Una nueva directiva interna de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) instruye a los agentes a arrestar y encarcelar a inmigrantes indocumentados que cometan cualquier infracción de tránsito, como conducir sin una licencia válida, con el objetivo de facilitar su posterior deportación.
Un memorando fechado el seis de marzo, obtenido por El Nuevo Herald, revela que Bill Milton, abogado jefe de la FHP, instruyó a los oficiales a actuar con firmeza ante cualquier infracción cometida por personas sin estatus migratorio legal, indicando que “se debe hacer todo lo posible para detener al sujeto y entregarlo a una cárcel del condado”.
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La guía legal, hasta ahora no publicada, también establece que los agentes pueden retener a personas por hasta una hora, incluso si no son sospechosas de haber cometido un delito, en espera de que agentes federales de inmigración las recojan.
Esta instrucción ha generado fuertes críticas por parte de expertos legales y organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten sobre una posible violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra detenciones arbitrarias, subrayó El Nuevo Herald.
La medida se implementa a pesar de que los agentes estatales no cuentan aún con autoridad federal para ejecutar leyes migratorias.
Aunque más de 1,100 policías han sido entrenados en el programa federal 287(g), que les permitiría detener, interrogar y arrestar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, ninguno ha sido certificado todavía para ejercer esa autoridad, recalcó el portal de noticias citado.
No obstante, el estado está buscando cómo alinearse con la ofensiva migratoria promovida durante la administración de Donald Trump, y en el memorando, Milton aclara que la base de datos nacional utilizada por la FHP ahora contiene aproximadamente 700,000 personas con órdenes de arresto migratorio civil añadidas por el mandatario para “maximizar las operaciones de control y deportación de inmigrantes ilegales”.
Milton advierte que, aunque estas son órdenes civiles, los oficiales no deben ignorarlas: “Estas son órdenes de arresto civiles, no penales. Actualmente, la policía no tiene autoridad para hacerlas cumplir”.
Pero añade que los agentes deben tener esa información en cuenta durante las paradas de tráfico, incluso si no hay ninguna infracción penal presente.
Si durante el periodo de espera de una hora Departamento de Seguridad Nacional (ICE) no se presenta, los agentes están instruidos a recopilar toda la información personal disponible, incluyendo datos de residencia y empleo, antes de liberar a la persona.
Esta práctica ha sido calificada como inconstitucional por organizaciones de derechos civiles.
“Prolongar una parada de tráfico sin una sospecha razonable de delito es una infracción de la Cuarta Enmienda”, afirmó Alana Greer, directora del grupo Community Justice Project, citada por El Nuevo Herald.
A su vez, Greer citó un fallo de la Corte Suprema de 2015, que estableció que incluso extender una parada por siete u ocho minutos sin causa razonable es ilegal, y cuestionó cómo Milton justificó un “tiempo razonable” de hasta una hora.
La Corte fue clara: “Un ‘tiempo razonable’ debe estar vinculado a la misión de la detención. Ampliarlo solo es válido si hay sospecha fundada de otro delito”, algo que la directiva de la FHP pasa por alto, según los expertos.
Amy Fettig, codirectora ejecutiva de Fair and Equitable Prosecution, calificó la medida como una distracción costosa: “¿Una hora entera? ¿Por algo que no tiene nada que ver con la seguridad pública?”, cuestionó.
“Están usando recursos locales para congraciarse con el gobierno federal”, añadió Fettig y, según El Nuevo Herald, advirtió que esta política desvía el trabajo policial de delitos realmente graves y genera temor innecesario en comunidades vulnerables: “No se trata de una madre que conduce sin licencia. Se trata de alguien que anda por ahí con un arma y te asalta”.
Mientras tanto, la FHP ha evitado responder públicamente a las preguntas sobre la guía, lo que aumenta la incertidumbre sobre cómo se está aplicando realmente esta política en las calles.
Esta nueva instrucción se inscribe en el marco de un endurecimiento de las políticas migratorias en Florida, impulsado por el gobernador Ron DeSantis, quien ha declarado abiertamente que los policías estatales con autoridad federal podrían participar directamente en procesos de deportación.
Aunque la certificación federal aún no ha sido otorgada, el estado ya actúa como si tuviera esa potestad, una situación legalmente ambigua y altamente cuestionable, subrayó el portal de noticias.
El impacto de estas medidas podría sentirse especialmente en el sur de Florida, donde reside una amplia población migrante —incluidos muchos cubanos— que ahora se enfrentan al riesgo de ser arrestados y potencialmente deportados por simples infracciones de tránsito.
Abogados y activistas migratorios se preparan para presentar recursos legales que frenen esta política, mientras que crece el temor entre las comunidades afectadas.
Lo que para el Estado parece una medida de control migratorio, para muchos representa un paso más hacia la criminalización de la vida cotidiana de los inmigrantes.
Según reportó también la cadena Univisión, estas nuevas normativas permiten que incluso una infracción menor, como una multa de estacionamiento no pagada, pueda desencadenar una detención y posterior arresto si el conductor resulta ser un inmigrante indocumentado.
El abogado criminalista Chris Aldanondo, exfiscal en la ciudad de Miami, advirtió que estas acciones pueden comenzar con situaciones cotidianas: “Hay veces que las personas tienen tickets de tránsito, se olvidan de ellos, no los pagan, luego les suspenden la licencia”, explicó, señalando lo fácil que es caer en el radar de la Patrulla de Carreteras bajo las nuevas reglas.
Aldanondo alertó también que la retención de hasta una hora, contemplada en las directrices, podría estar en violación directa de la jurisprudencia de la Corte Suprema: “La Corte Suprema ya estableció que una hora puede ser excesivo para un parámetro”, sostuvo, en referencia a los límites constitucionales sobre detenciones prolongadas sin sospecha razonable.
Durante estas paradas, los agentes tienen acceso a una base de datos nacional alimentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde aparecen los nombres de cientos de miles de inmigrantes buscados por motivos migratorios. Esa información proviene, en muchos casos, de personas que han pasado por cortes de inmigración, aunque no necesariamente tengan antecedentes criminales.
Ni la Patrulla de Carreteras de Florida ni el Departamento de Seguridad Nacional (ICE) han respondido a múltiples solicitudes de información sobre el alcance y legalidad de estas directrices, lo que ha incrementado la preocupación entre activistas y abogados.
Estas medidas coinciden con los objetivos declarados del gobernador Ron DeSantis de entrenar y certificar a los patrulleros estatales para que puedan arrestar directamente a inmigrantes indocumentados durante controles de tránsito, sin necesidad de intervención federal previa.
Mientras la certificación formal aún está pendiente, el estado sigue operando como si ya tuviera ese poder, en lo que muchos consideran una estrategia de presión política con consecuencias humanas y legales graves.
Preguntas frecuentes sobre la nueva directiva de arrestos a conductores indocumentados en Florida
¿Qué establece la nueva directiva de la Patrulla de Carreteras de Florida sobre conductores indocumentados?
La directiva instruye a arrestar y encarcelar a inmigrantes indocumentados por cualquier infracción de tránsito, incluso aquellas menores como conducir sin una licencia válida, para facilitar su deportación. Esta medida ha sido criticada por su potencial violación de derechos constitucionales y su implementación sin autoridad federal completa.
¿Cómo se justifica legalmente la detención prolongada de hasta una hora por parte de la FHP?
La FHP permite retener a personas por hasta una hora en espera de agentes de inmigración federales. Expertos legales argumentan que esta práctica podría violar la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones arbitrarias, y citan un fallo de la Corte Suprema que establece que extender una parada sin causa razonable es ilegal.
¿Qué impacto tiene esta política en las comunidades inmigrantes de Florida?
La política ha generado temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes en Florida, especialmente en el sur del estado donde reside una amplia población inmigrante, incluyendo muchos cubanos. Abogados y activistas advierten que estas acciones criminalizan la vida diaria de los inmigrantes y desvían recursos policiales de delitos graves.
¿Qué papel juega el gobernador Ron DeSantis en la intensificación de las políticas migratorias en Florida?
El gobernador Ron DeSantis ha impulsado políticas más estrictas de control migratorio, incluyendo la cooperación con ICE y la capacitación de policías estatales para ejecutar leyes de inmigración. Su administración busca alinear las políticas estatales con la ofensiva migratoria promovida por la administración de Trump.
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