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Un operativo policial ejecutado en la provincia de Las Tunas, a la caza de ilegalidades, resultó en arrestos y decomisos de mercancías.
Los presuntos autores principales de los hechos fueron el chofer de un camión de productos lácteos del municipio tunero de Puerto Padre, y su ayudante.
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Ambos son responsables de haber usado el medio de transporte estatal para descargar ilegalmente mercancía de tipo agropecuaria como plátanos en un domicilio particular en la calle Jesús Argüelles del reparto Casa Piedra, indicó un reporte del noticiero de la televisión cubana este domingo.
En la vivienda también fueron hallados otros productos de agromercados y un taller furtivo de soldadura con objetos de fabricación artesanal como ventanas.
El operativo policial se emprendió después de que los propios vecinos de la comunidad denunciaran los altos precios con que se comercializaban allí las mercancías.
“La gente se molestó porque verdaderamente le estaban exigiendo precios muy por encima de lo que han establecido las autoridades gubernamentales”, dijo al llamado Sistema Informativo, Bárbaro Batista Labrada, delegado de circunscripción.
“Este producto no se le puede vender a la población, debe ir directo a los centros de aislamiento y los hospitales”, explicó Yunieski Ávila, un trabajador de acopio.
Los involucrados están bajo proceso legal y se les decomisó también todo lo correspondiente al taller de soldadura.
En medio de la crisis del coronavirus, las autoridades de la Isla han acometido otras labores de detección de ilegalidades que, en su mayoría, son movidas por la falta de recursos en un país donde el salario promedio ronda los 40 dólares mensuales.
Además, tales “delitos” están igualmente condicionados por la incapacidad gubernamental de asegurar las mercancías más elementales a la población, al tiempo que insiste en los efectos del embargo estadounidense para la economía nacional.
Días atrás le fue retirada la licencia a un cuentapropista en La Habana, luego de llegar a la policía una denuncia hecha por un presunto comprador quien observó una adulteración de precios en la venta de productos agropecuarios.
El acusado está pendiente de juicio por el delito de “actividad económica ilícita”. Contra él, fue lanzado un operativo conjunto de la PNR y la Dirección General de Supervisión y Control del municipio Cerro, basado en el Decreto Ley 357, que regula el trabajo por Cuenta Propia en Cuba.
De igual modo, al hombre le confiscaron la mercancía, que supuestamente sería destinada luego al hospital Salvador Allende, en La Habana, donde alimentaría a pacientes del coronavirus en esa instalación.
El caso se encuentra a la espera de juicio oral, pendiente junto a otros en medio del escenario del coronavirus. Varios de las transgresiones a procesar son por “propagación de epidemia, desobediencia, actividad económica ilícita, especulación, acaparamiento, entre otros”.
Los cubanos que incumplen las medidas sanitarias impuestas por el podrían enfrentar también una sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 300 cuotas o ambas.
En fechas recientes, las autoridades cubanas también han multado por 3 mil pesos cubanos a aquellos que ponen publicaciones subidas de tono en las redes sociales contra los intereses del régimen, una sanción que se basa en el Artículo 68 del Decreto Ley 370, publicado en la Gaceta de Cuba el 4 de julio de 2019 y que, básicamente, regula la libertad de expresión de los internautas aún en sus cuentas personales de las distintas plataformas.
Hasta este lunes, Cuba reportó 52 nuevos casos confirmados de coronavirus, lo que representa un ascenso a 1087 pacientes diagnosticados con esa enfermedad. Un total de 36 personas en la Isla, han perdido la vida a causa del brote.
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