Cuba: El cinismo como política

Por Elena Larrinaga y Manuel Cuesta.

“Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y, sin embargo, siguen mintiendo”, así se expresó Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso autor de Archipiélago Gulag, reflejando el estado moral de la clase dirigente soviética en su tiempo.

Es curioso y sintomático que la frase brote de un orden moral, el ruso, que otro escritor, Paul Valery, caracterizaba como especialmente cínico, y en el que se mezclaban una serie nada virtuosa de elementos: pobreza circular, mentalidad y razón aristocrática dentro de una élite de poder sin circulación, desprecio cultural hacia los de abajo, atraso tecnológico, un profundo pesimismo respecto a la idea de progreso y una desconfianza secular, acumulada, entre los que mandan reprimiendo y los que malviven en un estado perpetuo de servidumbre.

En este ecosistema, la mentira, en sus dos vertientes fundamentales, la simple y la compleja, se convierte en el lazo estructural, en el principal mecanismo de comunicación entre quienes ostentan la miseria del poder (un poder sin reglas solo puede ser miserablemente ejercido) y quienes ostentan el poder de la miseria.

Porque sí, hay un poder en la miseria que está muy bien tratado por el intelectual Peter Sloterdijk en Crítica de la razón cínica. En este libro se explica, de modo magistral, cómo el cinismo/quinismo representa la válvula de escape (el poder en la miseria) del pueblo desposeído. Ahora bien, este cinismo bruto, directo, sin miramientos, es consecuencia, y a la vez expresión, de ese cinismo más refinado, algo tortuoso y siempre sinuoso que habita en el poder, en los que gobiernan, bajo la forma de mentira estructural; esa mentira estructural que evita en todo momento sus maneras descarnadas, casi de auto abandono, y ya desembozadas, que descubrirían al cinismo en toda su danza y en su esplendor.

Cuando la mentira es estructural, el cinismo del poder es casi indetectable; logra ocultarse, por ejemplo, bajo el manto halado de la utopía. Es un cinismo que no lo parece, que no se ve. Su problema comienza cuando se empieza a descubrir, a notar, cuando su estructura se deshace, su manto cae y se descose, y todo el mundo frunce el ceño. Como ahora, frente a esa emigración de esta nación.

Ese es su peor momento, el momento en el que el cinismo, aferrado a su mentira, aparece como tal, como cinismo cínico, y asume su fase terminal y decadente. Cuando “sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y, sin embargo, siguen mintiendo”.

En este momento cínico del cinismo se encuentra la elite política cubana. Lo cual, aunque sea una muestra de decadencia, no es, paradójicamente, una buena noticia para la transición democrática. Por dos razones conectadas: en esta fase, la mentira es el único dato objetivo, con su impacto psicológico en el comportamiento de las élites, y a partir de ese momento, se pierde el principio de realidad que es esencial para afrontar cambios profundos. El problema, así presente, es mayúsculo, casi mayestático. Porque de este modo el cinismo, que no es exclusivo de ningún tipo de persona ni de ningún país, se puede convertir en típico de una cultura. Como está sucediendo en Cuba.

La muestra de este cinismo, en su vertiente política, acaba de estrenarse en un escenario de altísimo perfil como el del Examen Periódico Universal que cada cuatro años y medio se hace en materia de derechos humanos a todos los países que integran el sistema de las Naciones Unidas. Y se prolonga en este otro titular oficioso y oficial sin contenido: Nación y Emigración. Una patria de uso discrecional, digamos.

Despreocupado con las implicaciones éticas del doble discurso, hundido en la demagogia, mascullando la oración teórica de la Constitución y de los derechos, sin la debida convicción y persuasión de las palabras, la numerosa delegación oficial cubana no tuvo la inteligencia de decir cuando menos una verdad. Intentó esconder allí lo que todo el mundo ya vio, enmascarar lo que no se puede esconder y falsear lo que ha dejado atrás su condición de hipótesis ante las rigurosas cargas de la prueba mostradas por los sesudos informes que presentaron organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional.

Hay aquí un serio problema de desfase histórico en el gobierno cubano. Su esquema de respuestas sigue anclado a la época anterior a la creación del Consejo de Derechos Humanos (2006). Entonces, en los tiempos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las evaluaciones se concentraban más en la violación casuística de los derechos civiles y políticos, y menos en los derechos de segunda generación, dentro de una lista pétrea de países violadores, y con una visión menos integradora, enfocada más en las consecuencias penales del ejercicio de esos derechos para actores de la sociedad civil que en las condiciones sociales, políticas e institucionales que posibiliten su práctica por la sociedad.

Eso favorecía el estilo pendenciero del gobierno cubano. Cada reunión anual de la Comisión era una ocasión propicia para la tribuna política del discurso ideológico ante los informes documentados de Carl-Johan Groth, el imperturbable y vetusto Relator Especial de Derechos Humanos de nacionalidad sueca designado por las Naciones Unidas para Cuba entre 1993 y 1998, y de la francesa Christine Chanet, Relatora Especial entre 2005-2006.

Pero con el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos se suceden tres cambios importantes: uno malo y dos buenos. ¿El malo? Cualquier país, con los suficientes votos de los restantes Estados, puede llegar a ser uno de los 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos (el gobierno cubano es casi un decano allí). ¿Los dos buenos? Primero, Cuba ya no es el lugar Especial donde evaluar el comportamiento de los derechos humanos, ahora todos los países se evalúan por igual; y, segundo y definitorio, las evaluaciones se realizan entre periodos prolongados, lo que significa un cambio estructural a favor de la elaboración de informes analíticos, llenos de datos, evaluados en el tiempo, contrastados con muchas fuentes, con un enfoque de proceso, dentro de marcos institucionales y sometidos a revisión externa por expertos reconocidos. Todo con una nueva visión conceptual: el análisis de los derechos humanos al interior de las identidades: de género, raciales, de minorías, etc.

¿Y entonces? Pues bien. El Consejo se parece más a un tribunal académico para graduandos de maestría que presentan tesis documentadas en cuatro años y medio de investigación y donde solo se permite, por razones de tiempo, leer cortos resúmenes avalados con innumerables fuentes. La palabra examen pocas veces ha tenido la pertinencia que viene adquiriendo en el Consejo porque los ponentes corren el riesgo de ser desautorizados. Y ya se saben las consecuencias, peores que las de ir preso: se pierde toda la credibilidad para quienes no tienen respaldo del poder. Todo esto, por cierto ―un paréntesis importante―, descoloca, ya no solo el rigor, sino la condición cívica misma de las organizaciones que el gobierno introduce como la verdadera sociedad civil cubana. Estas solo colocan datos ideológicos detrás de una orden de combate, donde la sociedad civil independiente presenta datos sociales luego de un recopilación fatigosa y riesgosa de información.

Frente a un tipo de tribunal “académico” que evalúa comportamientos humanos a partir de datos tabulados, el gobierno desembarcó con la misma artillería retórica cargada de insultos y distracciones de hace 30 años, que en pleno estado de negación instala el cinismo donde “ellos saben que sabemos que nos mienten”.

Son cínicos porque mienten frente a la misma transparencia del saber, de los datos y del conocimiento.

Sus líneas defensivas fueron desconcertantes allí. Dijeron que “las leyes cubanas prohibían las detenciones arbitrarias”, lo que es verdad, excepto para quienes tienen el poder de detener: la policía; cuestionaron la existencia de feminicidios, intentando resolver el entuerto con la apelación al “asesinato de mujeres”, justo la expresión penal del feminicidio; afirmaron que no existen “barreras electorales”, borrando la Comisión de Candidaturas encargada de filtrar quién sí y quién no en la postulación de candidatos; prodigaron una supuesta primacía del derecho constitucional luego de que prohibieron la Marcha por el Cambio convocada para fines de 2021; dijeron que nadie está preso por su “opinión política” en el país en el que se juzga por “propaganda enemiga”, marginalizaron a los presos del 11J, un grupo de los cuales fueron juzgados por “sedición” y redujeron, para variar, a una “campaña mediática para subvertir el orden constitucional de la nación”, los informes críticos y documentados, contradiciendo lo que afirman: que las libertades están reconocidas por la propia Constitución. ¿Cómo el uso de la Constitución puede entonces subvertirla?

El cinismo emplea un recurso recurrente a sus necesidades de poder: autonegarse para sellar su hegemonía. Un modo en la psicología del poder que la policía verbaliza en Cuba con estilo grosero: 'sí, y qué?', espetan siempre que se les reclama por su sistemática violación de la ley. Ya no hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El cinismo, sobre todo el político, es una forma de corrupción: destruye siempre la base moral y ética de las instituciones. De él ha nacido una nueva dimensión en las autocracias, no por casualidad, latinoamericanas, en la que las autoridades cubanas sientan cátedra: la de gobiernos sin el pueblo y contra el pueblo. El epítome de los regímenes cínicos de nuestro tiempo.