El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, develó una supuesta estrategia de dirigentes corruptos en Cienfuegos, que dejaron deteriorarse empresas estatales de servicios para luego justificar su privatización.
La primicia fue ofrecida el pasado sábado durante una visita gubernamental a esa provincia, en la que Marrero Cruz pidió más mano dura contra los que cometen delitos e ilegalidades y cargó contra los dueños de ciertas Mipymes, a los que acusó de hacerse “millonarios” a costa del erario público y de extender la corrupción por el país.
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En su intervención, el primer ministro también se refirió a una supuesta estrategia de funcionarios corruptos en Cienfuegos, que habrían dejado intencionalmente descapitalizadas empresas estatales, para luego justificar su privatización en función de sus bajos rendimientos y su ineficiencia.
En ese sentido se refirió a la "descomercialización" que sufrieron locales de “la que fue la mejor gastronomía de Cuba”, que terminaron pasando a arrendatarios particulares.
“Los dejamos deteriorarse, bajo la excusa de que hay pocos recursos, y a pesar de todas las políticas que hemos aprobado de la autogestión y todo, que se autodestruye. Una estrategia intencionada para después justificar que hay que privatizar”, dijo Marrero Cruz, según captaron las cámaras del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV).
El reporte solo mostró un fragmento de escasos segundos con las palabras del primer ministro y no se amplió la información. Sin mencionar investigaciones, sospechosos, o condenados por estos hechos, Marrero Cruz volvió a extender la sombra de la sospecha de la corrupción sobre dirigentes y “nuevos actores económicos” del país.
“¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? El que se equivocó, que asuma la responsabilidad. Sea quien sea. Esa siempre ha sido la política del gobierno”, remarcó el primer ministro del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
El opaco y creciente proceso de privatizaciones en Cuba
La llegada al poder del general Raúl Castro, tras la enfermedad que acabó con los 47 años que estuvo en el poder su hermano, el dictador Fidel Castro, supuso la gradual transformación del modelo comunista del régimen cubano, con aperturas mínimas a la iniciativa privada y a la lógica de mercado en el funcionamiento de las empresas estatales.
Sin embargo, el reformismo de los "lineamientos" de Raúl no pasó de entregar un porciento mínimo de tierras ociosas a arrendatarios, en su mayoría vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, permitir la creación de nuevas formas de trabajo por cuenta propia, generalmente en trabajos y oficios modestos, o privatizar parcialmente el sector del transporte público.
A finales de mayo de 2014, el régimen cubano aprobó un programa de desarrollo hasta 2030, que mantenía "la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción" y descartaba privatizar empresas durante ese período.
Marino Murillo Jorge, conocido como el “zar” de las reformas económicas de Raúl Castro, expuso el plan para 2016-2030 subrayando la voluntad de “mantener la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y lograr un modelo de desarrollo socialista, con eficiencia”.
Ya desde aquellas fechas (ha pasado una década), el régimen cubano hablaba de “propiciar y estimular la ciencia, tecnología, innovación y su generalización; transformar la matriz energética con mayor participación de las fuentes renovables y recuperar y modernizar la infraestructura del país”, metas vigentes en el discurso del actual gobernante.
En principio, hace diez años, el régimen cubano descartaba privatizar empresas, al menos hasta 2030.
La llegada al poder de la “continuidad” de Díaz-Canel y el proceso de privatizaciones
En diciembre de 2019, llevando más de un año como gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel insistía en que privatizar empresas no era el camino. "Vamos a quitar trabas para potenciar la empresa estatal", aseguraba por entonces.
Reunido con su Consejo de Ministros, Díaz-Canel afirmó que 2020 tenía que ser el año en que se proponga "todo lo que sea necesario implementar para desatar las fuerzas productivas". Sin embargo, insistió que ello no se podía “confundir con privatización, pues ese no es nuestro camino”.
Dirigida por Marrero Cruz, la reunión sirvió para analizar qué se requería destrabar de lo estatal y qué de lo privado, "para que la economía cubana sea más armónica y se dinamice".
"Vamos a quitar trabas para potenciar la empresa estatal y hacer el verdadero redimensionamiento empresarial que el país necesita", aseguraba Díaz-Canel.
Sin embargo, en marzo de 2021, el ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) aprobaba la normativa que permitía privatizar la gestión de establecimientos estatales de comercio, gastronomía y servicios con o sin actividad.
Los requisitos exigidos a los cuentapropistas que aspiraban a regentar locales de titularidad estatal estaban recogidos en la Resolución 48/2021, publicada en la Gaceta Oficial de Cuba el 23 de marzo de ese año.
En principio, la normativa regulaba el arrendamiento, no traspaso, de una propiedad al que podrían aspirar sólo las personas que residieran en la provincia donde salía a licitación el restaurante, cafetería, peluquería o cualquier otro tipo local.
Raúl había convertido en cooperativas 258 restaurantes estatales. Pero esa cifra representaba una ínfima parte de los 1,900 establecimientos que tenía a su cargo el Estado cubano en esos años, teniendo en cuenta que en 1959 había nacionalizado todos los pequeños y medianos comercios y establecimientos gastronómicos.
En noviembre de 2020, Reuters avanzaba los planes del régimen de gestionar de forma privada la mayoría de los 7,000 restaurantes estatales que había por entonces, quedando bajo gestión del MINCIN una docena de ellos.
La decisión de privatizar los restaurantes estatales se había tomado en el Congreso del Partido Comunista de 2011 y sus famosos "lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución", pero en 2021, diez años después, todavía no se había ejecutado al 100%.
En febrero de 2023, ya la prensa oficialista celebraba la apertura de una soderia-hamburguesera en el Complejo Zapata y 12 como una muestra del “encadenamiento productivo” entre la estatal Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) y una empresa privada. Para entonces, las privatizaciones de locales del sector de la gastronomía estaban a la orden del día y prácticamente consumadas.
Los llamados “encadenamientos productivos” empezaban a proliferar en el páramo de los servicios en Cuba, en una política económica impulsada por el gobierno de la “continuidad” que abría aún más las puertas a la privatización de bienes y servicios.
El sí pero no de la “continuidad”
“Los que nos acusan de neoliberales deben informarse un poquito”, decía Díaz-Canel en octubre de 2023. “Para uno, que tiene una convicción de construcción socialista, basada en la mayor justicia social posible, en defender la soberanía y en buscar prosperidad para toda la población, es ofensivo que se diga esto”.
Indignado con la “manipulación” del enemigo, el gobernante comparecía en la Mesa Redonda para reafirmar que sus políticas económicas eran socialistas y no dejarían de aspirar al comunismo.
“Seguimos compartiendo una canasta básica con todos… Hemos seguido manteniendo y desarrollando programas sociales que fueron diseñados por el comandante en jefe en otro momento de la revolución”, defendía el líder de la "continuidad".
Entrevistado por su “compañera en todos los tiempos”, la periodista Arleen Rodríguez Derivet, el gobernante afirmaba que “si nosotros hubiéramos aplicado fórmulas neoliberales aquí hubiéramos resuelto los problemas del 1% de la población… y los demás, ‘sálvese quien pueda’. No, estamos en una situación muy difícil, pero seguimos compartiendo una canasta básica con todos… incluso con los que no les hace falta”.
“¿Cómo se puede pensar que lo que estamos aplicando es neoliberalismo?”, dijo enfadado Díaz-Canel con los críticos al “paquetazo” de medidas anunciadas entonces por su gobierno. “¡Son unos enormes deseos de seguir perfeccionando el socialismo y de construir el socialismo con lo que podemos hacer hoy posible, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, sin negar o comprometer el futuro de construcción socialista que alcanzaremos en un momento cuando superemos esta… esta circunstancia”.
Y concluía: “Aquí los medios fundamentales de producción siguen siendo del pueblo, representado en el Estado. Los principales medios de producción no están en el sector privado, ni se gestionan por el sector privado. Se gestionan con empresas estatales, son propiedad de nuestro pueblo y aquí no va a haber privatizaciones de esos medios fundamentales de producción”.
Y mientras tanto, Gil Fernández…
“Planificar pérdidas es una estrategia que no puede continuar, porque el diseño que se ha hecho para el sistema empresarial estatal establece que el mismo tiene que ser rentable, eficiente, que tiene que operar con utilidades, con ganancias razonables, justas”, indicaba el defenestrado ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández en marzo de 2022.
Sin precisar si el gobierno de Díaz-Canel contemplaba un plan de privatizaciones de empresas estatales ineficientes, el ministro insistía en que “la situación de las empresas con pérdidas tiene que cambiar, para bien. Como se nos ha indicado y está en los documentos rectores del país, este tiene que ser un año de transformación de la empresa estatal, de avanzar hacia la eficiencia”, añadió
“Para que la empresa estatal socialista se estremezca y dé resultados favorables a la economía”, habrá que tomar “decisiones, asociadas sobre todo a la reducción de los gastos indirectos, a la disminución de los costos y a la búsqueda de una mayor eficiencia”, proponía el ministro defenestrado por el propio tutor de su tesis doctoral.
En agosto de 2020, y tras la noticia de una fusión empresarial anglo-cubana que daba surgimiento a la firma BioFarma Innovations, el economista Elías Amor opinaba: “La necesaria privatización de la economía cubana y la creación de un marco jurídico estable para la protección de los derechos de propiedad, es un camino que habrá que transitar de forma obligatoria para que el país vuelva a funcionar”
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