El gobierno cubano anunció este lunes una cruzada legal contra los sitios de compra-venta en Internet que proliferan en la Isla y los acusó de contribuir a legitimar el mercado negro y a ejercer "actividades no autorizadas".
Un artículo del portal oficialista Cubadebate señala que las plataformas que anuncian productos en la red trasladan al mundo virtual "las mismas manifestaciones de ilegalidad y corrupción existentes en una parte del comercio tradicional", como el acaparamiento, la reventa y los precios multiplicados.
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El reportaje llama a frenar lo que considera "una práctica desgastante para Cuba", y a crear recursos legales para combatir la promoción de productos por esta vía. Asimismo, señala tres grupos de ofertas, de las cuales dos, se consideran ilegales.
En Facebook, páginas como Revolico y grupos de WhatsApp se venden tanto "productos o servicios autorizados por las legislaciones vigentes", como "mercancías importadas y (…) equipos o productos vendidos en las tiendas cubanas", lo cual puede ser sancionado por las autoridades.
"Tanto la comercialización de productos importados como la reventa de otros adquiridos en la red de establecimientos comerciales viola lo establecido en el país. Asimismo, para quienes pertenecen al sector no estatal, también contraviene lo dispuesto para el ejercicio de su actividad", subraya el texto.
Aunque varios cubanos afirman que la comercialización de productos importados debería legalizarse ya que el vendedor paga impuestos aduanales para entrarlos al país, los juristas consultados por la publicación gubernamental coincidieron en que la venta de estos artículos es ilegal y podría ser juzgada por la Ley.
Sobre el uso de plataformas de Internet afirmaron que "para un tribunal no existe diferencia entre una violación cometida en el plano físico o en el virtual".
Jorge Luis Barroso González, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, explicó que lo relevante está en el carácter de la actividad, y no tanto en las maneras o soportes de realizarla.
"Si es una acción ilícita esa condición no cambia si ocurre en el portal de una casa, en un mercado o en Internet. Lo ilegal no radica en el modo, sino en el contenido del hecho", comentó.
Trabajadores del sector privado
La presidenta del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Elena Margarita Cabrera Figueroa, aseguró por su parte que "la mayoría de las conductas vistas en estas páginas y grupos podrían configurar delitos de receptación, así como de especulación y acaparamiento".
Los casos que vinculen a algún trabajador del sector privado también están sujetos a un grupo de medidas administrativas aprobadas para sancionar las contravenciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, afirmó.
El Decreto Ley No. 357 del 2018 prevé desde las notificaciones preventivas hasta la confiscación de la vivienda.
Por ejemplo, violar el alcance de la actividad —una de las faltas cometidas con mayor frecuencia en el sector—, recibe una multa de dos mil pesos cubanos y la cancelación de la licencia por el plazo de hasta dos años, explicó la experta.
"Los jueces tenemos la posibilidad de interpretar los artículos y contamos con las herramientas para hacerlo. Lo importante es que nuestro pensamiento marche parejo a la evolución de la sociedad", consideró la jurista Arianny Casas.
La mujer señala que “enfrentar estos delitos” sería más fácil si se incorporara un título al Código Penal dedicado al uso de las plataformas virtuales.
Tribunal de Villa Clara juzgó a una persona por delitos relacionados a la compra-venta en Internet
De acuerdo con el reportaje, este mes de junio un tribunal de Santa Clara recibió el primer caso de un individuo vinculado a las prácticas de compraventa en Internet.
El acusado es un hombre que se dedicaba a comprar electrodomésticos en las nuevas tiendas en dólares que abrió la isla el pasado año para luego venderlos a mayor precio en páginas virtuales, indicó la publicación.
La compraventa de productos en sitios virtuales de Cuba es una práctica que surgió hace años, cuando los pocos cubanos con acceso a Internet vieron la oportunidad de colgar sus anuncios para comprar o vender en la pionera de estas páginas, Revolico.
Con la ampliación del acceso a internet de más residentes en la isla, las páginas dedicadas a promocionar esta práctica se ha multiplicado en diferentes escenarios virtuales que van desde la red social Facebook hasta WhatsApp.
La práctica ha escalado dadas las carencias en Cuba, donde las familias no encuentran en las tiendas estatales los artículos que necesitan para suplir sus necesidades básicas.
El desabasto, la inconstancia en la venta de algunos artículos de primera necesidad, e incluso los altos precios que pone a los productos el gobierno, han facilitado que estos sitios virtuales ganen popularidad y se hayan convertido en la alternativa a la escasez generalizada en el país.
Por ejemplo, el domingo una cubana de Caibarién denunció en Facebook que los perros calientes que vende el gobierno en las tiendas han subido de precio durante la pandemia del coronavirus de 2.50 CUC hasta 3.00 CUC el paquete.
"¿Hasta dónde van a llegar esos precios? Nos hemos acostumbrado a quedarnos callados ante todo y realmente es una falta de respeto lo que tienen con el pueblo", escribió Angela Sañudo Rodríguez.
La ineficiencia del Estado para sostener un servicio, como el de las compras a domicilio que tardan hasta 12 días en llegar al cliente, también han generado nuevos nichos en estos mercados virtuales, que ya ofrecen productos de la canasta básica con entrega rápida en el domicilio.
Durante la pandemia del coronavirus el régimen cubano ha implementado una redada contra las ilegalidades en el país y la ha dado a conocer en Televisión Nacional a través de una serie de juicios ejemplarizantes publicados frecuentemente.
El pasado 3 de junio el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que esta arremetida contra actos ilícitos presuntamente cometidos por personas comunes de la sociedad y cuyos arrestos son televisados violando la presunción de inocencia del detenido, son un mecanismo para intimidar a la población en medio de la pandemia por coronavirus.
Hasta el momento no se ha mostrado la detención, o ninguna acción contra algún miembro del gobierno o funcionario, que son las personas más señaladas por la población del país como corruptas.
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