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El gobierno de Cuba prohibió -hasta nuevo aviso- que familiares y abogados visiten a los presos preventivos, pero no ha aclarado si ha tomado igual medida con los policías y sus interrogatorios durante la fase de instrucción en medio de la epidemia de coronavirus, reveló a CiberCuba una jueza cubana, que pidió no ser identificada.
"Si la medida tiene por objeto el proceder contra el coronavirus, debe suspenderse también toda tramitación del expediente donde figura el acusado, incluyendo los interrogatorios de los instructores, que también implica una aproximación física, dado que en Cuba no existen salas diseñadas para verse a través de un cristal", dijo la magistrada, que se desempeña en un tribunal provincial.
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Si un instructor policial puede interrogar, todos los días, a una persona investigada, ¿por qué no su abogado defensor que -de hecho- lo hace usualmente una vez a la semana?, cuestionó la jueza.
Esta "anomalía jurídica" vulnera el debido proceso y las garantías procesales del acusado, las que, por otro lado, no están modificadas por ninguna norma legal, recordó.
Las garantías procesales están en la ley de procedimiento penal, "habrá que ver en cuál normativa se basó el gobierno (cubano) para disponer la suspensión de entrevistas entre abogados y sus defendidos en prisión preventiva "porque esa facultad sólo la tiene el Primer Ministro, y no los ministros de Justicia e Interior", recordó la jueza.
Con la nueva medida, "los abogados pueden acudir a las unidades de instrucción policial, proponer pruebas y revisar actuaciones, pero no pueden comunicarse con su defendido, ni éste con su abogado, con lo cual el derecho objetivo a la defensa queda vulnerado y el investigado en situación de indefensión jurídica", subrayó..
"Un detenido sin posibilidad de intercambio con su defensor, en medio de una emergencia sanitaria, y sujeto al arbitrio de instructores policiales", puede convertirse en una prueba contundente de vulneración de las garantías legales, alertó la magistrada.
El gobierno cubano, que no ha informado oficialmente de la medida, tampoco ha aclarado si permitirá el contacto telefónico entre los presos preventivo, sus familias y abogado defensor, circunstancia que no está prevista en la legislación cubana, en tiempos normales.
"Quizá debieron valorar mejor esta decisión y consultar con los juristas; no siempre las prisas son buenas consejeras en Derecho, sobre todo en el penal, donde la suerte de un investigado depende -en buena medida- de que se respeten sus garantías y de actuaciones policiales acordes a la ley", concluyó.
Un abogado independiente cubano dijo a CiberCuba que no puede valorar la medida de suspensión de visitas de familiares y abogados defensores a presos preventivos "porque no la conozco, no se ha publicado, pese a ser una medida extraordinaria, que debe estar sujeta a ley".
"Pero no me extraña que lo hagan porque la epidemia de coronavirus ha modificado la táctica represiva del gobierno cubano que apuesta por operaciones de maquillaje político y de prensa como los casos de la Pastora protestante Ayda Expósito Leyva, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el opositor político José Daniel Ferrer.
"Díaz-Canel está haciendo una política represiva inteligente, aumentando la represión en las calles y aflojando en aquellos casos de repercusión mediática internacional y ese cambio se produjo no por el coronavirus, sino tras el chasco que se llevó Bruno Rodríguez (ministro de Relaciones Exteriores) en su visita a Ginebra y en entrevista con Michelle Bachelet", apuntó el abogado, vinculado a un bufete especializado en defender a presos políticos y opositores.
Cuando empezó el coronavirus, valoramos que "el gobierno establecería, de facto, una tregua política, pero lo que ha hecho es atender los reclamos internacionales por determinados casos y aumentar la represión, como demuestra su comportamiento en los meses de marzo y abril, los más represivos, hasta ahora, precisó el letrado.
Los próximos "gestos de imagen pública que intentará el gobierno (cubano) será la excarcelación del periodista independiente Roberto Quiñones Haces y el Pastor protestante Ramón Rigal, pero la opinión pública internacional y cubana no debe dejarse engañar con esas maniobras porque ambos están en sus términos de libertad condicional", alertó el abogado.
Quiñones fue condenado a un año de prisión, siendo reincidente, puede solicitar su libertad condicional al octavo mes de condena; explicó el abogado.
En el caso del Pastor Rigal,condenado en abril de 2019 a dos años y medio de cárcel, junto a su esposa Ayda Expósito tras decidir que sus hijos no recibirían el adoctrinamiento político que tiene lugar en las escuelas cubanas, podría acogerse a la libertad condicional en julio próximo, cuando extinguirá la mitad de su pena, ser un recluso "primario", explicó el letrado.
"Pero, insisto, son operaciones de maquillaje político para generar la imagen falsa de que Cuba libera presos en tiempos de coronavirus; mientras reprime con la misma intensidad que antes y mantiene en sus cárceles a más de cien presos políticos", concluyó.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió "descongestionar las cárceles" y CiberCuba sugirió, en un editorial, una excarcelación parcial inmediata, ante el avance del coronavirus.
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