En la última noche del Carnaval de Santiago de Cuba, los inspectores estatales han sido acusados de extorsionar a vendedores del sector privado.
Denuncias recibidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta, indican que presuntamente los inspectores estuvieron imponiendo multas exorbitantes a los cuentapropistas en los kioskos y puntos de venta de cerveza dispensada, exigiendo sobornos para evitar sanciones.
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Los inspectores "no quieren irse en blanco", era el criterio de algunos denunciantes.
Varios vendedores han compartido sus experiencias, describiendo cómo los inspectores imponen multas de hasta 8,000 pesos por infracciones mínimas. Un cuentapropista en el Distrito José Martí expresó: "Nos dijeron que le dejáramos caer algo para ellos hacerse los de la vista gorda".
El post de Mayeta está acompañado de un video donde se observa a los inspectores aplicando medidas a los vendedores en horario nocturno, generando paradas en las ventas y molestias entre la población que quería adquirir productos. La situación ha provocado indignación y reclamos de justicia entre los afectados.
Este incidente destaca la corrupción dentro del sistema de inspección estatal, afectando tanto a los pequeños empresarios como a los ciudadanos que desean disfrutar del carnaval sin interrupciones ni abusos.
El gobierno está controlando más a los cuentapropistas a pesar de que niegan que exista una cruzada contra los negocios privados.
Hace pocas semanas, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, solicitó a los actores no estatales pensar menos en sus ganancias y contribuir a la sociedad. "No estamos para cerrarlos", dijo, pero insitió en que no permitirán enriquecimiento.
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