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La Corte Suprema de los Estados Unidos revisará un caso de alto perfil en el que Havana Docks Corporation acusa a varias empresas de cruceros, incluida Royal Caribbean Cruises, Ltd., de violar el embargo a Cuba al utilizar instalaciones portuarias confiscadas tras la revolución cubana.
El proceso judicial ha escalado hasta el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, que recientemente concedió una suspensión del mandato a favor de la parte demandante.
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Según la resolución del Undécimo Circuito, el mandato queda suspendido hasta el 20 de marzo de 2025, a la espera de la presentación de una solicitud de orden de certiorari ante la Corte Suprema.
Si durante este período la parte demandante demuestra haber registrado dicha solicitud, la suspensión continuará vigente hasta que la Corte Suprema dicte una resolución definitiva. En caso contrario, el mandato será emitido de inmediato.
El caso, registrado bajo los números de apelación 23-10151 y 23-10171, enfrenta a Havana Docks Corporation contra varias empresas de cruceros internacionales, incluidas Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Carnival Corporation, y MSC Cruises SA, además de Royal Caribbean.
La demanda se centra en la alegación de que estas compañías utilizaron, sin autorización, propiedades portuarias expropiadas por el gobierno cubano, lo que presuntamente constituye una violación del embargo estadounidense bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
La decisión del tribunal subraya que la Corte Suprema únicamente solicitará la transmisión del expediente si es necesario para que los magistrados tomen una decisión sobre el caso.
Mientras tanto, el Secretario del Undécimo Circuito, David J. Smith, informó que los procedimientos se mantendrán bajo custodia en espera de cualquier notificación de la Corte Suprema.
Entre 2016 y 2019, estas cuatro importantes líneas de cruceros realizaron 912 viajes a Cuba, generando más de 1,115 millones de dólares en ingresos.
Estas operaciones incluyeron contratos con agencias gubernamentales cubanas, lo que, según documentos judiciales, podría constituir una violación de las regulaciones del embargo estadounidense.
En diciembre de 2022, la jueza federal Beth Bloom dictó que estas compañías habían cometido "actos de tráfico" y participaron en "turismo prohibido" al utilizar instalaciones portuarias en La Habana que fueron confiscadas sin indemnización tras la Revolución Cubana.
Como resultado, se ordenó a las empresas pagar 400 millones de dólares en daños a Havana Docks Corporation.
Sin embargo, en octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos anuló este fallo, argumentando que el derecho de propiedad de Havana Docks había expirado en 2004. Por lo tanto, las actividades de las líneas de cruceros entre 2016 y 2019 no constituían "tráfico" ilegal según la legislación estadounidense.
Este caso representa un desafío significativo para las líneas de cruceros involucradas, ya que podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de sanciones económicas y la protección de derechos de propiedad bajo la legislación estadounidense.
El resultado final del litigio dependerá de la revisión del máximo tribunal, lo que prolonga la expectativa sobre un caso que ha captado la atención tanto en Estados Unidos como en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el caso de las líneas de cruceros y el embargo a Cuba
¿Qué empresas de cruceros están involucradas en la demanda por violar el embargo a Cuba?
Las empresas involucradas en la demanda son Royal Caribbean Cruises, Ltd., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Carnival Corporation, y MSC Cruises SA. Estas compañías son acusadas de utilizar instalaciones portuarias confiscadas en Cuba, lo que supuestamente viola el embargo estadounidense bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
¿Cuál es la base legal de la demanda contra las empresas de cruceros?
La demanda se basa en la acusación de que las empresas de cruceros utilizaron propiedades portuarias en Cuba que fueron confiscadas tras la Revolución Cubana, lo que, según la parte demandante, constituye una violación del embargo estadounidense bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Este título permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
¿Cuál ha sido el fallo del Tribunal de Apelaciones sobre esta demanda?
En octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló el fallo inicial que imponía una multa de 400 millones de dólares a las compañías de cruceros, argumentando que el derecho de propiedad de Havana Docks había expirado en 2004. Por lo tanto, las actividades de las líneas de cruceros entre 2016 y 2019 no constituían "tráfico" ilegal según la legislación estadounidense.
¿Qué implica la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos?
La revisión del caso por parte de la Corte Suprema podría sentar un precedente importante en la aplicación de sanciones económicas y la protección de derechos de propiedad bajo la legislación estadounidense. Si la Corte decide a favor de Havana Docks, podría reforzar la capacidad de demandar a empresas extranjeras que utilicen propiedades confiscadas en Cuba.
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