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El gobierno cubano desmintió una información que circula sobre una vigilancia estrecha de las comunicaciones y grabación de conversaciones en las redes sociales, un mensaje que ha sido compartido ampliamente entre los cubanos de la isla.
El Tribunal Supremo de Juticia de Cuba aseguró la mañana de este miércoles en su perfil oficial de Twitter que es falsa la noticia difundida en grupos de Whatsapp, la cual indica que comenzarían a regir en el país normas estrictas de control de las comunicaciones.
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El mensaje circulado afirma que, amparado en un Decreto Ley 346, artículo 2607, inciso D, se establecería un control sobre las llamadas telefónicas y mensajes de texto y un monitoreo constante de las redes sociales de los usuarios.
"Cualquier cosa que escribas o digas puede usarse en tu contra, ¡incluso cualquier broma! Que contenga palabras despectivas e inmorales que atenten contra la moral e integridad de nuestro máximo líder Miguel Díaz-Canel Bermúdez y demás órganos de justicia social", advierte el mensaje.
"Todas las llamadas serán grabadas. Todas las grabaciones de llamadas telefónicas se graban. Todos los mensajes y llamadas de Whatsapp quedan grabados. Monitoreo de Twitter. Monitoreo de Facebook. Monitoreo de todas las redes sociales y foros", se lee en el aviso.
Sin embargo, esta legislación referida (la 346), sobre la que dice sustentarse la medida, en realidad corresponde al Presupuesto del Estado en 2017, y se trata de una modificación al artículo 8, Apartado 2, de la Ley No. 122.
Cuidándose del aluvión de opiniones que pudiera generar la nota para desmentir la información, la cuenta del Tribunal Supremo limitó los comentarios en Twitter, evitando que se desatara una oleada de interacciones para denunciar la represión y la censura extrema en Cuba, que hace pensar que una medida como la que negaron este miércoles sería completamente plausible.
El mensaje viralizado en las redes surge, además, a casi un mes de aprobarse la Ley de Comunicación Social que genera preocupaciones sobre la libertad de prensa, entre periodistas independientes y organizaciones internacionales.
La norma, que regula los contenidos de los medios en el país, fue duramente cuestionada por organizaciones no gubernamentales y medios independientes, ya que no reconoce a la prensa independiente como figura jurídica.
La ley prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de información que pueda "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en el ciberespacio.
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