Una madre cubana y su hijo que podían haber ido a la cárcel por no tener dinero para pagar una multa de 4000 pesos recibieron ayuda monetaria para saldar esta deuda con las autoridades de la Isla.
Namarys Bolaños aseguró que un amigo identificado como Rayco Leng les había enviado el dinero para pagar las multas.
"Que Dios me lo bendiga a él y toda su familia", dijo la madre agradecida.
La historia de Namarys Bolaños y su hijo Cristian Lázaro Pérez Bolaños se conoció luego de que la madre denunciara en redes sociales que un policía los escogió al azar cuando ambos intentaban comprar algo de comer en la tienda del América.
El policía les impuso multas a cada uno por un valor de 2000 pesos mientras estaban en la cola para poder comprar alimentos.
“Como no tenemos ese dinero para regalárselo a ellos, iremos presos. Besos a todos. Así está Cuba, Mary”, dijo la madre, quien agregó que probablemente iría a prisión por no pagar la multa.
Durante la pandemia de coronavirus, las multas a los ciudadanos han aumentado considerablemente en la Isla. Según el Consejo de Defensa Provincial (CDP), más de 10 400 multas se han impuesto en La Habana desde la puesta en marcha del “sistema de inspección” que pretende detectar y sancionar infracciones “por incumplimiento de normas de bioseguridad”.
Esta semana la policía cubana impuso una multa de 2 000 pesos a un hombre que ejercía de mensajero en el Consejo Popular Párraga, en La Habana, a pesar de que tenía una identificación firmada por el delegado de la circunscripción que le autorizaba a salir.
También fue multado con 2000 pesos un residente en Marianao, por llevar encima un paquete de pollo en un municipio distinto al suyo.
Por otra parte, una madre cubana fue multada con la misma cantidad de dinero tras salir a buscar medicamentos y comida para su hija enferma.
El presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra Infante, ha declarado que el decreto 14/20 tiene como función principal la prevención y cuenta con “medidas coercitivas rigurosas” que impiden la impunidad, con lo cual el gobierno de la provincia ha recaudado más de 20 millones de pesos desde el 1 de septiembre, fecha en la que el decreto entró en vigor.
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