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Periodistas, activistas y artistas cubanos crearon una campaña contra el Decreto 370 o Ley Azote en la plataforma Avaaz.org, donde ya se han registrado más de 600 firmas en 24 horas.
En el texto criticaron que, "sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus", la Seguridad del Estado "ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general" amparándose en este decreto.
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En este sentido denunciaron que el motivo de esta actitud represiva se debe a las publicaciones en redes sociales "que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar".
La policía política ha obligado incluso a los sancionados a abandonar el aislamiento social pues constantemente cita a interrogatorios policiales", lamentaron.
Entre los firmantes figuran liana Hernández Cardosa, Lázara Eumelia Ayllon Reyes, Boris González Arenas, Camila Acosta Rodríguez, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ovidio Martín Castellanos, Ángel Santiesteban Prats, Luis Manuel Otero Alcántara, José Raúl Gallego Ramos, Tania Brugueras Fernández, Laritza Diversent Cámbara, Henry Couto Guzmán, Yeris Curbelo Aguilera, Karelia Contreras Manzano, Jiordan Marrero Huerta, Diosbani Zalazar Rodríguez, Esteban Rodríguez López, Moisés Leonardo Rodríguez y Iván García Quintero.
En el texto de la campaña comunicaron que a partir de este momento, "nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos".
También exigieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular o a su Consejo de Estado que elimine el artículo 68, inciso i) del Decreto, que se ordene al Ministerio de Comunicaciones (MINCON) abstenerse de aplicar este decreto "hasta su total eliminación", además de anular todas las multas impuestas hasta el momento.
Además pidieron que se devuelve el dinero a aquellos que han pagado las multas, así como los equipos confiscados, someter a procedimientos disciplinarios a los funcionarios que se excedieron de sus funciones (los del MINCOM), y a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio (los de seguridad) a los sancionados.
Asimismo los firmantes exigieron que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la libertad inmediata del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, "encarcelado por ejercer la prensa libre", y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.
"Sabemos que, al asumir esta postura, sobre nosotros caerá la furia de un sistema con resoluciones legales, pero espurias; y que corremos el riesgo de ir a prisión", explicaron.
"Somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y estamos dispuestos a asumirlas", añadieron.
Los activistas señalaron que el Decreto 370 vulnera la Constitución de Cuba, cuyo artículo 54 establece que el Estado "reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión".
Los denunciantes alertaron que el "excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano".
"Pocos cubanos podrían disponer de tales recursos. El 370 es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor", afirmaron.
El decreto, que fue publicado en la Gaceta Oficial de Cuba el 4 de julio de 2019, regula la llamada informatización de la sociedad en el país, y establece multas de 3.000 CUP a los ciudadanos e incluso de 10 000 CUP a las personas jurídicas si incurren en ese supuesto delito.
La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez fue la última víctima de este decreto después de que la Seguridad del Estado la multó con 3000 pesos en moneda nacional por realizar su labor como reportera.
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