A un cuentapropista en La Habana le fue retirada la licencia y está pendiente de juicio por el delito de “actividad económica ilícita”, tras la denuncia de un supuesto comprador que dijo que había adulteración de precios en la venta de productos agropecuarios.
En declaraciones a la Televisión Cubana, Marlon Rodríguez Santiesteban -el supuesto cliente- explicó que en el lugar no había tablilla de precios y que al preguntar por el coste de algunos productos, como la cabeza de ajos, la libra de malanga y el chícharo verde, notó que los precios estaban muy elevados.
Denunció a las autoridades municipales y el resultado fue un operativo conjunto de la PNR y la Dirección General de Supervisión y Control del municipio Cerro, basado en el Decreto Ley 357, que regula el trabajo por Cuenta Propia en Cuba.
En una aleccionadora puesta en escena, el reportaje precisa que el mercado ilegal estaba enclavado en la propia vivienda del acusado, y que en el lugar trabajaban dos personas sin autorización, a los que les impusieron multas de 2 mil pesos.
En el caso del cuentapropista, Rolando Jerez Núñez, además de la apertura de una acusación formal por “actividad económica ilícita”, le retiraron la licencia y le confiscaron la mercancía, que habría sido destinada al hospital Salvador Allende”, en La Habana, para alimentar a pacientes del coronavirus, según subraya el reportaje del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El valor estimado -en precios topados- de los productos agropecuarios incautados fue de 27 mil pesos.
Uno de los policías entrevistados explica que el arrestado había sido advertido en ocasiones anteriores y que incluso ya había sido multado.
El reportaje precisa que el caso descrito es apenas uno de los que se encuentran a la espera de juicio oral en el actual contexto del coronavirus, y precisó que la mayor parte de los casos pendientes son por "propagación de epidemia, desobediencia, actividad económica ilícita, especulación, acaparamiento, entre otros".
Hasta el momento se han celebrado 23 juicios en La Habana, que en su mayoría han acabado con privación de libertad para los responsables.
Más allá de la vieja batalla del gobierno cubano por el respeto a los precios topados, desde que comenzó la pandemia de coronavirus la imposición de multas y las amenazas con años de cárcel a quienes incumplan unos u otros requisito, han aumentado.
Las autoridades advirtieron recientemente que los cubanos que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus podrían enfrentar sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 300 cuotas o ambas.
La ley precisa que quien se niegue a colaborar con las autoridades sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios colindantes expuestos a la propagación, podrá enfrentar similares condenas.
Por estos días, las autoridades cubanas también han estado multando con 3 mil pesos a aquellos que pongan publicaciones en las redes sociales contra el gobierno, apoyándose en el Artículo 68 del Decreto Ley 370, publicado en la Gaceta de Cuba el 4 de julio de 2019 para regular las publicaciones de los cubanos en las redes sociales.
Recientemente, el gobierno cubano anunció también que podría castigar con hasta 4 años de cárcel a las personas que difundan noticias falsas o predicciones maliciosas sobre el coronavirus.
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