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La Empresa Eléctrica de Granma detectó 813 fraudes eléctricos en lo que va de año, e impuso multas a los infractores por cerca de tres millones de pesos.
Las infracciones representan una sustracción de 723.5 MWh en los 13 municipios de la provincia, aunque en Bayamo, Manzanillo, Río Cauto, Yara y Pilón se reportó la mayor cantidad de casos de robo de electricidad, según informaron funcionarios de la entidad al diario oficialista La Demajagua.
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Las multas a los transgresores ascendieron a 2,742,294.09 pesos, principalmente por actos como la manipulación de los metros contadores y la inserción de acometidas eléctricas donde no se pueda medir el consumo energético.
Sin embargo, la fuente no especificó cuántos casos de fraude correspondieron al sector residencial, a las empresas estatales o al emprendimiento privado.
La nota de La Demajagua subrayó las consecuencias negativas de dejar de facturar energía para la economía del país, pero no abordó los altos precios de las tarifas de este servicio básico, en relación con los salarios de la población.
Desde el 1 de enero de 2021, cuando entró en vigor la llamada Tarea Ordenamiento, la cual elevó notablemente los precios de los servicios básicos en el país, numerosos cubanos han compartido en redes sociales las facturas con las nuevas tarifas, algunas de las cuales superan los mil y dos mil pesos.
El medio de prensa tampoco aludió al envejecimiento de los equipos de medición de electricidad en el país. Por ejemplo, en mayo pasado, un ciudadano denunció que la Empresa Eléctrica en La Habana le obligó a pagar 24,000 pesos por un error técnico en su metro contador.
Mientras que, en abril de 2021 en Manzanillo, la Empresa Eléctrica sí tuvo que devolver el dinero de un cobro indebido a un usuario.
En octubre último, el consumo de energía eléctrica en el sector residencial en Granma disminuyó en 13,807 MWh, como consecuencia principalmente de los recurrentes apagones, que tanto malestar e inconvenientes ocasionan a la población y en entidades productivas y de servicios básicos.
La Demajagua reconoció también que "a raíz del déficit en el servicio eléctrico, las personas tratan de 'jugar cabeza' y anexarse a alguna vivienda con servicio de forma ilegal".
En 2020 el gobierno cubano había advertido que sancionaría con privación de libertad de hasta un año a las personas que incurran en el delito de fraude eléctrico.
Hasta junio de ese año, la Unión Eléctrica (UE) impuso más de 13,000 multas por fraudes eléctricos. En muchos de los casos el cliente tuvo ayuda de trabajadores de la propia empresa estatal. Se desconocen datos oficiales actualizados sobre hechos de este tipo.
En agosto pasado, el gobierno llamó a los cubanos a ahorrar y enfrentar las "manifestaciones de despilfarro" ante la crisis energética que atraviesa Cuba y ha desatado protestas contra el régimen en varios lugares del país.
Un mes antes, el pueblo de Campechuela en Granma salió a las calles a protestar contra los apagones y al ritmo de conga exigió al gobierno: "Pongan la corriente p...".
La situación fue similar en otros territorios. Estudiantes becados de la Universidad de Camagüey protagonizaron una protesta masiva en junio por los continuos y prolongados apagones y la consiguiente falta de agua en el recinto.
A pesar del descontento popular que genera la crisis energética, el gobierno promueve sus instalaciones turísticas asegurando que los apagones no afectarán a los hoteles.
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