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La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) José Martí, en el municipio guantanamero de Imías, les debe a varios productores más de 170 mil pesos.
Dos de los campesinos afectados, Martha Lores Ortiz y Conrado Cobas Matos refieren en carta enviada al periódico oficialista Juventud Rebelde que la Delegación de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el Partido Municipal alegan ante sus reclamos que "no pueden meterse en eso".
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En su denuncia afirman que pese a que ellos cumplieron con lo pactado en el contrato con la CCS esta lo infringe impunemente.
Decidieron contratar el servicio de un abogado, pero fue imposible porque según el Decreto Ley 635, acuerdo 3, el campesino no puede demandar a la propia fuerza productiva de la cual es asociado, aunque según el contrato firmado con la CSS podrían hacerlo.
"¿Qué debemos hacer, a quién recurrir cuando no nos sentimos respaldados por nadie?", se preguntan los campesinos guantanameros, quienes añaden que en una asamblea de afiliados de la CCS se acordó efectuar "una auditoría fiscal y un proceso judicial a la junta directiva saliente, que tiene una deuda de más de 400 000 pesos". Sin embargo, dos meses después nada de esto se ha llevado a cabo y "la tasa de interés a los créditos bancarios otorgados a los productores sigue aumentando".
El atraso en los pagos de las entidades estatales a los productores agropecuarios cubanos, por su parte, ha sido denunciado en varias oportunidades.
Alberto Carmenate Ortega entregó a la CSS Ramón Rodríguez Milián, en Matanzas, 459 kilogramos de carne y durante un año y 8 meses esperó a que esta le pagara los 11 mil pesos que le debía por la compra del producto, sin que obtuviera ninguna respuesta convincente.
En días recientes un grupo de campesinos independientes y Federación de Mujeres Rurales en Cuba (FLAMUR) enviaron una carta abierta al gobierno donde afirmaban que "el estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas de nuestros familiares y explotador monopolista de los cubano".
“Demandamos libertad económica. Esa es la única vía racional para salir de esta crisis, contener la hambruna, evitar la expansión de la pobreza y fomentar de manera rápida empleo en gran escala”, recoge el documento que fue discutido y firmado por campesinos de al menos siete provincias del país.
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