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La administración de Donald Trump ha instruido a los agentes federales de inmigración para que identifiquen a migrantes que puedan ser expulsados rápidamente de Estados Unidos sin la necesidad de una audiencia en la corte como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones.
Según un memorando interno de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fechado el 18 de febrero y obtenido por The Washington Post, la agencia ha delineado una nueva estrategia para acelerar las deportaciones y definir a los posibles objetivos de esta política.
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Más de un millón de migrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de la administración de Joe Biden podrían ser sometidos a este proceso de remoción expedita, aunque los funcionarios han sido instruidos para revisar los casi ocho millones de casos de deportación pendientes en busca de más personas a las que aplicar esta medida
El memorando establece que los migrantes podrían ser expulsados rápidamente si ingresaron al país de forma irregular sin pasar por un puerto de entrada legal, entraron con un permiso temporal parole o una notificación para presentarse ante las autoridades migratorias y no han solicitado asilo o fueron admitidos legalmente, pero carecen de documentación migratoria válida o proporcionaron información falsa, según The Washington Post.
Entre los grupos que podrían verse afectados se encuentran nicaragüenses venezolanos y otros migrantes que ingresaron legalmente bajo programas humanitarios de Biden pero que aún no han regularizado su estatus.
También podrían ser deportadas personas que utilizaron la aplicación CBP One para agendar una cita en un puerto de entrada
Según Paul Hunker, ex asesor principal de ICE en Dallas, esta política permitirá a la agencia perseguir a personas que llevan años viviendo en Estados Unidos.
Históricamente la deportación acelerada se ha usado para recién llegados, no para personas con raíces en sus comunidades, explicó.
La implementación de estas medidas ocurre en medio de los esfuerzos de la campaña de Trump por cumplir su promesa de deportar a millones de inmigrantes, subrayó el portal de noticias citado.
Su gobierno ha enfrentado obstáculos para lograrlo en parte porque muchos residentes a largo plazo tienen derecho a audiencias judiciales un proceso que puede tardar años, por esta razón los funcionarios de inmigración están enfocándose en personas que pueden ser removidas rápidamente, como aquellas con antecedentes penales, órdenes finales de deportación o permisos temporales que pueden ser revocados.
El uso de la deportación acelerada no es nuevo. Se introdujo en una ley de 1996 para disuadir la migración irregular y ha sido utilizada principalmente en la frontera sur para deportar rápidamente a personas atrapadas dentro de un radio de 100 millas poco después de su llegada, recordó The Washington Post.
Sin embargo, la administración de Trump ha ampliado su aplicación a todo el país con la intención de incluir a migrantes que han estado en Estados Unidos durante más de dos años.
Uno de los aspectos más controvertidos del memorando es que los agentes de ICE pueden considerar la deportación de inmigrantes protegidos por jueces de asilo enviándolos a terceros países en lugar de devolverlos a su lugar de origen.
Los abogados advierten que esto podría poner en peligro a los migrantes ya que no hay garantías de que esas naciones no los envíen de vuelta a los lugares de donde huyeron.
Ira Kurzban, abogado de inmigración en Miami, alertó que esta medida es un intento de evadir el principio fundamental de las leyes de asilo no enviar a personas de vuelta a países donde su vida o libertad estén en peligro.
La expansión de la deportación acelerada podría enfrentar desafíos legales ya que abogados y defensores de los inmigrantes consideran que la medida vulnera el debido proceso.
Además, el gobierno de Trump se enfrenta a dificultades logísticas para identificar el paradero actual de los migrantes y determinar si han solicitado algún estatus de protección permanente, subrayó The Washington Post.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ACLU, advirtió que este proceso expeditivo es preocupante y señaló que el uso de deportaciones aceleradas en la frontera ha causado innumerables errores pero expandir un sistema sin debido proceso a residentes de larga data en el país es problemático en otro nivel, afirmó.
La ACLU presentó en enero una demanda para impedir la implementación de esta medida en el interior de EE.UU.
El abogado Ismael Labrador explicó que la administración de Trump está enfocada en acelerar la deportación de aquellos migrantes que no cuenten con una vía legal para permanecer en Estados Unidos.
Según el experto en inmigración, la nueva estrategia busca expulsar de forma inmediata a quienes no tengan un recurso legal que les permita evitar la deportación y advirtió que aquellos que han violado la ley y no poseen una defensa válida podrían ser removidos del país de manera expedita.
Durante una conversación con el periodista Mario J. Pentón, Labrador detalló que esta medida afectará principalmente a ciertos grupos de migrantes, entre ellos, aquellos que ingresaron de manera irregular cruzando la frontera, los beneficiarios del parole humanitario, las personas con un I-220A que aún no han solicitado asilo, quienes entraron por un puerto de entrada sin documentos válidos y aquellos que hayan cometido fraude migratorio.
Asimismo, señaló que la administración Trump pretende desmantelar los programas de inmigración implementados bajo el gobierno de Biden, como CBP One y el parole humanitario dirigido a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
“El presidente Trump ha puesto la mira en estos programas, y lo que están haciendo ahora es identificar a todas las personas que entraron en los últimos dos años y que no han buscado una vía de regularización”, precisó el abogado.
Ante el endurecimiento de las políticas migratorias, expertos recomiendan a quienes se encuentren en situación irregular que busquen alternativas legales lo antes posible.
Labrador subrayó la importancia de contar con un estatus migratorio que brinde protección frente a una posible deportación: “Si usted no tiene un remedio, si no tiene un parole válido, si no tiene una solicitud de asilo o algún tipo de protección, usted es una persona que puede ser deportada aceleradamente”.
Para aquellos migrantes con un I-220A, el abogado recomendó que soliciten asilo antes de cumplir un año en Estados Unidos, ya que de lo contrario aumentan las posibilidades de deportación.
También sugirió considerar opciones de ajuste de estatus mediante el matrimonio con un ciudadano estadounidense, peticiones familiares o la Ley de Ajuste Cubano, en el caso de quienes cumplan con los requisitos: “Si usted es cubano y ya puede aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, hágalo. Si no es cubano, utilice otras vías como el matrimonio o el asilo”.
Otro aspecto relevante es el impacto que podría tener en el estatus migratorio el hecho de que algunos cubanos viajen de regreso a la isla después de haber solicitado asilo o parole humanitario.
Aunque legalmente no está prohibido, Labrador advirtió que esto puede generar complicaciones al momento de solicitar la ciudadanía, ya que las autoridades migratorias podrían cuestionar su petición de refugio: “Si usted entró por la frontera pidiendo refugio y ahora regresa a Cuba, las autoridades de inmigración pueden cuestionar su solicitud de asilo y su estatus como refugiado. Puede tener consecuencias cuando solicite la ciudadanía”.
El abogado también mencionó que muchos funcionarios de inmigración han expresado su inconformidad con lo que consideran un abuso de estos programas.
“Hay muchísimos casos de personas que han abusado del sistema. Todo el mundo tiene a la abuelita enferma, pero luego publican fotos en hoteles de lujo en La Habana. Eso no pasa desapercibido para las autoridades”, comentó.
Para evitar inconvenientes, recomendó esperar a obtener la ciudadanía antes de viajar a Cuba, especialmente para quienes obtuvieron su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano.
La administración de Donald Trump ha aprobado una nueva política que amplía las deportaciones aceleradas en todo el territorio de Estados Unidos. La medida permite la expulsión inmediata de inmigrantes sin necesidad de un juicio previo, siempre que no puedan demostrar que han estado en el país durante al menos dos años. Los operativos de ICE se han intensificado y ahora pueden llevarse a cabo en lugares como escuelas, iglesias y hospitales, lo que ha generado temor en las comunidades migrantes. Leer más sobre esta medida.
En este contexto, el gobierno de EE.UU. ha lanzado una campaña multimillonaria contra la inmigración ilegal, con anuncios en medios de comunicación y redes sociales en los que advierte a los inmigrantes indocumentados que abandonen el país voluntariamente o enfrenten la deportación sin posibilidad de retorno. Esta estrategia ha sido reforzada en Florida y en la Base Naval de Guantánamo, donde se han realizado detenciones, generando controversia y el rechazo de organizaciones humanitarias.
Además, la política de deportaciones masivas afecta a más de 1.4 millones de inmigrantes que ya tienen órdenes finales de expulsión, priorizando a aquellos con antecedentes penales o que han perdido su estatus legal. Según datos de ICE, entre los países con mayor número de inmigrantes en riesgo de deportación están Honduras, Guatemala, México, El Salvador, China, Haití, Venezuela y Cuba. Sin embargo, la ejecución de estas deportaciones enfrenta desafíos, ya que algunos de estos países han sido catalogados como "no cooperativos" y se niegan a aceptar la devolución de sus ciudadanos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha reforzado su mensaje a los inmigrantes sin documentos: "Váyanse ahora", subrayando que las nuevas medidas buscan reducir costos gubernamentales y garantizar una aplicación más estricta de la ley. Mientras tanto, abogados y defensores de derechos humanos han advertido que estas políticas podrían vulnerar el debido proceso y afectar a personas con lazos comunitarios en EE.UU.
Preguntas frecuentes sobre la expansión de la deportación acelerada bajo la administración de Trump
¿Qué es la deportación acelerada?
La deportación acelerada es un proceso que permite expulsar rápidamente a inmigrantes irregulares sin una audiencia judicial. Esta medida, utilizada desde 1996, ha sido aplicada principalmente en la frontera sur de Estados Unidos para deportar a personas que acaban de llegar al país. Bajo la administración de Trump, se ha extendido a todo el territorio estadounidense.
¿Quiénes pueden ser afectados por la deportación acelerada?
La medida afecta principalmente a inmigrantes que ingresaron de manera irregular o que carecen de documentación migratoria válida. Personas con antecedentes penales o con permisos temporales revocados también son foco de esta política. Además, los beneficiarios de programas humanitarios de la era Biden, como el parole humanitario, podrían enfrentar deportaciones si no han regularizado su estatus.
¿Cómo impacta la política de deportación acelerada en los migrantes con parole humanitario?
El parole humanitario permitió la entrada temporal de migrantes de ciertos países, pero la administración Trump ha otorgado nuevas facultades a ICE para revocar estos permisos y deportar a sus beneficiarios. Esto afecta a más de 530,000 personas, incluidos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que ingresaron legalmente bajo este programa.
¿Qué opciones legales tienen los migrantes para evitar la deportación acelerada?
Los migrantes pueden buscar regularizar su estatus mediante solicitudes de asilo, ajuste de estatus por matrimonio con ciudadanos estadounidenses o acogerse a leyes como la Ley de Ajuste Cubano. Es crucial que los migrantes en situación irregular busquen alternativas legales lo antes posible para protegerse de una posible deportación.
¿La política de deportación acelerada enfrenta algún desafío legal?
La política ha generado desafíos legales y críticas por vulnerar el debido proceso. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado demandas argumentando que se violan leyes federales y derechos constitucionales. Estos desafíos legales podrían retrasar o modificar la implementación de las deportaciones aceleradas.
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