La eutanasia queda fuera de la nueva Ley de Salud Pública en Cuba

El anteproyecto de la nueva Ley de Salud Pública que se propone aprobar el régimen cubano reconoce el derecho a una muerte digna, pero aplaza para “un momento posterior” la decisión de autorizar la eutanasia, según se había previsto en la propuesta original de la norma jurídica.

Eutanasia (imagen de referencia) © www.liberties.eu
Eutanasia (imagen de referencia) Foto © www.liberties.eu

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Este artículo es de hace 1 año

La eutanasia no se incluirá en la nueva Ley de Salud Pública de Cuba, cuyo anteproyecto se analiza desde la semana anterior por directivos y profesionales del sector en el país.

En diciembre de 2022, el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentó a la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) una versión de la propuesta normativa que contemplaba la aprobación de la eutanasia.


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“En nuestra ley se propone el tema de la eutanasia, esto es muy revolucionario y no debemos privar a nuestro pueblo de ese derecho”, dijo entonces Portal a los diputados de las comisiones de Salud y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en la antesala de la Décima Sesión Ordinaria de la IX Legislatura de la ANPP.

Al presentar el anteproyecto, el titular cubano explicó que distintos profesionales trabajaban en el documento desde 2019 y que este se ajustaba al contexto legislativo internacional, así como al ordenamiento jurídico interno.

Sin embargo, este viernes, en una reunión presidida por Portal, la directora jurídica del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Dagmara Cejas Bernet, aclaró que “el anteproyecto de ley se enfoca en la organización de la atención a los cuidados al final de la vida”, pero que “las técnicas que finalizan la vida, como la eutanasia, se abordarán en un momento posterior, en una ley posterior, cuando las condiciones estén creadas para ello”.

Cejas recordó que “la muerte digna es un derecho inalienable reconocido en el artículo 40 de la Constitución, el cual establece que la dignidad humana es un valor supremo que debe preservarse en todo momento, incluso después de la muerte”, según el portal oficialista Cubadebate.

La jurista insistió en que la propuesta de norma busca, en primer lugar, reconocer el derecho a una muerte digna y lo consideró “otro tema revolucionario en el documento”.

Asimismo, aseguró que el anteproyecto de ley encarga al MINSAP “asesorar al país sobre cuándo sería el momento óptimo y adecuado para abordar las técnicas que finalizan la vida”.

“Las pautas para estas técnicas se establecerán posteriormente, considerando regulaciones jurídicas, sanitarias y éticas, así como un contexto sanitario, personal de salud capacitado y protocolos establecidos”, afirmó la nota de Cubadebate, y añadió que, además, “se reconocerán los postulados que fundamentarían la evaluación de una solicitud de este tipo, ya que no será suficiente con la solicitud de la persona, sino que se requerirá un mecanismo para asegurar que esta tenga los fundamentos necesarios para acceder a esta situación”.

En 2018, cubanos en distintos lugares del país solicitaron que se incluyera el derecho a la eutanasia en la Constitución, que entonces era sometida a consulta nacional.

“Deberían incluir esa ley para que cuando uno esté muy enfermo sin solución pueda elegir qué hacer con su vida y morir dignamente. Es un derecho humano”, dijo una señora de unos 80 años en una asamblea en el municipio Cerro, en La Habana, donde se debatía el proyecto constitucional. Similar opinión dio otra en Centro Habana, según reflejaron en su momento medios oficiales de prensa.

La eutanasia es la práctica intencional que pone fin a la vida por decisión y aceptación voluntaria de un paciente que padece una enfermad terminal o condición médica incurable.

Su aplicación es legal solo en ocho países. Luego de ser aprobada por primera vez en Holanda, en abril de 2002, fue legalizada en Bélgica en mayo de ese propio año; en Luxemburgo en 2009; en Colombia, 2014; en Canadá, 2016; en España, 2021, y poco después en Nueva Zelanda.

En Australia es legal en el estado de Victoria, desde 2017, únicamente para pacientes terminales y con una esperanza de vida de seis meses.

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