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La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba aclaró este jueves varios de los temas que más dudas y preocupaciones han generado entre los cubanos acerca del nuevo proyecto de Código de las Familias, en consulta ciudadana desde este mes tras ser aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2021.
La agrupación realizó en su página de Facebook un primer análisis sobre “aspectos que trascienden como dudosos y sospechosos para numerosas personas” y afirmó que la legislación resulta más abarcadora de las necesidades de la población que su antecesora. “Ha ganado mucho en actualidad, integralidad y protección. Como documento, es una ley moderna y que cubre demandas y necesidades poblacionales mucho más amplias que su precedente”, aseguró.
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No obstante, advirtió sobre “la diferencia entre la letra de las leyes y su aplicación en un país como Cuba, sin separación de poderes ni Estado de Derecho, sin tribunales de derechos constitucionales, entre otras carencias propias de los sistemas centralizados”.
El post refiere que, con frecuencia, la aplicación de justicia en el país resulta arbitraria, sobre todo cuando se trata de personas contrarias al gobierno o activistas políticos, cuyas circunstancias los vuelve vulnerables a situaciones de discriminación dentro del contexto local.
Según Yo Sí Te Creo en Cuba, uno de los aspectos del Código que más debates y dudas ha ocasionado es la sustitución de la noción de Patria Potestad por la de Responsabilidad parental, que pretende ser “más contemporáneo, inclusivo y favorable a niñes y adolescentes”.
“En ese sentido, la Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género de esta plataforma ha acompañado un caso de amenazas con retirar Patria Potestad a un padre y una madre activistas políticos, y las acciones legales presentadas con todos los fundamentos a su favor, solo sirvieron para contener por un tiempo al poder”, reconoció la plataforma en su publicación.
Explicó también que han registrado impedimentos para la adopción o tutoría legal de niños(as) a personas por su signo político y no por sus capacidades demostradas para tener la guarda y cuidado de los menores. “Todas estas violaciones las realizan las autoridades y son ilegales según el Código de Familias vigente y el proyecto hoy en consulta popular”, sostiene Yo Sí Te Creo en Cuba.
Aclararon que el problema con la desprotección no reside en el concepto de “Responsabilidad parental”, sino en la aplicación arbitraria de la ley por parte del régimen, pues, aún bajo el término legal de “Patria Potestad”, numerosas personas han sido amenazadas con retirarles la custodia de sus hijos(as), “por razones de discriminación política”.
“Esta plataforma y otros proyectos ciudadanos han calificado de improcedentes y violatorias estas amenazas, además de que forman parte de la violencia política con sesgo de género al ser un mecanismo de coacción de uso frecuente contra mujeres activistas”, afirmaron los integrantes de la organización. Y pusieron como ejemplo las reiteradas ocasiones en que la activista Daniela Rojo, madre de tres menores, ha denunciado públicamente las amenazas de que ha sido víctima.
Otro punto que analiza la publicación tiene que ver con incisos que presentan una redacción poco clara y específica. De manera particular explica que “en el contenido del proyecto, no se aprecia ningún artículo que directamente esté vinculado con la obligación de educar a los hijos en un sistema político determinado, pero tampoco existe ninguno que proteja directamente a las personas de la discriminación política”.
Según esta plataforma ni siquiera la Constitución cubana reconoce o protege contra la discriminación política, a pesar de que esta resulta transversal a otras formas de segregación social y “afecta otro tipo de procesos, como por ejemplo, en la revictimización de las denunciantes de Fernando Bécquer por depredación sexual”.
Para los miembros de Yo Sí Te Creo en Cuba es importante resaltar los peligros y basamentos para un sinnúmero de arbitrariedades presentes en otro anteproyecto al que dio su visto bueno la Asamblea Nacional, y es el del Código Penal, que convenientemente no ha sido sometido a un proceso de análisis popular.
La aprobación de este documento “sí dejaría a la sociedad cubana en un grado mucho más grave de desprotección que la ley vigente, incluidos muchos de los derechos que garantizaría el nuevo Código de Familias. Resulta contraproducente que se lleve a consulta y plebiscito el Código de Familias y no tenga ni consulta popular el anteproyecto de Código Penal. Esto nos lleva a señalar una vez más que los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como la comunidad LGBTIQ+, no se plebiscitan”.
La publicación de esta organización termina solicitando a la ciudadanía y a sus líderes de opinión que se informen con diferentes fuentes antes de tomar decisiones o emitir criterios sobre cuestiones electorales o de activismo. También anunciaron que desde sus redes sociales compartirán otros análisis, detallados y con enfoque de género, sobre “la versión 23 del proyecto de Código de Familias y el anteproyecto de Código Penal”.
El inicio de las discusiones populares sobre el primero de estos documentos coincide con la realización en la isla de los juicios a manifestantes detenidos durante las protestas del 11J, de ahí que parezca una estrategia para desviar la atención sobre esos procesos legales. La propuesta de legislación también presenta zonas grises en su contenido, una de ellas, por ejemplo, relacionada con la obligatoriedad para los padres de exigir el respeto a los símbolos patrios.
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