El gobernante Nicolás Maduro aprovechó su intervención ante los chavistas que este sábado se congregaron en Caracas para alardear de mano dura contra los manifestantes que protestan contra el fraude cometido en las pasadas elecciones en Venezuela.
Desatada la represión contra los seguidores de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, las redes sociales han reflejado las redadas organizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el servicio de inteligencia del régimen (SEBIN).
Grupos de represores en moto, uniformados o de civil, han sido grabados mientras perseguían y golpeaban a manifestantes, especialmente jóvenes. Disparos al aire, viviendas de opositores marcadas al más puro estilo nazi y otras fechorías han quedado registradas por activistas y ciudadanos venezolanos.
Informes de organismos internacionales afirman que la represión ya ha costado más de 20 vidas de personas ajusticiadas por los sicarios de Maduro, al mismo tiempo que se reportan decenas de desaparecidos y más de 2,000 detenidos.
Sin pudor alguno y fanfarroneando como un abusón de patio de colegio, el dictador que heredó el poder de Hugo Chávez, confirmó este último extremo y advirtió que “esta vez no va a haber perdón”.
“Tenemos 2,000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito [cárceles de máxima seguridad del régimen, situadas en los estados Aragua y Carabobo respectivamente]”, desveló Maduro con impostada voz de hombre fuerte.
Jaleado y aplaudido por los suyos, el dictador pidió “máximo castigo” para los detenidos y aseguró que “esta vez no va a haber perdón… esta vez lo que va a haber es Tocorón”.
“Todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto, legal, dirigido por la Fiscalía General de la República, con plenas garantías, y todos están convictos y confesos”, afirmó Maduro, acusando a los detenidos de fascista entrenados para quemar centros electorales, así como sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros presuntos actos terroristas.
Según el autoproclamado presidente, el operativo represor se desarrolla de manera eficiente gracias a “la unión cívico-militar-policial” sobre la que se sostiene su régimen de terror, detestado por la inmensa mayoría de los venezolanos, según indican las actas de las elecciones presentadas por la oposición.
Consciente de su creciente impopularidad y del agotamiento de un modelo autocrático importado y asesorado desde La Habana, el dictador Maduro amenaza con emplear la violencia desde mucho antes de celebrarse las elecciones
"Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, y una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria electoral de la historia de nuestro pueblo", gritó el gobernante el pasado 17 de julio durante un mitin celebrado en La Vega, Caracas.
Las amenazas del líder chavista alarmaron a medio mundo, desde el presidente brasileño Lula da Silva hasta el secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken. Este último mantuvo el viernes una conversación telefónica con González Urrutia y Machado, manifestando su preocupación por la seguridad de ambos.
Durante la llamada, Blinken felicitó a González Urrutia por haber recibido la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 28 de julio y expresó su inquietud por el bienestar de los líderes opositores.
El mismo día de la llamada de Blinken, el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, denunció un ataque a su sede en Caracas. Seis hombres armados irrumpieron en el lugar, sometiendo a los vigilantes y llevándose equipos y documentos.
En una columna publicada en The Wall Street Journal, Machado expresó su temor por su vida, afirmando que podría ser capturada en cualquier momento.
La oposición venezolana publicó en una página web el 81% de las actas electorales, alegando que González Urrutia ganó la presidencia por un amplio margen.
Esta denuncia de fraude electoral ha desencadenado numerosas protestas en todo el país, resultando en al menos 20 muertos, entre ellos un militar, y más de 2,000 detenidos.
Pasadas 72 horas de las fraudulentas elecciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera una orden de arresto contra Maduro.
La petición, liderada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se basó en las acusaciones de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por Maduro, al ordenar la represión de manifestantes tras las elecciones.
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, Almagro argumentó que había llegado el momento de la justicia para Venezuela y se presentó un proyecto de resolución que obligaba al gobierno venezolano a mostrar los resultados de las elecciones.
Sin embargo, la OEA no pudo llegar a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas. Entre los países que se abstuvieron a la resolución estuvieron Brasil y Colombia, cuyos líderes habían pedido antes transparencia a las autoridades de Caracas.
México había anticipado que no estaría presente. En total hubo 17 miembros del Consejo Permanente de la OEA que votaron a favor, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes, entre ellos Trinidad y Tobago y la propia Venezuela. Vale destacar que no hubo votos en contra.
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