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Empresas españolas instaladas en Cuba se encuentran a la espera de la reactivación del título III de la Ley Helms-Burton, prevista para la venidera semana. Esto significa que el país europeo tendrá que afrontar un contencioso diplomático y comercial con Estados Unidos.
El capítulo III de la legislación permite demandar en tribunales norteamericanos a compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro después de 1959. La cláusula se ha suspendido sistemáticamente cada seis meses por 23 años bajo el argumento de proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.
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Sin embargo, recientemente, la administración del presidente Donald Trump cambió las reglas del juego acortando los aplazamientos a dos semanas. El próximo plazo se vence el 1ro de mayo, pero la decisión final debe comunicarse al Congreso el 18 de abril.
Por tanto, John Bolton, consejero estadounidense de Seguridad Nacional, tiene previsto anunciar el próximo jueves la medida de castigo contra firmas foráneas y al parecer, el capital español será uno de las más perjudicados.
España es el país con mayor cantidad de “empresas mixtas” y sucursales en Cuba, sobre todo, en las ramas del turismo y el servicio.
Reportes de El País indican que un “71% de las habitaciones controladas por cadenas extranjeras están en manos de inversores españoles”. Un aproximado de 300 millones de euros anuales son destinados al comercio con la Isla.
Actualmente existen un total de 45 empresas mixtas (hispanocubanas), dos proyectos de cooperación, 60 contratos de administración, seis contratos de asociación y uno a riesgo. Entre las más reconocidas están las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar.
La reactivación del título III de la ley Helms-Burton puede desencadenar un “alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico”. Hasta el momento, han sido presentadas casi 6 mil demandas, todas de carácter simbólico al no estar aún en vigor la normativa.
A inicios de abril Josep Borrell, ministro de Exteriores de España, se reunió con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, en Washington. Durante el encuentro el diplomático europeo dijo estar en contra de la aplicación de la ley hacia Cuba, por una “cuestión de principios".
"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo 3 de la ley Burton a Cuba y ya sabe Estados Unidos que, en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", manifestó.
No obstante, la Unión Europea (UE) afirma tener “una herramienta” capaz de respaldar a cualquier entidad comunitaria “víctima de este procedimiento”. Con ello, las empresas podrán “acudir a los tribunales del continente y reclamar a su vez compensaciones a la firma estadounidense que la haya demandado”.
Funcionarios de la Casa Blanca han dado a entender que el "impacto real" sobre los comercios europeos será "limitado".
Igualmente, la pasada semana empresarios españoles en Cuba declararon estar “preparados” para afrontar la “nueva política de Washington hacia La Habana”.
"El empresariado español en Cuba es muy potente, lleva muchos años, tiene un nivel de asentamiento muy superior a otros países y llevamos muchos años peleando contra las leyes extraterritoriales de EEUU", aseguró a Efe el presidente de la Asociación de Empresarios de España en Cuba (AEEC), Xulio Fontecha.
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