El gobierno cubano aseguró que está dispuesto a negociar un acuerdo para compensar a los reclamantes de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EEUU", detalló el director para EE.UU de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.
Según explicó, el número de reclamantes asciende a 5.913 exiliados cubanos, quienes han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses.
A cambio de iniciar esta negociación, Cossío pidió iniciar "un proceso de discusión" para que Wahsington indemnice al gobierno cubano por lo que calificó como "daños materiales por años de agresión militar".
"En un proceso como ese, Cuba está dispuesta a llegar con el Gobierno de Estados Unidos a un acomodo de compensaciones mutuas", señaló en el vídeo publicado en la página oficial de la Cancillería en YouTube.
Cossío indicó que la ley Helms-Burton "no es aplicable en Cuba". "Es una ley de EEUU y por tanto su jurisdicción, su espacio de aplicación, es en los Estados Unidos. Ningún país soberano que se respete permitiría la aplicación extraterritorial de una ley de los Estados Unidos o de otro país en su territorio", afirmó.
El último anuncio de Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton
El diplomático compareció para responder a las preguntas de los usuarios. Estos comentarios se producen después que el pasado 4 de marzo se filtraran informaciones de que la administración estadounidense iba a levantar la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton, lo que hubiera permitido demandar a algunas empresas extranjeras que operan en Cuba.
Ese mismo día el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se mantendría suspendido durante un mes más el título III porque estaba en los "intereses nacionales" de Estados Unidos.
La suspensión, que expirará el próximo 17 de abril, impide a los cubanoamericanos reclamar ante las cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
La administración estadounidense explicó que la extensión de la suspensión tenía una excepción, ya que sí se pueden interponer demandas contra las empresas que están sancionadas por Washington y que están incluidas en una "lista negra".
Estas compañías son las que pertenecen a las Fuerzas Armadas o están "bajo el control" de la inteligencia cubana. Esto también incluye al personal que establece "transacciones financieras directas" que podrían dañar al pueblo cubano.
El título III nunca se ha aplicado desde su promulgación debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
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