Estados Unidos se prepara para llevar a cabo una de las operaciones de deportación más grandes de su historia, con la administración de Donald Trump en camino de implementar un plan agresivo que afectaría a millones de inmigrantes.
De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) citados por Fox News, hay más de 1.4 millones de ciudadanos extranjeros con órdenes finales de deportación, mientras que más de 7 millones de inmigrantes figuran en el registro de "no detenidos".
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Los países con mayor cantidad de nacionales en la lista de deportación incluyen:
1. Honduras: 261,651 personas
2. Guatemala: 253,413
3. México: 252,044
4. El Salvador: 203,822
5. China: 37,908
6. Haití: 32,363
7. Venezuela: 22,749
8. Pakistán: 7,760
9. Irán: 2,618
10. Uzbekistán: 975
Prioridades de deportación
Según funcionarios del ICE, las deportaciones bajo la administración Trump se centrarán inicialmente en:
- Inmigrantes con antecedentes penales: Actualmente, hay más de 662,566 inmigrantes con antecedentes penales en el país, de los cuales 435,000 tienen condenas por delitos como uso de visas falsas (16%), conducir bajo la influencia del alcohol (15%) y venta de drogas (15%).
- Personas con órdenes finales de deportación: Se estima que el 55% de estas órdenes pueden ejecutarse de inmediato, mientras que el resto enfrenta obstáculos legales.
- Beneficiarios de programas de protección temporal: El programa TPS, que ha protegido a más de 1.1 millones de personas de países como Venezuela, El Salvador y Ucrania, podría estar en riesgo de ser cancelado.
Obstáculos para la ejecución de deportaciones
A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense, la ejecución de las deportaciones enfrenta varios desafíos. Existen 15 países clasificados como "no cooperativos", entre ellos Cuba, Venezuela, China e Irán, que se niegan a aceptar la devolución de sus nacionales. Además, otros 11 países, como Nicaragua y Sudán del Sur, están en riesgo de incumplimiento.
El ICE también se enfrenta a apelaciones legales, protecciones contra la deportación y la falta de capacidad operativa para ejecutar las expulsiones a gran escala.
Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por las implicaciones humanitarias de estas medidas, argumentando que muchas personas podrían ser deportadas a países donde enfrentan riesgos significativos.
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