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La organización Archivo Cuba entregó al Departamento de Estado un informe detallado sobre las prácticas de "trabajo forzado" a las que somete el gobierno cubano a los médicos en misiones en el extranjero, confirmó este jueves a CiberCuba, la directora ejecutiva de la entidad, María Werlau.
El documento es el resultado del trabajo de investigación en equipo de Victims of Comunism Memorial Foundation, Global Liberty Alliance, ambos con sede en Washington, D.C. y de Archivo Cuba.
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El informe aborda los abusos del régimen cubano, según los criterios establecidos en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA) y los acuerdos internacionales para combatir la trata que definen el trabajo forzoso u obligatorio como "esclavitud moderna", apuntó Werlau.
El trabajo forzoso, explica la ejecutiva, incluye reclutar, albergar, transportar personas para proveer servicios y obtener ganancias- utilizando fuerza o amenazas físicas, la coerción psicológica, abusos legales, el engaño u otros medios coercitivos para obligar a alguien a trabajar, en determinadas condiciones.
"Una vez que la mano de obra de una persona es explotada por tales medios, el consentimiento previo de la persona para trabajar para un empleador es legalmente irrelevante: El empleador es un traficante y el empleado una víctima de la trata de personas"; recuerda el informe de Archivo Cuba presentado al Departamento de Estado norteamericano.
María Werlau califica de "gigantesco y opaco" el negocio en que el estado cubano sigue involucrado, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales para enviar trabajadores temporales a diversas partes del mundo.
Cuba parece ser el único estado que se involucra en esta práctica no sólo con corporaciones privadas (como lo hace Corea del Norte) sino directamente en contratos bilaterales oficiales apunta el informe en sus conclusiones, y señala que esta singular práctica de "esclavitud moderna" data de 1962, cuando Cuba envió sus primeras brigadas médicas a Argelia.
Hasta 2010, los pagos recibidos en las arcas oficiales por esta modalidad de "trabajo esclavo" fue un secreto de estado muy bien guardado, asegura el informe, que lamenta cómo el tráfico de mano de obra cubana ha prosperado gracias a la complicidad de muchos gobiernos aliados, que también cosechan beneficios políticos y económicos, y a la impunidad otorgada por la comunidad internacional, añade el documento.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en una entrevista con la agencia AP, en octubre de 2019, cuando le preguntaron sobre las prácticas laborales con médicos cubanos, dijo: "En primer lugar, hay que decir que se inicia una campaña mendaz y calumniosa contra la cooperación médica cubana que beneficia a más de 70 países en este momento. Hay acusaciones verdaderamente ridículas de esclavitud moderna, de tráfico de personas. Más de 400.000 profesionales de la salud cubanos, de forma voluntaria, han viajado a otros países para prestar servicios de salud, especialmente a familias de bajos ingresos y a menudo en lugares remotos.
Se trata -dijo Rodríguez- de una labor totalmente humanitaria, absolutamente separada de cualquier interés político. Esto suele ocurrir por acuerdo entre el científico o el médico altamente especializado y la institución de salud a la que pertenece, y a veces se le pide que retrase un tiempo su salida definitiva del país, pero puedo asegurar que esto ocurre de común acuerdo.
Al abordar el destierro de ocho años con los que su gobierno castiga a los médicos que abandonan su trabajo en el extranjero, el canciller reconoció que existen leyes, "como las que existen en muchos países", y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la "politización" de las relaciones migratorias entre el gobierno cubano y sus ciudadanos.
Rodríguez, sostiene el informe de Archivo Cuba, tergiversó entonces el Programa CMPP como si cubriera a otros profesionales, aunque sólo era para personal médico cubano en terceros países, al ser considerados víctimas del tráfico de personas y mintió al afirmar que los diplomáticos estadounidenses estaban obligados a incitar a los cubanos a ir a los EE.UU.
Para Archivo Cuba resulta evidente que las leyes cubanas limitan la entrada y salida del territorio nacional de sus ciudadanos, violando el derecho internacional, y tildó de "franca prevaricación", las afirmaciones de Bruno Ropdríguez que, además, forman parte del discurso oficial de diplomáticos y dirigentes cubanos.
María Werlau recordó a CiberCuba que el Informe sobre la Trata de Personas de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que asignó a Cuba una clasificación de nivel 3, concluyó que el gobierno de la isla no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.
Cuba tampoco tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero, pese a las reiteradas denuncias de que los funcionarios cubanos amenazaron y coaccionaron a algunos participantes para que permanecieran en el programa.
Lo más lamentable, concluye Werlau es que las leyes de Cuba no prohíben el trabajo forzoso, como se define en el derecho internacional.
Recientemente, Naciones Unidas calificó de "trabajo forzoso" la labor de médicos y profesionales de la salud cubana en el extranjero.
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