cambio sí confía en que pueda haber una respuesta positiva a la libertad condicional siempre que López Millares no sea una "rehén de la Guerra Fría". En todo caso, Hernández cree que el Tribunal Provincial de Artemisa no tomará esa decisión sin "una orden de arriba".
A pesar de que las condiciones penitenciarias en las que vive en estos momentos López Millares no son comparables a los tres años que pasó en el establecimiento penitenciario Mujeres de Occidente, popularmente conocido como Manto Negro, ella ha manifestado a su abogado cubano su desesperación: "No puedo más", le ha dicho en varias ocasiones.
La torpeza de entregar las pruebas del caso
Alina López Millares fue condenada el 2 de octubre de 2017 por un tribunal militar cubano presidido por el teniente coronel Luis Ángel González Hernández y los mayores Yasser Estrada Guerrero, Carlos Martín Rojo Rivero, Iván Lázaro Mena Domínguez y Jesús Leonardo Estévez Pérez.
La sentencia 109/2017 del Tribunal Militar Territorial Occidental la condenó por un delito de espionaje, sancionado con entre 10 y 20 años de cárcel, pero a ella le aplicaron el atenuante de haber presentado dos agendas que sirvieron como prueba de que había mantenido contactos con agentes de la CIA y el FBI en Estados Unidos. A estos funcionarios, ella les facilitó iniciales de ex compañeros de trabajo de su pareja, Félix Martín Milanés Fajardo, teniente coronel en la reserva y condenado también por espionaje a 16 años.
López Miyares nació en Cuba pero en los años 60 emigró a Estados Unidos, donde consiguió la ciudadanía, vivió y trabajó hasta que empezó una relación sentimental con Milanés Fajardo en 2000. Ella en ese momento no sabía que él era un agente de la Seguridad del Estado porque él se presentó como ex diplomático cubano.
Tuvieron una relación en Estados Unidos, que cortaron y luego retomaron al reencontrarse en un viaje que ella hizo a la Isla.
Fue en ese momento cuando la CIA y FBI vieron la oportunidad de buscar información. Ella se negaba hasta que le propusieron 10 mil dólares para sacar a su marido de Cuba. Es este deseo de vivir con él en Estados Unidos lo que la llevó a aceptar el dinero, según explica su abogado cubano, y a dar información irrelevante a cambio.
En enero de 2017, en uno de sus viajes a Cuba, Alina López Miyares fue detenida bajo sospecha de espionaje por supuestamente haber mantenido contactos con agentes de la CIA y el FBI.
Una vez en prisión preventiva, ella mandó a su mamá a buscar en Estados Unidos dos agendas que constituyen las únicas pruebas del caso. Lo hizo aconsejada por su anterior abogado cubano, Abel Solá, al que tuvo que contratar por $5,000 dólares en Consultoría Jurídica Internacional, pese a que ella estaba repatriada y en Cuba no le reconocen la ciudadanía estadounidense para consultas consulares.
Para su actual defensa, Edilio Hernández, este hecho, que en teoría le sirvió de atenuante, es una torpeza, porque sin esas pruebas el caso no se sustentaba más que en meras suposiciones.
Además, él defiende que el atenuante se debió aplicar sobre la mitad de la pena mínima (10 años) y a ella la condenaron a 13, tres menos que a su esposo, que no contaba con este beneficio.
A continuación, la entrevista completa al abogado:
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