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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los líderes de la legislatura estatal alcanzaron este martes un acuerdo sobre la política migratoria en el estado tras semanas de intensos debates y desacuerdos políticos sobre el tema.
Con la convocatoria de esta tercera sesión extraordinaria, ambas partes alcanzaron un compromiso que mantiene sanciones más severas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos, al mismo tiempo que refuerza los recursos destinados a la aplicación de las leyes migratorias.
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El acuerdo también establece nuevas restricciones para las personas que se encuentran en el estado sin documentos.
A los inmigrantes en situación irregular se les negará automáticamente la libertad bajo fianza si son arrestados, una prioridad para el gobernador.
Otro punto importante es la creación de una nueva estación de interdicción a lo largo de la Interestatal 10, en el Panhandle de Florida, que recibirá una inversión de 46 millones de dólares para contratar a 84 nuevos agentes.
Finalmente, el programa estatal de transporte de migrantes será sustituido por uno nuevo en el que el traslado de inmigrantes ilegales solo se realizará por orden del gobierno federal, y los costos para los contribuyentes estatales serán reembolsados en su totalidad.
Algunas de las propuestas iniciales del gobernador no lograron consenso.
DeSantis buscaba incluir una disposición para limitar el envío de remesas al extranjero, pero la legislatura rechazó la medida.
Asimismo, el acceso a matrícula universitaria estatal para los Dreamers continuará vigente a pesar de las presiones de algunos sectores para eliminar este beneficio.
Puntos clave del acuerdo
El pacto alcanzado contempla las siguientes disposiciones:
-Sanciones más severas para inmigrantes indocumentados involucrados en actividades delictivas.
-Asignación de más de 250 millones de dólares a agencias de aplicación de la ley para reforzar el cumplimiento de las normativas migratorias.
-Bonos para agentes de policía que participen en operativos conjuntos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
-Creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, integrada por el gobernador, el procurador general, el director financiero y el comisionado de Agricultura, para supervisar los fondos destinados a la aplicación de las políticas migratorias.
El cambio de tono en las discusiones fue notorio cuando el gobernador elogió a los líderes legislativos por haber trabajado en conjunto en la elaboración de un proyecto de ley que calificó como “agresivo” en la lucha contra la inmigración ilegal en Florida.
La disputa sobre este tema se ha convertido en una de las más polémicas en la agenda estatal.
El conflicto entre el gobernador y la legislatura
En la primera sesión especial, el gobernador propuso una serie de medidas para reforzar el papel del estado en el combate contra la inmigración ilegal.
No obstante, la legislatura optó por seguir su propia propuesta, rechazando los términos del mandatario y provocando su amenaza de veto.
Danny Pérez, presidente de la Cámara de Representantes y representante de Miami-Dade, defendió la independencia del proceso legislativo.
“Reivindicamos nuestro derecho, como representantes elegidos por el pueblo, a sentarnos a la mesa en pie de igualdad, a participar en una conversación y no a recibir instrucciones”, dijo Pérez
Uno de los principales puntos de discordia era quién debía coordinar los esfuerzos migratorios en el estado.
Inicialmente, la legislatura propuso otorgar esa responsabilidad al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, mientras que el gobernador insistía en mantener el control bajo su oficina.
Finalmente, se estableció una junta supervisora en la que el gobernador conservará la autoridad principal, pero incluirá a todos los miembros del gabinete estatal.
El representante estatal republicano, Juan Porras explicó el compromiso alcanzado.
“El acuerdo al que llegamos hoy establece que habrá un grupo encargado de supervisar estas políticas y los presupuestos asignados a la policía local. El gobernador tendrá la autoridad principal, pero el board incluirá a todos los miembros del gabinete”.
Oposición y críticas entre los demócratas
El acuerdo no ha sido bien recibido por la bancada demócrata, que critica las prioridades presupuestarias del estado.
“¿Cómo es posible que la legislatura y el gobernador aporten casi 300 millones de dólares para resolver este problema, pero no hagan nada para reducir el costo de los bienes y servicios en Florida?”, cuestionó Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata
Los demócratas también argumentan que la inmigración es un asunto de competencia federal, y que las políticas estatales no deberían interferir en esta jurisdicción.
Impacto y proyección del acuerdo
El gobernador Ron DeSantis y los líderes legislativos republicanos han destacado que el acuerdo refuerza la seguridad del estado y ajusta las competencias de las distintas instituciones implicadas en la aplicación de las leyes migratorias.
DeSantis calificó a Pérez y Albritton de “grandes aliados”, y aseguró: “Hemos elaborado un proyecto de ley agresivo que respaldamos plenamente”.
Con la aprobación de estas reformas, Florida endurece su postura sobre la inmigración ilegal mientras la legislatura y el gobernador buscan equilibrar el control de estas políticas dentro del estado.
Preguntas Frecuentes sobre el Acuerdo de Inmigración en Florida
¿En qué consiste el reciente acuerdo migratorio en Florida?
El acuerdo migratorio en Florida establece sanciones más severas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos, niega la libertad bajo fianza a los detenidos sin documentos, y crea una estación de interdicción en la Interestatal 10. Además, sustituye el programa estatal de transporte de migrantes por uno que depende del gobierno federal.
¿Cuáles son los principales puntos de discordia entre Ron DeSantis y la legislatura de Florida?
Entre los puntos de discordia se encuentran la coordinación de los esfuerzos migratorios y la limitación del envío de remesas al extranjero, propuesta por DeSantis pero rechazada por la legislatura. El gobernador insistía en mantener el control bajo su oficina, mientras que la legislatura propuso otorgar esa responsabilidad al comisionado de Agricultura.
¿Qué impacto tiene el acuerdo sobre los Dreamers en Florida?
El acceso a matrícula universitaria estatal para los Dreamers continuará vigente, a pesar de las presiones para eliminar este beneficio. Esto garantiza que los estudiantes indocumentados que asistieron a la secundaria en Florida puedan seguir accediendo a la educación superior con tarifas reducidas.
¿Cómo se financiará la aplicación de las nuevas políticas migratorias en Florida?
Se asignarán más de 250 millones de dólares a las agencias de aplicación de la ley para reforzar el cumplimiento de las normativas migratorias. Además, se otorgarán bonos a los agentes de policía que participen en operativos conjuntos con ICE, y se supervisarán los fondos a través de la Junta Estatal de Control de Inmigración.
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