Sector económico no estatal en la mira de las autoridades ante crisis energética

"Se revisará que muchos de estos actores deben pagar su gasto energético según la tarifa estipulada para el sector privado no residencial y se atienen al del sector residencial, menos exigente", señalaron.

El exespía Gerardo Hernández visita Mipyme en La Habana Vieja © Facebook / Gerardo de Los Cinco
El exespía Gerardo Hernández visita Mipyme en La Habana Vieja Foto © Facebook / Gerardo de Los Cinco

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La crisis energética que mantiene en jaque al ejecutivo del gobernante Miguel Díaz-Canel, llevó a los dirigentes de la provincia de Matanzas a implementar una medida que pone el consumo de electricidad del “sector económico no estatal” (empresarios y cuentapropistas) en el punto de mira de las autoridades.

Así lo informó el Periódico Girón en sus redes sociales, indicando que las medidas adoptadas en el Consejo Energético extraordinario celebrado este lunes tienen como objetivo enfrentar el déficit energético en la provincia, ante la compleja situación energética que padece el país.


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Captura de pantalla Facebook / Periódico Girón

Por su parte, el periodista oficialista José Miguel Solís, reportero de Radio Rebelde en Matanzas, señaló en sus redes sociales que las medidas “se tomarán a nivel nacional”, y destacó que “entre las iniciativas que se implementarán se encuentra regular el consumo del sector económico no estatal”.

“Para ello se les debe fijar un plan que esté acorde con el contexto actual. Se revisará que muchos de estos actores deben pagar su gasto energético según la tarifa estipulada para el sector privado no residencial y se atienen al del sector residencial, menos exigente. A estas dos tareas se le dará prioridad y se debe aplicar un sistema de control”, indicó el medio del Partido Comunista (PCC) en Matanzas.

Durante la reunión, el primer secretario del PCC en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, refirió que el déficit eléctrico es “la principal preocupación del pueblo” y llamó a “adoptar todas las soluciones a mano”.

Además del sector económico no estatal, las autoridades implementarán medidas para “las instituciones estatales prescindibles”, que se desconectarán los fines de semana mientras no incidan “en la producción, en las comunicaciones y otros sectores”.

Medidas administrativas, fomento del teletrabajo, reacomodo de espacios laborales, entre otras, serán las medidas adoptadas “para amainar el despilfarro”. Solucionar el bombeo de agua con grupos electrógenos que suplan el suministro eléctrico durante apagones y “darle seguimiento a esas entidades estatales que sobrepasan los planes energéticos fijados para ellas” forman parte del paquete de medidas, según el citado medio.

“Fomentar actividades recreativas culturales y deportivas como una manera de solventar los ratos de ocio ante los molestos apagones” forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar “la compleja situación energética”.

Mejorar y ampliar la comunicación es otro de los objetivos del plan expuesto por Sabines Lorenzo, quien además “recalcó la importancia del ahorro para poder entregarle a la población madrugadas de descanso y días de sosiego”.

El 19 de agosto de 2021, el gobierno cubano aprobó tres resoluciones que afectaban al régimen de contratación, impositivo y financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): la Resolución 111/2021 del Ministerio de comunicaciones, la Resolución 350/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios, y la Resolución 351/2021 del mismo ministerio.

Una serie de artículos publicados por el economista Elías Amor desmenuzó la letra pequeña de estas regulaciones. Acorde a lo señalado por Amor, para los servicios de electricidad, teléfono, gas, abasto de agua y alcantarillado, entre otros, las Mipymes establecerán contratos con las instituciones pertinentes, en los que se acordarán las condiciones de su prestación y las tarifas se determinarán según las regulaciones vigentes.

Tres años después de aprobado el marco legal para la actividad de las Mipymes y en medio de una aguda crisis energética en el país, las autoridades del régimen cubano consideran imprescindible revisar lo legislado para “enfrentar el déficit energético”, poniendo el foco en el “sector económico no estatal”.

Este giro de los acontecimientos constituye un excelente caso de estudio para los interesados en la seguridad jurídica que ofrece a la empresa privada el régimen comunista que impera en Cuba desde hace más de 60 años.

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