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El Gobierno de Cuba debe proceder a una excarcelación parcial inmediata -lo más amplia posible y en correspondencia con sus propias leyes- ante el avance de la epidemia de coronavirus y con especial atención a los reclusos de mayor edad, con enfermedades crónicas, incluidas las respiratorias, y los encarcelados por motivos políticos, excepto los condenados por delitos de terrorismo.
La población penal cubana ronda los 100 mil reclusos, de ellos 125 por motivos políticos, según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que ha instado a La Habana a proceder a un alivio de la cifra de penados.
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Según un informe del World Prison Brief, que analiza las situaciones en 222 naciones del mundo, Cuba ocupa el sexto lugar en el listado de países con mayor porcentaje de presos: 510 presos por cada 100 mil habitantes. El gobierno cubano no ha ofrecido cifras actualizadas de prisioneros desde 2012, cuando abrió sus cáceles a visitas propagandísticas con la prensa internacional y reconoció 57 mil 336 presos.
El sistema legal cubano -desde el punto de vista técnico- permite la aplicación rápida de un grupo de figuras jurídicas como son el indulto, la licencia extrapenal, la libertad condicional, la sustitución de medidas cautelares para quienes están en prisión provisional en espera de juicio.
Pero, hasta ahora, las autoridades cubanas no han movido un dedo en esa dirección. Quizás porque aún padecen cierta desorientación, después de negar inicialmente la gravedad de la pandemia o simplemente porque les falta voluntad política.
Tecnócratas verde olivo y burócratas comunistas deben alcanzar un consenso mínimo en torno a un tema sensible por sus implicaciones políticas y humanitarias.
Un brote de coronavirus en una prisión sería un revés sin paliativos para el castrismo, ya desgastado por la creciente contestación social ante la represión política y el deterioro de la situación económica, que ha provocado más de 24 mil 600 desempleados en la isla, especialmente en el sector privado y en el turismo, dos de los motores de la anémica economía cubana.
Cada cubano preso representa a una familia angustiada, sobre todo, cuando una epidemia mortal zarandea a la isla y las Naciones Unidas han recomendado a sus miembros que -frente al coronavirus- adopten excarcelaciones selectivas, con especial énfasis en reclusos mayores y enfermos crónicos.
La nueva Constitución “favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad” y este extremo fue usado como argumento por el régimen cubano para justificar el indulto, el pasado año, de dos mil 604 presos, en beneficio de quienes habían cumplido al menos un tercio de la pena y tenían buena conducta, sin estar envueltos en crímenes como homicidios y violaciones, es decir, crímenes no violentos.
Los beneficios a reos -aunque escasos- no son extraños en la política penitenciaria. Otros indultos significativos se produjeron en 2015, en enero fueron liberados 53 presos políticos, como gesto de buena voluntad por la distensión con Estados Unidos. En septiembre, Cuba liberó a tres mil 522 presos por la visita del Papa Francisco.
En 2016, fueron indultado 787 presos; y en diciembre de 2011: dos mil 991 presos fueron excarcelados, por razones humanitarias, ante la visita del Papa Benedicto XVI, que viajó a la isla al año siguiente.
En 1998, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, Fidel Castro indultó a 299 presos. Un indulto masivo, sobre todo para que emigraran a Estados Unidos y otros países, se produjo en 1979, cuando fueron liberados tres mil 600 presos políticos, en su mayoría cumplieron más de 15 años de privación de libertad.
Estados Unidos, Irán, Afganistán y Etiopía han comenzado a sacar de sus cárceles a contagiados por COVID-19 y a otros presos en situación de riesgo epidemiológico, atendiendo además a sus perfiles delictivos y disciplina carcelaria.
El pueblo cubano vive asustado por una epidemia que ha provocado ya 24 mil 354 muertos y más de medio millón de contagiados y que afecta a la isla en medio del agravamiento de la crisis económica estructural generada por la ineficiencia comunista y el recrudecimiento de las sanciones norteamericanas.
El Gobierno de Cuba debe cesar en su maniquea propaganda exaltando las cifras de muertos y enfermos en Estados Unidos y sus intentos de presentar como solidaridad las operaciones mercantiles de venta de servicios médicos a países extranjeros.
Cuba no puede seguir apostando a la excepcionalidad en un mundo globalizado, injusto y con retos sanitarios, de alimentación, ecológicos y de flujos migratorios descomunales. La verdadera rareza es el contagio explosivo del coronavirus en los cuatro puntos cardinales del planeta.
El gobierno todavía está a tiempo de mostrar un poco de esa humanidad que ofrece al mundo, en sus discursos, con un gesto claro hacia un colectivo vulnerable como son los reclusos, incluidos los reos por causas políticas; salvo que la frase del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz de unirse por encima de diferencias políticas y religiosas, sea otro gesto para la galería propagandística.
La virtud y la solidaridad no son patrimonio de ningún partido, sino cualidades humanas que abundan entre los cubanos de cualquier latitud ideológica, pero la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones justas corresponde a quienes ostentan el poder.
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