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El reforzamiento de la ofensiva contra coleros y revendedores emprendida por el régimen cubano deja, desde enero de 2020 hasta la actualidad, más de 16 mil personas procesadas solo en la provincia de Ciego de Ávila.
Así lo indicó la prensa oficialista este viernes en un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), que glosó las medidas adoptadas por el gobierno de esa provincia para combatir “el delito, la corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales”.
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Según la agencia, todos los “factores sociales” de esa provincia están en alerta y trabajando de manera conjunta para “reducir hechos que perturban el orden interior, la tranquilidad ciudadana y el desarrollo económico y social al atentar contra los esfuerzos para superar una crisis multicausal en el país”.
Desde su inicio a comienzos de 2020, la Operación Lucha contra Coleros (OLCC), lanzada por las autoridades cubanas y promovida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, busca perseguir y castigar a los intermediarios y operadores del mercado informal, y hacerlos responsables de la escasez y los altos precios que sufre la población.
Golpeados por la inflación y la ineptitud del gobierno para implementar medidas que conduzcan al aumento de la producción y la creación de riqueza en el país, los cubanos observan en estos días un rebrote de la campaña contra coleros y revendedores, a los que día y noche se señala en todos los medios de comunicación como responsables del malestar social.
"No podemos permitir que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan. Ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo ", dijo este miércoles Miguel Díaz-Canel en un llamado a los dirigentes de su gobierno para intensificar el enfrentamiento contra coleros y revendedores.
En una reunión del Consejo de Ministros, el gobernante cubano pidió llevar adelante "un enfrentamiento contra los ilegales, los pillos, lumpen, vagos y contra los corruptos, en favor de nuestro pueblo y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad".
"No podemos permitir que la lógica de alguien en Cuba, en la construcción socialista, sea querer enriquecerse sin producir, sin trabajar, sin aportar, como intermediario y de manera ilegal", afirmó el responsable de mantener la economía del país bajo el yugo ideológico y empobrecedor del socialismo y de sus empresas estatales, cada vez más obsoletas e ineficientes.
Hasta la fecha, señaló ACN, en la provincia “se radicaron más de 14,700 denuncias y se procesaron a más de 16,500 personas, incluidos coleros, revendedores en espacios físicos y virtuales, y poseedores de casas-almacén, fábricas, talleres y puntos de venta ilegales, además de vinculados al tráfico ilegal de divisas”.
Ángel Aragón César, coordinador de Programas y Objetivos de la Defensa en el gobierno provincial, indicó como prioridades de enfrentamiento “las casas de cambio y entidades de la Cadena Cubana del Pan, los puntos de venta de gas licuado de petróleo, las farmacias (en los días de venta de medicamentos) y los servicentros, estos últimos por la situación existente con el combustible”.
Con la presencia de Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del comité provincial del PCC, y del gobernador Tomás Alexis Martín Venegas, las máximas autoridades de la provincia exigieron a los municipios mejores resultados y mayor control y contundencia “contra los individuos desvinculados del estudio y el trabajo”.
Con más de 16,500 avileños sancionados por “buscarse la vida” en medio de la precariedad y el caos económico desatado por el gobierno de Díaz-Canel y los responsables del llamado “ordenamiento económico”, la provincia sobrepasa el 3,8 por ciento de su población vinculada a actividades ilícitas.
Empeñado en etiquetar como vagos y delincuentes a quienes se exponen a sanciones y elevadas multas por actividades que, en la mayoría de los casos, responden a una necesidad de sobrevivencia, el régimen cubano insiste en su estrategia de desviar la atención hacia “coleros y revendedores”, mientras crece en la ciudadanía la percepción sobre su ineficiencia e incapacidad para garantizar bienes y productos de primera necesidad, como la comida, el agua y la electricidad.
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