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Un juez federal en Seattle ha bloqueado la iniciativa del presidente Donald Trump de suspender el programa de admisión de refugiados en Estados Unidos.
La medida ejecutiva, que buscaba detener indefinidamente el reasentamiento de personas refugiadas, fue declarada ilegal por el juez Jamal Whitehead, quien argumentó que la acción del presidente excede su autoridad y contravine la voluntad del Congreso.
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El contexto de la demanda
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump implementó una serie de órdenes ejecutivas para endurecer las políticas migratorias.
Entre ellas estuvo la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados bajo el argumento de que el país enfrenta “niveles récord de migración” y que no tiene la capacidad para absorber un número significativo de nuevos migrantes, especialmente refugiados.
Además de prohibir la entrada de refugiados, su administración empezó a recortar fondos destinados a agencias de ayuda que gestionan el reasentamiento y la integración de estas personas en el país.
El programa de admisión de refugiados fue establecido por el Congreso en 1980 y ha permitido la llegada de más de tres millones de personas que huyen de la guerra, la persecución o desastres naturales.
Este proceso legal de migración se distingue del asilo, que se otorga a personas que ya están en territorio estadounidense y solicitan protección.
A pesar del respaldo histórico de demócratas y republicanos, el programa ha sido objeto de controversia en los últimos años.
Durante su primer mandato, Trump también redujo drásticamente el número de refugiados admitidos anualmente.
Actualmente, unas 600,000 personas en todo el mundo esperan ser reasentadas en Estados Unidos. Sin embargo, la suspensión del programa dejó a miles en el limbo, incluyendo individuos que ya habían sido aprobados por el gobierno estadounidense.
Los demandantes y sus argumentos
La demanda fue presentada en Seattle por refugiados que se vieron directamente afectados por la suspensión, así como por grandes organizaciones humanitarias, entre ellas International Refugee Assistance Project, Church World Service, HIAS y Lutheran Community Services Northwest.
Estas organizaciones alegaron que la medida de Trump les obligó a despedir empleados y reducir sus operaciones, lo que afectó gravemente a los refugiados que ya estaban en proceso de reasentamiento.
David Duea, director de Lutheran Community Services Northwest, denunció la situación.
“Reasentamos a personas días antes de la toma de posesión y ahora se han quedado sin prestaciones. Eso significa alquiler, ayuda para que los niños entren a la escuela y gestión de casos. Fue un acto inhumano”, explicó, en declaraciones recogidas por AP.
El Departamento de Justicia argumentó que la orden ejecutiva de Trump se amparaba en una ley que permite al presidente negar la entrada a extranjeros cuya admisión “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
No obstante, el juez Whitehead consideró que la acción presidencial equivalía a “una anulación efectiva de la voluntad del Congreso”, que estableció el programa en 1980.
El fallo del juez Whitehead
Whitehead rechazó los argumentos del gobierno y declaró que la suspensión del programa violaba la ley y los principios de separación de poderes.
En su resolución preliminar, señaló: “El presidente tiene un amplio margen de discreción [...] para suspender la admisión de refugiados, pero esa autoridad no es ilimitada”.
El juez destacó las consecuencias humanitarias de la orden ejecutiva, al citar declaraciones de refugiados varados en zonas peligrosas y familias separadas indefinidamente.
“Tengo refugiados que han vendido todo lo que tenían antes de un viaje que fue cancelado. Tengo cónyuges e hijos separados de sus familias en Estados Unidos, agencias de reasentamiento que han despedido a cientos de empleados”, afirmó.
En el exterior del tribunal, organizaciones y activistas celebraron la decisión judicial.
Tshishiku Henry, un refugiado reasentado en Estados Unidos en 2018 tras huir de la guerra en la República Democrática del Congo, compartió lo que significó para él haber sido admitido como refugiado.
“Fue un salvavidas. No solo nos ofrecieron seguridad, sino que nos devolvieron nuestro futuro”, apuntó.
El gobierno de Trump, por su parte, ha indicado que planea apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Si el tribunal o la Corte Suprema conceden una suspensión, la orden ejecutiva podría volver a entrar en vigor mientras continúa el litigio.
Sin embargo, si el fallo se mantiene, el programa de admisión de refugiados deberá reanudarse temporalmente.
La controversia sobre el programa de refugiados refleja las profundas divisiones en torno a la política migratoria estadounidense. A medida que el caso avanza en el sistema judicial, el destino de miles de personas que buscan seguridad y estabilidad en Estados Unidos sigue en juego.
Preguntas frecuentes sobre el fallo judicial que bloquea el veto de Trump a refugiados
¿Por qué el juez Jamal Whitehead bloqueó la orden de Trump sobre refugiados?
El juez Jamal Whitehead bloqueó la orden de Trump porque consideró que excede la autoridad presidencial y contraviene la voluntad del Congreso, que estableció el programa de admisión de refugiados en 1980.
¿Cuál es el impacto del fallo judicial sobre el programa de refugiados?
El fallo judicial permite la reanudación temporal del programa de admisión de refugiados, afectando a miles de personas en proceso de reasentamiento que estaban en el limbo debido a la suspensión de la orden de Trump.
¿Qué argumentos presentó el Departamento de Justicia para defender la orden de Trump?
El Departamento de Justicia argumentó que la orden ejecutiva de Trump se amparaba en una ley que permite al presidente negar la entrada a extranjeros cuya admisión "sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos", pero el juez Whitehead rechazó este argumento.
¿Qué organizaciones participaron en la demanda contra la suspensión del programa de refugiados?
Organizaciones como International Refugee Assistance Project, Church World Service, HIAS y Lutheran Community Services Northwest participaron en la demanda, argumentando que la medida de Trump les obligó a reducir operaciones y afectó gravemente a los refugiados ya en proceso de reasentamiento.
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