La activista Thais Mailén Franco Benítez denunció el hostigamiento del régimen cubano sobre su persona, luego de ser citada este lunes a la oficina de cobros y multas del municipio Centro Habana por supuestas multas sin pagar.
En la oficina, y tras varias horas de espera, Franco Benítez presentó su carné de identidad y la citación que le fuera entregada el 19 de marzo, pero al introducir su información en la base de datos el sistema arrojó que no tenía ninguna deuda, relató en sus redes sociales.
Franco Benítez reclamó por el mal trabajo de la oficina de multas y cobros, y exigió que se le entregara la citación como comprobante de prueba de lo ocurrido, pero se negaron y solo le permitieron hacerle una foto.
En declaraciones a Radio Martí, la activista explicó que el pasado sábado se presentó en su casa una persona con la citación diciendo que tenía deudas de multas por pagar y debía ir el lunes temprano a la mencionada oficina y presentarse ante la directora, porque -según quien la citó- cuando hay atrasos debe verse con ella.
Ese día, Franco Benítez denunció también en su perfil en Facebook el hostigamiento y las amenazas en su contra, pues le dijeron que por una multa su sanción de prisión domiciliaria podría ser revocada.
La citación, firmada por el Teniente Coronel Roberto Basulto Tejada, señalaba que debía comparecer ante la oficina de multas ubicada en la calle San Miguel entre Campanario y Manrique, y se le comunicaba que en caso de no poder asistir tenía la obligación de informar a las autoridades previamente.
La activista, madre de tres niños, manifestó que esta “es una forma de mantenerla bajo presión y hacerla madrugar, perder su tiempo, estar en una zozobra, con nerviosismo”.
El pasado año Franco Benítez, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenida de forma violenta el 30 de abril en una manifestación en la calle Obispo, en solidaridad con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y posteriormente encarcelada durante cinco meses hasta que fue liberada bajo medida cautelar y en espera de sanción.
Estando en prisión, la madre de la joven y su abogado solicitaron un cambio de medida cautelar debido al delicado estado de salud de la activista, después de sufrir una caída en el penal de Villa Marista y por la cual debió ser llevada al hospital.
En enero último, los manifestantes de la calle Obispo fueron citados al centro de detención e investigación de la Seguridad del Estado, Villa Marista, donde les informaron la posibilidad de llegar a un supuesto “acuerdo conciliatorio” si pagaban una multa de 7,000 pesos.
A finales de ese mismo mes, la activista cubana denunció en redes sociales un nuevo arresto y detención arbitraria durante cuatro horas, además de amenazas en su contra por parte de la Seguridad del Estado, cuyos agentes mantenían vigilada su vivienda.
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