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La administración de Donald Trump tendrá en sus manos una decisión crucial sobre Cuba en los próximos días: ¿permitir las demandas de compañías y ciudadanos estadounidenses contra entidades extranjeras radicadas en la isla o cerrar filas con sus aliados de Europa y Canadá que se oponen al alcance extraterritorial de la ley Helms-Burton?
Después de 23 años de suspensiones sistemáticas del controversial Título III de la legislación, para Estados Unidos ha llegado la hora cero en medio de un creciente agravamiento de tensiones con el régimen cubano.
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"Con el tema de la implementación de la ley Helms-Burton hemos entrado en una segunda etapa de Guerra Fría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos", comentó a CiberCuba el académico Andy Gómez, profesor retirado de la Universidad de Miami.
Con el tema de la implementación de la ley Helms-Burton hemos entrado en una segunda etapa de Guerra Fría en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
Este miércoles, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos suspenderá por dos semanas más -del 18 de abril al 1 de mayo- la aplicación del título III de la ley Helms-Burton. La decisión impide que tribunales estadounidenses acojan demandas legales para buscar compensación de las compañías extranjeras que negocian con propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
Los aplazamientos del capítulo III tienen una larga historia, desde que la llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba fue aprobada en 1996 con el fin de reforzar el embargo. Todas las administraciones anteriores suspendieron la cláusula cada seis meses, aludiendo a la protección de intereses nacionales, pero Trump rompió con la práctica el pasado 16 de enero, cuando la postergación fue solo de 45 días.
A comienzos de marzo el plazo se acortó a 30 días, con la novedad de que podían demandarse unas 200 compañías cubanas, incluidas en una lista negra del Departamento de Estado por estar controladas por los militares, como la corporación GAESA.
Hasta el momento no se han presentado demandas contra compañías cubanas aprovechando esa provisión temporal. El gobierno cubano no reconoce la Helms-Burton y la considera "una ley genocida que viola el derecho internacional", según el presidente Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, la prórroga de dos semanas parece una movida táctica. El anuncio coincidió con la visita a Washington de 28 ministros de asuntos exteriores que representan a países miembros de la OTAN en ocasión del 70 aniversario de la organización.
"Pudo tratarse de un gesto conciliador con cancilleres de países que se han opuesto a la aplicación del capítulo III al mismo tiempo que Estados Unidos busca apoyo de la Unión Europea para una solución en Venezuela, pero no parece que hay horizonte para más plazos después de estas dos semanas", opinó el historiador Juan Antonio Blanco, director de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba, con sede en Miami. "Es insostenible seguir postergando la decisión".
La crisis de Venezuela forma parte de la ecuación que Estados Unidos esgrime para criticar a Cuba por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro y apretar las clavijas de la ley Helms-Burton. Pero el espaldarazo de Europa y Canadá a la cruzada estadounidense por la restauración del orden democrático venezolano desentona con la intención de Washington de permitir demandas contra compañías de sus propios aliados.
Los conglomerados hoteleros españoles Melia e Iberostar, la corporación canadiense Sherritt International, las aerolíneas Air France-KLM y Deutsche Lufthansa AG, el grupo británico-holandés Unilever NV y la firma suiza Nestle figuran como posibles blancos de acciones legales si se activa la polémica cláusula.
El próximo paso deberá comunicarse el 18 de abril y la decisión podría abrir las compuertas a una avalancha de demandas en los tribunales de Estados Unidos. Un día antes, el 17 de abril, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, participará en Miami en un almuerzo con veteranos de la Brigada 2506 y los exiliados cubanos aguardan por una "noticia positiva".
Los pronósticos de los analistas consultados por CiberCuba coinciden en que el título III será implementado.
"Estoy optimista, porque hemos avanzado en tres meses lo que no avanzamos en 23 años", dijo el abogado cubanoamericano Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba. Gutiérrez representa de 500 familias cubanas expropiadas por el régimen de Fidel Castro. Su propia familia, Gutiérrez Castaño, fue despojada de los centrales azucareros San Agustín (renombrado como "Osvaldo Herrera") y Pastora ("Ramón Balboa), en la zona de Cienfuegos, ambos desmantelados en el 2002.
¿Quiénes podrían presentar las demandas? Hay actualmente 5,913 reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, valoradas en $1,902 millones de dólares al momento de la expropiación. El valor actual se estima en $9,000 millones, considerando un interés del 6 % anual desde la confiscación.
A esas compañías y personas propietarias podrían unirse los cubanos expropiados que se naturalizaron como estadounidenses. Se estiman hasta en 200 mil las reclamaciones de propiedades que podrían emprender los cubanoamericanos.
Sin embargo, bajo la ley Helms-Burton solo pueden presentarse demandas por pérdidas superiores a $50 mil dólares. La mayor reclamación certificada es de la Compañía Cubana de Electricidad por un monto de $267.5 millones de dólares.
Gutiérrez está actualmente involucrado en dos demandas contra compañías cubanas que pudieran escalar los tribunales en breve.
Una pertenece a la familia Castillo Pokorny, que tenía propiedades en la playa de El Salado, hoy incorporada a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. En el lugar, administrado por militares, se planea un megaproyecto de campo de golf con participación del grupo español Globalia. La otra implica a la corporación Exxon Mobil contra la petrolera cubana Cupet.
El abogado cree que el proceso iniciado para descongelar el título III tiene un efecto desalentador sobre las inversiones en Cuba. "Ningún inversionista serio se va a arriesgar en Cuba con la amenaza de ser demandado por los dueños de la tierra", comentó Gutiérrez.
El profesor Gómez considera legítimo que las propietarios despojados de sus bienes reclamen una compensación, pero cree que la estrategia planteada por la administración Trump con la ley Helms-Burton no es más que una política reactiva para ganarse el voto cubanoamericano de cara a las elecciones presidenciales del 2020.
"La política de Washington hacia Cuba ha sido más doméstica que internacional", afirmó Gómez. "No es una estrategia pensada a largo plazo, sino una reacción coyuntural".
John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU, con sede en Nueva York, es partidario de que la compensación por expropiaciones sea resultado de una negociación entre gobiernos, incluyendo al cubano. Ha defendido incluso que Estados Unidos debió destinar un porcentaje de los $13,575 millones de dólares obtenidos en multas recibidas a bancos extranjeros durante los últimos 14 años para resolver el tema de las reclamaciones certificadas contra Cuba.
"Si las suspensiones del título III por 30 días y ahora por dos semanas son para que la administración Trump determine más a fondo lo que debe hacer, sin propiciar negociaciones a nivel de gobiernos, la estrategia es cuestionable", declaró Kavulich. "¿Cuál es el objetivo: resolver el problema o mantenerlo?"
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