Estados Unidos criticó este martes en duros términos la situación de los derechos humanos en Cuba y señaló las severas restricciones impuestas por el régimen cubano a las libertades de los ciudadanos de la isla.
En el primer informe anual que emite la administración de Joe Biden sobre el panorama de derechos humanos a nivel mundial, Cuba es uno de los países señalados con mayor preocupación por el Departamento de Estado.
“En Cuba, las restricciones gubernamentales continuaron suprimiendo las libertades de expresión, asociación, religión o creencia, y movimiento”, declaró en el prefacio al reporte el Secretario de Estado, Antony Blinken.
Aunque el período cubierto por el informe abarca los acontecimientos ocurridos en cada país durante el 2020, es sintomático que la presentación de Blinken mencione directamente a Cuba entre una decena de naciones con graves violaciones en el período, entre ellos China, Rusia, Venezuela y Nicaragua.
Es la segunda vez en que Blinken se refiere a Cuba entre los países con abusos de derechos humanos en el contexto internacional, luego que alzara la voz para señalar al régimen de La Habana en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado febrero.
En varios segmentos del informe se menciona al Movimiento San Isidro (MSI), a su líder Luis Manuel Otero Alcántara y a los raperos contestatarios Denis Solís y Maykel Osorbo, y a la manifestación del 27N, ocurrida en La Habana el pasado noviembre.
“Varios miembros del MSI, como el rapero Maykel Osorbo y la pareja de Otero Alcántara, Claudia Genlui, fueron detenidos, golpeados mientras estaban bajo custodia, chantajeados por la Seguridad del Estado y multados durante el año”, señala la publicación.
También menciona en varias secciones al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), considerando que las autoridades penitenciarias cubanas lo sometieran sistemáticamente a una amplia gama de abusos después de que fuera detenido en octubre de 2019.
La intencionalidad del informe del Departamento de Estado es significativa en momentos en que la administración Biden somete a revisión la política hacia Cuba, considerando que el pilar de las relaciones internacionales de Washington son los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.
El documento define a Cuba como un Estado autoritario, señala que las más recientes elecciones de la cúpula gobernante “no fueron ni libres, ni justas, ni competitivas”, y menciona que “el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario”.
“Entre los problemas significativos de derechos humanos se encuentran los asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; las desapariciones forzadas por parte del gobierno; la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de los disidentes políticos, los detenidos y los prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad”, indicó el reporte.
Los relatores del Departamento de Estado agregan como violaciones las condiciones penitenciarias duras que ponen en peligro la vida, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, la falta de independencia del poder judicial, y la injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad.
“La libertad de prensa fue funcionalmente inexistente. Las leyes de difamación se utilizaron contra las personas que criticaban a los dirigentes del gobierno. El gobierno ejerció la censura y el bloqueo de sitios de Internet, y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural, al derecho de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes”, relacionó el reporte.
En la sección dedicada a la privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos, el reporte registra los casos del joven Hansel Hernández Galiano, ultimado a manos de la policía en circunstancias no esclarecidas, y de Roberto Jiménez del Sol, quien murió bajo custodia militar tras pasar un mes en régimen de aislamiento en medio de una investigación sobre fondos desaparecidos.
El reporte afirma que al menos ocho presos fallecieron bajo custodia en circunstancias sospechosas, y reconoce que otras seis muertes fueron documentadas por la organización no gubernamental Archivo Cuba.
En las siete secciones del documento se incluyen además referencias y denuncias a:
- Informes recurrentes sobre acoso, intimidación y agresiones físicas de agentes policiales contra defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, con total impunidad de los agresores.
- Aislamiento, agresiones, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica a presos que protestaron o realizaron huelgas de hambre en las cárceles.
- El gobierno amplió los poderes de detención arbitraria con el pretexto de controlar la pandemia de COVID-19.
- La policía y los agentes de Seguridad del Estado recurrieron a detenciones breves y a veces violentas para impedir la actividad política independiente y la libertad de reunión.
- No se reconoce el periodismo independiente, y los periodistas independientes se enfrentaron con frecuencia al acoso del gobierno, que incluyeron la detención y los abusos físicos.
- El gobierno se negó a mejorar la transparencia de su programa de misiones médicas o a abordar las preocupaciones sobre el trabajo forzoso, a pesar de las persistentes denuncias de antiguos participantes, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros.
El documento también dedica fuertes denuncias al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, considera ilegítimas las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, y acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos.
Respeto a Nicaragua, Blinken dedicó en el prefacio agudas menciones al "régimen corrupto" de Daniel Ortega por aprobar “leyes cada vez más represivas que limitan gravemente la capacidad de actuación de los grupos políticos de la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”.
El Departamento de Estado criticó además que los agentes cubanos se desplegaron con frecuencia en países como Venezuela y Nicaragua, donde entrenaron y apoyaron a otras organizaciones en el uso de tácticas represivas contra los derechos humanos y, en ocasiones, participaron directamente en los abusos contra los detenidos.
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