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Estados Unidos elevó a 41,339 la cifra de cubanos con orden final de deportación, 681 de ellos detenidos en centros de inmigración, según datos oficiales obtenidos por CiberCuba.
Sin embargo, el proceso de devolución de deportables a Cuba se ha paralizado desde finales de febrero debido a los impedimentos derivados de la crisis del coronavirus, dijo un funcionario del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami.
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El ICE confirmó a CiberCuba que no se han producido vuelos de deportación a Cuba durante los meses de marzo y abril. El último operativo a La Habana, con un grupo de 119 cubanos, ocurrió el pasado 28 de febrero.
El funcionario declinó responder si la congelación de deportaciones de cubanos se debe a una eventual negativa del gobierno de la isla a recibir vuelos del ICE, que regularmente salían desde aeropuertos de Miami, Florida, y Louisiana. Cuba cerró sus fronteras el pasado 24 de marzo, como una medida preventiva a la propagación del COVID-19.
Estados Unidos ha mantenido algunos vuelos de deportación a países centroamericanos como El Salvador y Honduras durante la pandemia. No está claro si se establecerá una fecha para la reanudación de los operativos con destino a Cuba.
El reporte del ICE indica que de los 681 detenidos para ser enviados a la isla, 225 son criminales convictos o tienen cargos delictivos pendientes. Un total de 40.688 cubanos se mantienen con orden final de deportación, pero sin permanecer bajo custodia.
Los arrestados deben ser liberados 90 días después de su detención si no pueden ser aceptados por su país de origen, exceptuando aquellos casos de individuos que sean considerados de alto peligro para la comunidad.
Las estadísticas revelan un crecimiento exponencial de más de 2.000 casos con orden final de deportación en apenas ocho meses. La cifra anterior -actualizada en agosto de 2019- registraba un total de 39.246 deportables.
Pero el número pudiera incrementarse en los próximos meses con mucha mayor rapidez, luego de que el Tribunal Supremo diera luz verde para deportar incluso a residentes legales que hayan cometido delitos en el país.
La decisión del máximo órgano legislativo de la nación, el pasado 23 de abril, implica que más cubanos residentes legales con antecedentes de tráfico de drogas, actos violentos, e incluso con delitos menores, podrán ser deportados tras cumplir sus condenas en cárceles estadounidenses. El veredicto limita la opción de residentes seleccionados para ser deportados a solicitar la cancelación de su expulsión si han vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos siete años.
"El dictamen del Tribunal Supremo complica aún más la situación de los residentes legales que cometen delitos en Estados Unidos como parte de la política antiinmigrante de la Casa Blanca", dijo el abogado Willy Allen. "Y obviamente, muchos cubanos van a verse perjudicados".
Con el veredicto del Tribunal Supremo, se descalifica a los inmigrantes que cometen determinados delitos para obtener el beneficio discrecional de las autoridades de permitirles mantener su residencia legal en el país.
De los 1.9 millones de inmigrantes que el gobierno considera deportables por cumplir una condena penal en Estados Unidos, la mayoría son residentes legales o permanecen en el país con visados temporales, de acuerdo con cifras del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.
Aunque inevitablemente el volumen de deportaciones a Cuba se verá disminuido al término del presente año fiscal 2020, las cifras de repatriación forzosa marcan ya un récord histórico de 1.327 cubanos devueltos.
Ninguna otra administración estadounidense ha conseguido estadísticas similares en devoluciones de "personas inadmisibles" a Cuba desde que se estableció el acuerdo migratorio entre La Habana y Washington, en 1984.
Durante los tres años y medio cumplidos por Donald Trump en la Casa Blanca, han sido deportados un total de 3.129 cubanos. La cifra supera ampliamente la cantidad de personas retornadas por Barack Obama (341) y George W. Bush (416), que arroja un total de 757.
Por segundo año fiscal consecutivo, Cuba se sitúa en el grupo de países a los que Estados Unidos deporta más de mil inmigrantes indocumentados, junto a México, Brasil, India, Honduras, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Nicaragua.
De cualquier manera, el cambio más significativo en el flujo de deportaciones a Cuba se produjo el 12 enero de 2017, cuando los gobiernos de ambos países acordaron modificar la política migratoria bilateral.
Desde entonces, el acuerdo establecido por la administración de Barack Obama ha permitido negociar con mayor diligencia los vuelos con cubanos deportables e implementar una estrategia más agresiva del ICE en relación con los arrestos de personas con orden final de deportación.
"El acuerdo de deportación es un asunto que se ha mantenido funcionando de manera inalterable durante la actual administración", dijo a CiberCuba un funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado.
Tal vez uno de los pocos frentes no afectados en la relación bilateral en medio de la política de recrudecimiento de sanciones a Cuba, impulsada por la administración Trump.
Mediante el acuerdo establecido, las autoridades cubanas aceptaron la devolución de sus nacionales con orden final de deportación en Estados Unidos a partir de un proceso de “evaluación caso por caso”, pero sin crear un canal para deportaciones masivas.
El compromiso incluyó la opción de revisar una lista de personas sujetas a deportación que emigraron por el puerto del Mariel en 1980, muchos de ellos personas que perdieron su residencia permanente tras cometer delitos de tráfico de drogas y uso de armas.
La referencia a la llamada "lista del Mariel" se remonta a un grupo de 2,746 "excluibles" que habían emigrado durante el éxodo del Mariel y que el gobierno cubano acordó recibir tras los acuerdos firmados con la administración de Ronald Reagan en 1984. Pero cuatro décadas después el listado del Mariel está básicamente agotado, cumplidas 2.022 deportaciones, 246 fallecimientos y 478 casos imposibilitados de deportar por razones personales y de salud, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
El criterio del gobierno cubano es sustituir algunos nombres de esa lista agotada del Mariel con un grupo de personas que propongan las autoridades estadounidenses, pero la aceptación queda sujeta al visto bueno de los funcionarios de La Habana.
En correspondencia con ese criterio, el ICE ha incrementado las detenciones de "marielitos" durante los últimos dos años. Abogados de inmigración consultados por CiberCuba coinciden en que se han disparado los arrestos de sus clientes emigrados por el Mariel.
"La gente del Mariel con delitos cometidos ha estado en el foco de los planes de deportación de ICE después de 2017", dijo Allen.
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