Gobierno cierra cuatro negocios privados en La Habana y ordena 77 ventas forzosas

El gobierno de la capital cubana realizó 294 inspecciones a negocios particulares y trabajadores por cuenta propia e impuso 422 multas, de las cuales 259 fueron por violaciones de precios.

Precios en comercios privados en La Habana © Facebook/Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba
Precios en comercios privados en La Habana Foto © Facebook/Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba

El Gobierno Provincial de La Habana cerró cuatro negocios privados por presuntamente incumplir las disposiciones de la “bancarización” y obligó a comerciantes a realizar 77 ventas forzosas de sus productos, durante un operativo de control realizado la semana anterior en la capital.

Funcionarios de la Dirección de Inspección del gobierno provincial y del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) efectuaron un “ejercicio de control de precios” en los 15 municipios habaneros, el viernes y sábado pasados, dirigido a “la protección del cliente como objetivo principal”, según una nota de prensa difundida por el Portal del Ciudadano de La Habana.

Captura de Facebook/Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba

Durante la inspección, en múltiples entidades comerciales de la capital cubana fueron detectadas “irregularidades” en el cumplimiento de la política de precios establecida por el MFP en el país, incluida la Resolución 225 aprobada en julio pasado, que topó los precios minoristas máximos de seis productos básicos de alta demanda.

El viernes, las autoridades realizaron 294 inspecciones en negocios particulares e impusieron 422 multas, de las cuales 259 fueron por violaciones de precios. No se detallaron los montos de las multas, pero estas pueden ascender e incluso superar los 8,000 pesos según lo establecido por el Decreto-Ley 30 de 2021.

Además, los inspectores ordenaron a vendedores a comercializar sus mercancías mediante ventas forzosas, que sumaron 77 en total.

En esa jornada, los funcionarios gubernamentales también cerraron cuatro locales “por incumplir con la Resolución 93 sobre bancarización”, aunque la información no especificó las infracciones que cometieron esos negocios y que determinaron su clausura.

Si embargo, publicaciones del MFP en redes sociales dieron cuenta del cierre el sábado de un punto de venta de un trabajador por cuenta propia (TCP) en el municipio Boyeros por no haber pagado sus impuestos en lo que va de año.

“En imágenes punto de venta de TCP que en el año no ha pagado sus tributos, por lo que en este particular se cierra este proyecto en municipio Boyeros”, señaló un post en la red X.

El comunicado publicado en el sitio web del gobierno provincial de La Habana insiste en la retórica oficial de que “el combate contra las ilegalidades y los precios abusivos constituye tarea de primer orden”, lo cual viene aplicándose a rajatabla en todo el país, con mayor énfasis desde inicios de julio.

Mientras tanto, las tiendas estatales en moneda libremente convertible (MLC) mantienen sus exorbitantes precios, prohibitivos para la inmensa mayoría de los cubanos residentes en la isla.

El fin de semana, la cruzada gubernamental contra las violaciones de precios por el sector privado alcanzó también a la feria agropecuaria del municipio de Placetas, en Villa Clara, donde todos los infractores fueron multados con una cuantía de 8,000 pesos, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 30 de 2021.

Además de las multas, se ordenó la venta forzosa de los productos y, en algunos casos, se decomisaron las mercancías.

Viernes y sábado, se llevó a cabo un operativo similar en Santa Clara, donde inspectores del gobierno municipal detectaron infracciones cometidas por 87 mipymes y trabajadores por cuenta propia, de 95 fiscalizados.

La información trascendida especifica que se impusieron 24 multas de 8,000 pesos por precios abusivos, de las cuales 17 fueron por violaciones de la Resolución 225/2024 del MFP.

Con esta normativa, el gobierno fijó los precios minoristas de venta al pollo troceado, los aceites comestibles (excepto el de oliva), la leche en polvo, las pastas alimenticias, las salchichas y el detergente en polvo.

A partir de su puesta en vigor, a inicios de julio, las autoridades han arreciado los operativos de control en todo el país para detectar violaciones de precios en el sector no estatal y sancionar a los infractores.

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