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Una iniciativa impulsada por miembros de la sociedad civil cubana ha recaudado en diez días 1.110 dólares para ayudar a la activista Anyell Valdés a comprar una casa y abandonar el local del Estado en que vive junto a sus tres hijos menores y su anciana madre.
Bajo el nombre “Un techo para los hijos de Anyell” se creó una página de Facebook en la que aparece una cuenta de “una persona de entera confianza” –según la definió el activista Adrián Rubio- a la que se puede hacer llegar cualquier donación solidaria a través de una cuenta de PayPal y otra de Cashapp.
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“Anyell Valdés Cruz tiene cuatro hijos, es ama de casa, habita una vivienda ocupada donde ha sido amenazada de desalojo en varias ocasiones, tiene 39 años y sin conocer a ninguno de los atrincherados en la sede del Movimiento San Isidro decidió unirse”, informa el muro de Facebook de la iniciativa solidaria.
“Queremos ayudarla a tener un hogar digno para su familia donde no tenga las amenazas de desalojo con las cuales ha tenido que convivir por años. Ahora, después del evento del pasado 22 de febrero, donde se le realizó un acto de repudio tan vil y mezquino, la seguridad del estado intentará de algún modo desalojarla, o usar otro ardid para que deje su activismo político”.
En una directa realizada este martes, Valdés confesó que teme lo que puedan hacer los represores en la noche. Explicó que durante el día tienen prohibido congregarse frente a su vivienda, ya que tienen medidas cautelares otorgadas el pasado 12 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre otras indicaciones, las medidas cautelares de la CIDH solicitan al gobierno cubano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los 20 integrantes identificados del Movimiento San Isidro (MSI)”, a través de las cuales los agentes del orden cubanos deben garantizar la vida y la integridad física de los implicados y protegerlos de terceros agresores.
Asimismo, le emplaza a garantizar la adopción de “medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”.
Precisamente, es el Estado cubano el propietario del local donde vive Anyell Valdés con su madre y sus tres hijos menores de edad. Por ese hecho, es que la acuartelada de San Isidro ha sido acosada, vive bajo vigilancia y sufrió un acto de repudio que el activista Rubio consiguió transmitir en vivo a través de redes sociales.
La iniciativa "Un techo para los hijos de Anyell" ha sido apoyada en redes sociales por Osmani Pardo, uno de los huelguistas de San Isidro. "Amigos y hermanos los invito a que apoyemos la iniciativa para darle un techo a Anyell Valdes Cruz y sus hijos. Una casa donde la dictadura no la amenace más con desalojar si nos unimos como cubanos podemos hacer cosas maravillosas ayúdanos a construir una nueva Cuba PATRIA Y VIDA", dijo el activista en un post publicado en su Facebook.
La anciana madre de Valdés es una paciente psiquiátrica, y en su condición ha sufrido intensamente la violenta represión ejercida contra la familia en los últimos tiempos. Asimismo, según relató Valdés en la directa, sus hijos viven temerosos de que puedan repetirse las escenas violentas que vivieron en el pasado acto de repudio, en el que varias personas llegaron a traspasar la cerca de la casa para arrojar pintura azul en paredes y suelo, donde la activista había rotulado el cartel de Patria y Vida, entre otros.
“Se asustan cuando ven gente en la esquina o cuando pasan otros con motos”, dijo Valdés sobre sus hijos, los cuales estaban presentes cuando la turba realizó el acto de repudio organizado por la seguridad del Estado. Entre los participantes estaban maestras de sus hijos que, según cuenta Valdés, ahora pasan y saludan a los niños como si no hubiera pasado nada.
Sin embargo, Anyell no se fía de lo que pueda pasar con sus hijos en la escuela, una vez puedan asistir. Entre las amenazas que dijo haber recibido por parte de la Seguridad del Estado está, precisamente, la de quitarle la custodia de sus hijos, cosa que se les facilitaría si consiguiesen echarla del local donde ahora vive, pues no tiene otro sitio donde vivir y el local es estatal.
Ante cualquier cosa que pueda suceder con ella o con su familia, Valdés responsabilizó en primer lugar al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la Sección 21, encargada de la represión directa sobre su persona. Asimismo, añadió que no piensa desistir de su activismo por ningún motivo y agradeció la solidaridad de todas las personas que se han preocupado y se interesan por ella.
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