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El delito de desorden público en Cuba se castiga con privación de libertad de tres meses a un año, o multa de cien a trescientas cuotas. El de resistencia, igual. Ambos delitos, al parecer, son los que achaca la fiscalía a los seis jóvenes cubanos que continúan presos por manifestarse el pasado 30 de abril en la calle Obispo en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara.
Dejando a un lado la sistemática violación de los derechos humanos que supone todo el contexto en el cual se inscribe la protesta de la calle Obispo, la cuestión aquí y ahora es que Mary Karla Ares, Esteban Rodríguez, Thais Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cuza y Yuisan Cancio han sido enviados a prisión fuera de La Habana a la espera de juicio.
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Sin fianza. Más allá de la vulneración de su derecho a manifestarse, más allá de que no deberían estar en prisión por denunciar a un régimen que reprime la libertad de expresión, más allá de la injusta acusación y las dudas sobre el debido proceso, los tribunales del régimen han negado la fianza a estos seis jóvenes cubanos que, junto a otros, no cometieron otro “delito” que reclamar en la calle derechos sistemáticamente violados.
Derechos y libertades de carácter universal, no los que reconoce una Constitución que en su Artículo 4 refrenda que el sistema socialista, es irrevocable… y legitima el derecho a la violencia contra quienes pretenden un cambio. Cuba no merece estar constituida por esa vieja argucia del socialismo que mantiene en el poder a unos sátrapas y a la casta de privilegiados que maman del régimen totalitario.
El soberano, el pueblo cubano, envía señales al régimen que cuestionan su legitimidad. La llamada “revolución” ha dejado Cuba devastada a base de imponer un contrato social que aniquila al individuo y sus libertades cívicas y políticas en pos de una utopía obtusa y chovinista. El pueblo cubano, el soberano, quiere y empieza a buscar el camino para recuperar su soberanía y constituirse en democracia y libertad. Y en ese camino estamos asistiendo -una vez más- a la apertura de los infiernos.
Luis Manuel Otero Alcántara está siendo torturado impunemente a la vista de todos. Ahora de manera más sádica que antes, pero lleva años soportando el peso de la gran bota represora. Mary Karla, Esteban, Thais, Inti, Ángel y Yuisan están en prisión sin fianza por denunciar la escalada de terror con la que el régimen pretende silenciar a la sociedad civil independiente.
A estos los envían a prisión fuera de su provincia con el pretexto del coronavirus, para mantenerlos alejados de sus familias y redes de apoyo. En el caso de Luis Manuel militarizan todo un hospital, para que nadie vea los métodos que emplean para doblegarlo y borrar, con drogas y descargas eléctricas, su voluntad de vivir manifestándose.
Mary Karla, Esteban, Thais, Inti, Ángel y Yuisan, junto a otros jóvenes y transeúntes de la calle Obispo -y miles de cubanos dentro y fuera del país-, reclaman el libre ejercicio de sus derechos. Un reclamo que “la élite” del poder no está dispuesta a escuchar, y mucho menos a negociar. Porque, aunque la palabra ‘cambio’ está en la mente de millones de cubanos, al régimen se lo llevan los demonios si esta vuela en el aire y se arremolina en la calle.
A estos jóvenes no se les otorgó fianza y sus presuntos delitos, según el Código Penal del régimen, apenas dan para dos años de privación de libertad como pena máxima. Podrían y deberían estar en libertad, a la espera del juicio que demuestre o no su culpabilidad. Pero el régimen, cada vez más en descomposición física y moral, busca unas cabezas que clavar en la picota y, de paso, agitarlas junto a otras como estrategia de negociación.
Estamos asistiendo, una vez más, al viejo truco de los juicios ejemplarizantes del totalitarismo, a la represión puerta a puerta, al mensaje de odio, intimidación y violencia de los medios de comunicación oficialistas; estamos ante la tramoya macabra de esa continuidad mediocre que asciende a Humberticos y generales que administran los caudales familiares y anudan la corbata a monigotes cum laude.
“Los escandalitos se van a acabar el día en que se legalicen las protestas”, decía el cantautor Silvio Rodríguez al poco de ser reprimidos por la Seguridad del Estado los manifestantes de la calle Obispo. Y sugería: “Protestas autorizadas. Socialismo democrático. Y la policía cuidando a los que protestan para que ejerzan su derecho”.
Por favor, que se lo explique a los “compañeros” de la Seguridad del Estado, a los Alpidios del funcionariado, a la “dirigencia” que le escucha, a los que redactaron el Código Penal ateniéndose a lo que dicta “nuestro derecho socialista”. Que se lo exponga a los que constituyeron el país sobre la base de la violencia contra los “traidores a la patria”. Que lo exprese ante quienes fabrican un “clamor popular” para justificar el linchamiento de activistas y opositores pacíficos.
Thais, madre de tres hijos puede que ya esté en una celda del Guatao; Mary Karla está siendo torturada psicológicamente, según su padre; Esteban estará pagando todo el valor que ha demostrado en su enfrentamiento al régimen; Inti, Ángel y Yuisan, estarán como todos ellos, separados de sus familias y triturados en las mazmorras del régimen.
Rodríguez tiene toda la libertad de ver en ellos los actores de un “escandalito”, como muchos ven en él -despectiva y libremente también- al “necio” que eligió creer en los unicornios verde olivo. El día que allanaron el domicilio de Luis Manuel y destruyeron su obra, el líder del Movimiento San Isidro trabajaba en un performance en su casa escuchando el tema “Ala de colibrí” de Rodríguez, en cuyo comienzo el trovador declara “Hoy me propongo fundar un partido de sueños”.
En lo que construye tan bucólico proyecto -y sin olvidar lo que produce el sueño de la razón-, debería “patrocinar el candor desahuciado” de Luis Manuel, el 27N y los jóvenes manifestantes de la calle Obispo. Es el momento de que todos los cubanos con notoriedad pública y dignidad hagan algo más que postear argumentos bizantinos. Es la hora de hacer algo efectivo para evitar otro escándalo mayúsculo en la historia de Cuba.
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